Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), cuestionó hoy, viernes, el silencio luego de transcurridas 24 horas de haberse encontrado la séptima granada fuera del arsenal de la Guardia Nacional de Puerto Rico, en esta ocasión en el Expreso PR-52.
“El silencio los hace cómplices. Más de 24 horas han pasado y no hay una explicación clara. El mismo silencio que todavía existe en relación con la armería militar de Toa Baja escalada en dos ocasiones, recordando que la última vez, el mismo parte de prensa de la Guardia Nacional de Puerto Rico especificó el hurto de una cantidad indefinida de armamento militar. De la misma forma, recordemos los hechos ocurridos en Isla de Cabras, donde el pueblo desconoce si las armas de la Policía, al igual de la Guardia Nacional, han sido recuperadas y qué cantidad. Igualmente, nunca se aclaró como el 3 de diciembre de 2014 llegó un misil propiedad del Ejército de los Estados Unidos a una residencia en la Calle España Hato Rey, que al día siguiente fue movido al Polígono de Tiro de la Policía en Isla de Cabras”, reclamó Torres Meléndez.
Torres Meléndez dijo que “aquí vemos una vara diferente para los dueños de armería vs el Estado. Los armeros pasamos por un proceso riguroso en términos de seguridad, ya que somos altamente regulados por la policía y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Ahora bien, ¿quién regula a la policía y a los militares?”.
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Torres Meléndez enfatizó que, si hubieran robado en una armería civil, “¿qué sanciones o delitos hubieran sometido por esas armas haber llegado al bajo mundo? ¿Quién será el responsable en la Policía de Puerto Rico o en la Guardia Nacional? ¿Es que acaso, en ambas agencias se les puede dejar pasar por alto que las armas que tienen para adiestramiento y defender a nuestros ciudadanos sean ahora parte del inventario de armamentos de los criminales? Solo pensemos: ¿cuántas personas inocentes, madres con sus hijos de camino a la escuela, personas de bien en camino a su trabajo ayer pasaron por el lado de esa granada activa? ¿Qué vida inocente pudo haber cegado? El pueblo requiere una explicación convincente”.
Ayer, el teniente Ismael Cartagena, director de la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico, relató en un programa de televisión que advino en conocimiento a través de una llamada telefónica de una persona que alegadamente se identificó como militar recibida en el Cuartel de la División de Patrullas de Carreteras y Autopista de Caguas, notificando que había una granada de mano a la orilla de la autopista PR-52, en el km 19.1 en dirección de Cayey a San Juan. Confirmó además que, desde el año 2020 al 2021, la policía ha encontrado siete (7) granadas de fragmentación. Aseguró que el artefacto encontrado y neutralizado ayer tenía el poder para fragmentar y hacer daño 50 pies a la redonda.
“¿Como esa granada salió de una armería militar y llegó a la PR-52? Esto es un asunto grave y más cuando sabemos que esto no es de ahora, lleva años ocurriendo y el estado no dice nada con relación a estas investigaciones”, recalcó el presidente de Codepola.
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El 16 de octubre del 2015, un gran jurado federal acusó a cuatro individuos de robar 125 armas del Polígono de Tiro de la Policía en Isla de Cabra, Toa Baja, un incidente ocurrido el 26 de octubre de 2010 y que la Uniformada catalogó entonces como el robo de armas más grande reportado en la historia de Puerto Rico. Sin embargo, no se brindó información alguna sobre la recuperación de las armas. Igualmente, en la madrugada del 18 de julio del año 2019, alrededor de 50 armas de fuego entre rifles de asalto y pistolas, así como 4,000 balas fueron hurtadas de la bóveda de la Oficina de Instructores de Tiro de la Comandancia de Área de Guayama y los delincuentes escribieron en la pared “Ricky renuncia plata o plomo”. Al momento, desconocemos si todas esas armas fueron recuperadas por el Estado.
Torres Meléndez concluyó que “ahora sí, el pueblo debe estar preparado ante una situación de indefensión porque el Estado está como jamón de sándwich. Por un lado, no hay un control riguroso en los muelles para evitar el tráfico ilegal de armas y pirotecnia. Lo vemos presente cada diciembre. Por otro lado, las instalaciones militares y de la policía han sido escaladas, permitiendo que ese armamento llegue a las calles de nuestra isla. Entonces, ¿para qué el gobierno quiere controlar las armas en mano de los ciudadanos decentes, cuando es el estado parte responsable del problema de la criminalidad? Sigo esperando que alguien me explique cómo una granada activa militar llegó al Expreso PR-52”.
