El juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan dispuso la realización de una inspección ocular en las instalaciones de Cataño Oil Dock, donde ubican las válvulas y tuberías que son centro de una disputa entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa Puma Energy.
La inspección se llevará a cabo el lunes 6 de diciembre a las 9:00 a. m.
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Asimismo, Cuevas anunció que extenderá por diez días adicionales la orden que emitió la semana pasada para que PUMA Energy opere las válvulas y permita la transferencia de combustible hacia las unidades 5 y 6 de la Central San Juan. La orden está vigente por diez días.
La controversia entre la AEE y Puma surge luego que la empresa perdiera el contrato de $265 millones para suplir diésel a la corporación pública. PUMA Energy sí mantiene el negocio con $605 millones para proveer el Bunker C.
Los muelles alternos que tiene la AEE para recibir el diésel por el momento no están disponibles hasta mediados de diciembre. Por lo tanto, la única facilidad disponible para esa operación es el Cataño Oil Dock, que es administrado por un grupo de empresas, entre otras, PUMA Energy y Best Petroleum. Novum, empresa que obtuvo el contrato para llevar diésel a la AEE, contrató con Best Petroleum el uso de las facilidades para suplir el combustible. Sin embargo, hay una válvula, que tiene que cerrarse para que el combustible llegue a la Central San Juan.
La empresa PUMA Energy alega es dueña de esa válvula y no accedió a cerrarla. La empresa puso como condición para cerrar la válvula, que se le otorgara un contrato por un año para llevar diésel a otras facilidades de la AEE, lo que fue rechazado por la corporación pública.
El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, testificó durante la vista y advirtió que la operación de las unidades 5 y 6 son vitales para la estabilidad del suministro eléctrico en la isla. Colón dijo que tan reciente como el jueves, durante el momento de más demanda de energía, la AEE contaba solamente con una reserva de 57 megavatios. “Imagínese usted que saquemos 400 del sistema de producción de energía y lo que eso conllevaría a la estabilidad y al servicio de energía a los clientes en la época en que nos encontramos”, señaló Colón.
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Durante la vista, el juez Cuevas preguntó a las partes si habían sostenido conversaciones conducentes a alcanzar algún acuerdo sobre el uso de los equipos, a lo que el representante de Puma indicó que esta semana se habían reunido sin resultados.
Asimismo, el juez sugirió que la AEE y Puma establezcan una tarifa -a ser consignada en el tribunal- por el uso de la tubería mientras se dilucida la pugna entre las partes.
Carlos Cardona, asesor legal de la Administración de Terrenos, aseguró durante la vista que esa agencia reclama la titularidad de los terrenos en controversia donde ubican las válvulas y que Puma alega les pertenece.
La AEE insistió en que las acciones de Puma amenazan el suministro de electricidad en la isla. “De no emitirse la orden y de la Autoridad no recibir ese combustible en esas unidades se pueden ver afectados alrededor de 300,000 abonados de la Autoridad. Si multiplicas esos por tres personas de ese núcleo, estamos hablando de 900,000 personas afectadas por no tener disponible el servicio eléctrico”, advirtió Arturo Díaz, abogado de la corporación pública.
Mientras tanto, el juez Cuevas se mostró cauteloso ante la solicitud de la AEE de operar las válvulas que Puma insiste le pertenecen. “Esto es muy peligroso, permitir al estado la incautación de propiedad privada con el pretexto que puede haber un daño a la sociedad cuando ese daño fue autoinfligido”, sostuvo el juez.
La continuación de la vista judicial quedó pautada para el miércoles 15 de diciembre a las 9:00 a.m.
