El reciente fallo contra tres cadenas de farmacias estadounidenses por su responsabilidad en la crisis de opioides en Ohio podría ser apenas el inicio de una dilatada batalla legal que al terminar podría dejar a las comunidades sin beneficio alguno.
La razón de ello es el argumento usado, de que las farmacias crearon una “molestia pública” al permitir la entrega de una gran cantidad de potentes analgésicos en esos condados.
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Miles de gobiernos estatales y locales han demandado a empresas farmacéuticas, distribuidores y farmacias a raíz de una crisis que ha contribuido a más de 500.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos las últimas dos décadas. Las demandas por lo general sostienen que las compañías crearon molestias públicas al interferir con los derechos de la colectividad por la manera en que promovieron, transportaron y vendieron los analgésicos, agravando la adicción de muchos pacientes y ofreciendo píldoras que eventualmente desembocaron en el mercado negro.
Se usaron argumentos similares en casos similares recientes — en California y Oklahoma — que beneficiaron a las compañías. Debido a ello, no es seguro que el fallo logrado el martes — en base a una demanda entablada por los condados de Lake y Trumbull de Ohio contra las compañías CVS, Walgreens y Walmart — sobreviva a una apelación o lleve a fallos análogos en otras localidades.
“Ha habido una gran cantidad de decisiones distintas recientemente que nos obligan a ser cautelosos en cuanto a qué significa todo esto a largo plazo”, estimó Kevin Roy, director de asuntos públicos de Shatterproof, que aboga por soluciones a la crisis de opioides.
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La industria sostiene que no hizo nada ilegal y que las leyes contra molestias públicas simplemente no aplican a la facilitación o distribución de medicamentos recetados.
“Como hemos sostenido a lo largo de todo este proceso, nosotros nunca hemos fabricado ni promocionado los opioides ni los hemos distribuidos a las fábricas rudimentarias ni a las farmacias por internet que han alimentado esta crisis”, expresó en un comunicado Fraser Engerman, portavoz de Walgreens. “El intento de los demandantes de resolver la crisis de opioides mediante una expansión sin precedente de la ley contra las molestias públicas es errónea e insostenible”.
Las leyes contra las molestias públicas por lo general se usan para hallar soluciones a problemas como casas abandonadas, venta ilegal de drogas o presencia de animales peligrosos. Fueron usadas, por ejemplo, en las demandas contra las compañías tabacaleras en los años noventa, aunque en ese caso hubo pagos monetarios y no juicios.
Abogados en representación de condados u otras localidades involucradas en la enorme red de demandas por opioides sostienen que las empresas han sido cómplices en la creación de emergencias sanitarias al abrir más locales, al inundar a comunidades con píldoras y al facilitar la filtración de opioides a mercados secundarios.
Solamente en el condado Trumbull, fueron recetados unos 80 millones de analgésicos potentes entre el 2012 y el 2016 — el equivalente a 400 por cada habitante. En el condado Lake la cantidad fue de 61 millones de píldoras.
La reverenda Barbara Holzhauser ha sido testigo de los estragos que han causado los opioides en su comunidad, el condado Lake en Ohio. Han sido demasiadas las veces en que ha contestado el teléfono y es alguien que le informa de otra muerte por sobredosis. Han sido demasiados los funerales que ha dirigido por esa causa.
“En casi todos los casos, la persona, igual que mi sobrino, trató de recuperarse y volvió a caer”, relata Holzhauser, cuyo sobrino murió de una sobredosis hace ocho años.
Holzhauser, sacerdote de la iglesia Mentor United Methodist Church, afirma que la iglesia ha devastado al condado Lake, un conjunto de vecindarios de clase trabajadora y clase acomodada al este de Cleveland. Holzhauser se expresó contenta de que el condado hizo algo para hacer responsable a la industria farmacéutica.
“No hay nadie que yo conozca que no haya sido afectado por esto de una manera u otra”, indicó.
Los abogados de los gobiernos locales mencionan los efectos de la crisis en comunidades como el condado Lake para justificar el uso del argumento de molestia pública, insistiendo en que las compañías fueron irresponsables o negligentes. El abogado Mark Lanier afirmó que las farmacias debieron haber sido más responsables en la venta de opioides.
“Estos medicamentos son sumamente adictivos”, señaló Lanie, “y a lo largo de este juicio, el jurado pudo evaluar las medidas a nivel nacional empleadas por esas compañías y gritó por todo lo alto: ¡Esto es inadecuado!”
A pesar de ello, las cadenas de farmacias han jurado seguir en la lucha y se expresan optimistas.
En Oklahoma en el 2019, un juez falló que la farmacéutica Johnson & Johnson creó una molestia pública y ordenó a la compañía pagarle al estado 465 millones de dólares. Este mes, la Corte Suprema del estado rechazó esa decisión, afirmando que la norma sobre molestias públicas no aplica a la compañía.
También este mes, un juez en California falló a favor de un consorcio farmacéutico que había sido demandado por gobiernos municipales por violación de normas sobre molestias públicas.
El fallo del martes fue distinto. El caso de Ohio es singular también porque fue el primero decidido por un jurado y no un tribunal, y es el primero que incluía reclamos contra farmacias.
Elizabeth Burch, profesora de derecho de la Universidad de Georgia, opina que usar el argumento de molestias públicas en estos casos tiene sentido porque las farmacias están en buena posición para ver de cerca los estragos que causa la crisis de opioides.
“Esa es la gente en el frente. Es la gente que ve a los compradores entrando a la farmacia, es la gente que ve a esos mismos médicos firmando las prescripciones”, afirmó Burch.
Sin embargo, advirtió que la aplicación de leyes sobre molestias públicas varía de estado a estado y que factores como un abogado convincente pueden influir en un jurado. Por ello, es difícil saber si surgirá un consenso en torno a esa teoría jurídica.
En el futuro hay varios casos donde se podrán a prueba las leyes sobre molestias públicas.
Un juez federal en Virginia Occidental escuchó un caso contra un distribuidor de medicamentos hace pocos meses pero no ha tomado una decisión. Están en curso procesos contra distribuidores en el estado de Washington y contra manufactureros en Nueva York.
A diferencia de compañías en otros sectores de la industria farmacéutica, ninguna farmacia ha estado involucrado en un acuerdo para pagar por daños causados por la crisis de opioides. Joe Rice, uno de los abogados que representa a gobiernos locales en esos casos, expresó esperanzas de que el caso reciente lleve a las cadenas de farmacias a empezar a participar en ese tipo de acuerdos.
Si no lo hacen, les podría costar aun más caro. Dos condados en Ohio, por ejemplo, están pidiendo cada uno más de 1.000 millones de dólares en una segunda fase del juicio que iniciará en abril o mayo.
“Vamos a participar en muchos casos y algunos los vamos a perder”, afirmó Rice. “Pero vamos a ganar esta guerra”.
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