Federales arrestan al alcalde de Guaynabo

Así lo confirmó su esposa, la exjueza Liza Fernandez.

Por Metro Puerto Rico

El alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Municipios, Ángel Pérez, fue arrestado esta mañana por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Así lo confirmó su esposa, la exjueza Liza Fernández al periodista Rubén Sánchez de WKAQ 580. El arresto se dio en su casa en Guaynabo. Otro arresto ocurrió en Plaza Escorial en Carolina.

El municipio de Guaynabo era uno de los que mantenía contratos con las empresas de Oscar Santamaría.

Aquí un vídeo del momento del arresto:

De otra parte, Radamés Benítez, ayudante del alcalde de Trujillo Alto, sería la persona arrestada en Plaza Escorial en Carolina. El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz explicó que Benítez estaba a cargo de las operaciones de su municipio. Cruz Cruz dijo estar triste y desconsolado porque no estapaba que su hombre de confianza haya sido arrestado en un esquema de corrupción. Dijo que no sabía de irregularidades de su ayudante.

Trujillo Alto era otro de los municipios con contratos con las empresas de Santamaría.

La portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Limary Cruz confirmó a Metro  que los arrestos son por corrupción pública. Habrá conferencia de prensa a las 11 de la mañana de hoy. Se diligencian dos órdenes de arresto. Cruz dijo en entrevista radial (WKAQ) que se tratan de arrestos que la gente estaba pidiendo y que el pueblo estará contento cuando se entere de la identidad de los detenidos. Así mismo, aseguró que estos no serán los últimos arrestos por corrupción pública.

El operativo de arrestos se da el día que se observa como el Día Internacional Contra la Corrupción, designado así por las Naciones Unidas.

Esta semana, el FBI anunció la creación de un grupo de trabajo anti-corrupción.

Pendientes Noticia en Desarrollo.

Ayer mismo, se hicieron públicas las acusaciones y acuerdos de culpabilidad de los contratistas Santamaría y Raymond Rodríguez Santos.

La acusación contra Santamaría

El recurso de ‘information’ en el que se presentó la acusación y el acuerdo de culpabilidad detallan que Santamaría Torres realizó pagos de $2,000 semanales a Delgado desde junio de 2017 hasta el 21 de abril de este año. Aunque los documentos no lo precisan, de haberse dado ininterrumpidamente, los sobornos habrían superado los $400,000 en ese periodo de casi cuatro años.

De acuerdo con la acusación, Santamaría Torres habría contribuido “al menos” $30,000 en efectivo a la campaña política de Delgado en 2012 –cuando el novoprogresista cayó derrotado– y otros $40,000 de cara a las elecciones de 2016. Ambas cantidades rebasarían los límites que impone la ley estatal a las aportaciones que puede realizar un donante a un comité político, que al presente es de hasta $2,800 anuales.

“Santamaría y otros conocidos y desconocidos para el gobierno regularmente se reunieron con el Individuo A (Delgado) en varios lugares en o cerca de Cataño para pagar sobornos y comisiones ilegales al Individuo A a cambio de acciones oficiales del Individuo A en favor de Santamaría y otros conocidos para el gobierno, y los negocios en los cuales tienen interés financiero”, lee parte de la acusación.

El documento añade que entre los otros medios que utilizaron Santamaría Torres y otras personas estuvo regalarle relojes marca Rolex al exalcalde.

A cambio, las tres compañías de Santamaría Torres –representado en el caso por la abogada María Domínguez– mencionadas en el ‘information’ recibieron contratos municipales valorados en más de $49 millones. Waste Collection, la empresa de recogido de basura, obtuvo $39.2 millones en 10 contratos o enmiendas; Island Builders, de construcción, totalizó $584,830 en tres contratos; y VIP Healthcare Solutions, de operación de facilidades de salud, $9.5 millones en 40 contratos o enmiendas.

El acuerdo de culpabilidad indica que entre las personas que conspiraron directamente con Santamaría Torres para sobornar a Delgado figuraron Rodríguez Santos y Villegas Vargas.

Como parte de su alegación, Santamaría Torres acordó abstenerse de reclamar hasta la cantidad de $6 millones que el gobierno confiscaría como parte del caso.

“Comparezco ante el pueblo de Puerto Rico, para pedir perdón y expresar mi arrepentimiento genuino a mi esposa, a mis padres naturales y adoptivos, mis hijas e hijos, familia, amigos y todas y todos los que se han podido ver afectados por mis acciones. Es mi deseo hacer un reconocimiento público de mis actos cuyas consecuencias han causado dolor y sufrimiento. He fallado y no tuve el carácter suficiente para entender las consecuencias éticas y morales de mis acciones cuyos efectos me han llevado ante la justicia y la vergüenza pública”, expresó Santamaría Torres en unas declaraciones escritas enviadas hoy a los medios, en las que añadió que, en pasadas semanas, se desligó de las empresas mencionadas en la acusación y sometería la “desafiliación de mi profesión de abogado”.

Por años, Santamaría Torres con figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP), incluyendo con legisladores. Asimismo, ha sido donante frecuente de políticos del PNP, con aportaciones que rebasan los $30,000.

La acusación contra Rodríguez

Rodríguez Santos, por su parte, conspiró con Villegas Vargas y Delgado para que J.R. Asphalt se agenciara 50 contratos y enmiendas por casi $10 millones.

Aunque la acusación menciona que Rodríguez Santos formó parte de un esquema que comenzó en junio de 2017 y se extendió hasta agosto de este año, el único hecho específico que detalla habría ocurrido el 7 de junio, cuando pagó a Delgado un soborno de $14,500 “como pago adelantado a cambio de que a la Compañía A (J.R. Asphalt) se le adjudicara un proyecto en Cataño por $324,973.27. Durante la reunión del 7 de junio de 2021 con Delgado, Rodríguez aseguró que al día siguiente, 8 de junio de 2021, Villegas pagaría el resto de la comisión ilegal. El próximo día, Villegas pagó $17,000 adicionales a Delgado”.

Contrario a Santamaría Torres, el acuerdo de culpabilidad de Rodríguez Santos, representado por el licenciado Ignacio Fernández, no estipula una cantidad específica de dinero que sería confiscado, limitándose a indicar que renunciaría a toda propiedad, dinero o reclamo que esté vinculado a los beneficios obtenidos de manera ilegal.

Noticia en desarrollo.

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