Luego de una sesión legislativa en la que se dedicó a organizar foros y mesas de diálogo con expertos en el tema, el representante Héctor Ferrer Santiago adelantó que el proyecto que persigue legalizar la marihuana recreacional y crear un mercado regulado en Puerto Rico para su compraventa se encuentra en etapa de redacción.
“Esperamos poder culminar el borrador lo antes posible para comenzar a discutirlo y poder entrar a fondo con el tema”, dijo el legislador en entrevista con Metro.
PUBLICIDAD
Los beneficios de la legalización del cannabis, según exponen sus proponentes, tendría dos avenidas. Por un lado, se crearía un nuevo mercado lícito que generaría ingresos sustanciales al erario y, por otro, representaría un ahorro para el Estado al eliminarse las políticas punitivas que ordenan el procesamiento de individuos por la simple posesión ilegal de la marihuana.
Según Ferrer Santiago, mantener una persona encarcelada tiene un costo para el gobierno de $138 diarios, que se suman a los gastos que implica seguir un proceso judicial para lograr un veredicto de culpabilidad.
Desde la perspectiva comercial, el representante popular cita un estudio de 2018 del Marijuana Policy Group que proyecta en $522 millones el alcance de las ventas al detal de esta sustancia en el primer año luego de su legalización, cifra que se elevaría a $713 millones en el quinto año.
Dicho impacto económico representaría recaudos al fisco de $95.2 millones y $130.8 millones, respectivamente, partiendo de la premisa de que se establecería un modelo tributario al similar al que ya se utiliza en Colorado, uno de los estados de Estados Unidos que ha regulado la industria de la marihuana recreacional.
Según el Marijuana Policy Group, entre las industrias del cannabis medicinal –ya regulada en Puerto Rico– y la marihuana recreacional hay potencial para crear 22,000 empleos directos, indirectos e inducidos.
PUBLICIDAD
“Todo el mundo sabe el impacto económico que tiene el cannabis, el impacto que ha tenido en otras jurisdicciones. Segundo, tendría un enfoque salubrista. Tercero, estaríamos ahorrando dinero que se está utilizando ahora mismo para intervenir con personas y procesarlas. En menos de un mes ya ha habido dos casos que hemos conocido públicamente. Uno en Arecibo y otro (el pasado martes). Está habiendo arrestos por la posesión”, subrayó Ferrer Santiago, haciendo referencia al arresto de Luis Arroyo Chiqués, exalcalde de Aguas Buenas, quien fue arrestado junto a su hermano por presuntamente encontrarse en posesión de una bolsa de marihuana al momento de ser detenidos por una violación de tránsito.
Las posibilidades de avanzar un proyecto de legalización de la marihuana, sin embargo, han sido puestas en duda por el propio presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien mencionó durante la pasada sesión que en el cuerpo no habría los votos para favorecer una medida de esa naturaleza.
En la sesión ordinaria sí se presentaron dos proyectos para despenalizar la posesión de hasta 14 gramos de la sustancia, incluyendo uno que dependería de que la ciudadanía avale la iniciativa en un referéndum.
“Yo nunca estoy preocupado por si hay o no los votos. Este servidor no presenta los proyectos para ver si tienen o no los votos, se presentan medidas porque yo entiendo que benefician al país, a la sociedad puertorriqueña, y al final del día que se cuenten los votos. Es la norma, en Puerto Rico, que la perspectiva en cuanto al cannabis ha ido cambiando. Yo soy ejemplo. En mi casa no se podía hablar de cannabis (y) no fue hasta que papi (el fenecido exrepresentante Héctor Ferrer Ríos) se enfermó que se comenzó a hablar libremente del cannabis. Puedo dar fe de los beneficios que tiene la planta”, acentuó Ferrer Santiago.
De otro lado, Ferrer Santiago reconoció que, desde el ángulo medicinal, existe preocupación de que las personas confinadas que son pacientes licenciados del cannabis no tienen acceso al tratamiento. Según el representante, las normativas federales, que aún clasifican el cannabis como una sustancia sin potencial beneficio médico, son un obstáculo para su uso en las cárceles de Puerto Rico, pues estas reciben fondos del gobierno estadounidense.
“Eso algo que durante este proceso aprendimos y estamos buscando la manera de ver qué podemos hacer. Como el Departamento (de Corrección y Rehabilitación) tiene fondos federales hay que verificar esas regulaciones y ver si no las afectan. Nos encontramos también en conversaciones con los planes médicos para ver de qué manera también se podrían incluir en las cubiertas”, dijo Ferrer Santiago, al precisar que ese tipo de preocupación debería atenderse en un proyecto separado al de la legalización.
“Una cuestión es la salud de los reos y eso hay que atenderlo de manera distinta, ágil y rápido. Combinarlo no necesariamente sería lo mejor”, sostuvo el legislador.
