Al intentar ocupar, a través de la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), estatutos aprobados por la Legislatura y firmados por el gobernador , la Junta de Control Fiscal (JCF) estaría creando un “caballo de Troya” que le permitiría, en un futuro, anular cualquier ley que le desagrade sin encomendarse a los procesos establecidos en la Ley Promesa que procuraban un balance entre los amplios poderes que se le concedieron al organismo y las facultades que retuvieron los funcionarios electos en Puerto Rico.
Al menos, eso argumentó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) en representación de la administración del gobernador Pedro Pierluisi, como parte del escrito en que se opuso a que la Ley Promesa ocupara o suspendiera el alcance de las leyes 80, 81 y 82 de 2020, que pretenden mejorar las condiciones de retiro de empleados del gobierno central (Ley 80); policías, oficiales correccionales, bomberos y paramédicos (Ley 81); y maestros (Ley 82).
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Aunque ninguna de esas leyes se ha puesto en vigor desde su aprobación, la JCF alega que fue necesario enumerarlas en el listado de estatutos ocupados por Promesa luego de que la Legislatura avalara, el pasado 11 de noviembre, una resolución conjunta que ordena al gobierno la implementación de la Ley 80. Esta ley crea una ventana de retiro incentivado para empleados reclutados antes del 2000 que han acumulado al menos 15 años de servicio en el gobierno.
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Según el texto de la Ley 80, los empleados elegibles podrían retirarse con una pensión vitalicia equivalente al 50% del salario más alto en sus últimos tres años y una aportación de $100 mensuales para cobertura médica hasta que cumplan 62 años de edad.
De acuerdo con el portal de trámite legislativo, la Resolución Conjunta del Senado 171, ordenando la entrada en vigor de la ley, aún no ha sido enviada al primer ejecutivo, aunque ya fue firmada por los presidentes legislativos.
Según el escrito de Aafaf, que se presentó el pasado sábado, la JCF, en el caso de estos tres estatutos, no ha hecho uso de los poderes para impugnar leyes inconsistentes con el plan fiscal que le conceden las secciones 204 y 108 de Promesa. Bajo estas secciones, la JCF ha anulado exitosamente varias leyes, incluyendo la Ley 7 de Retiro Digno más temprano este año.
“A la Junta no debería permitírsele añadir leyes de Puerto Rico a la lista de Leyes Ocupadas sin declararlas expresamente antes de que someta la Orden de Confirmación final. Esa lista debería ser final a la fecha de confirmación y, si ciertas leyes solo se afectan parcialmente, debería especificársele cuáles secciones quedan ocupadas. De otra forma, el PAD provocará confusión sustancial en la implementación de las leyes existentes posterior a la fecha de efectividad, y podrían usarse como un ‘Caballo de Troya’ por la Junta para llegar a determinaciones de ocupaciones post-hoc (luego del evento) que estarían fuera de sus poderes estatutarios, minando inapropiadamente los mandatos no-económicos del gobierno para establecer política pública con la que la Junta discrepe”, señala la objeción escrita de Aafaf, sometida por los bufetes O’Melveny & Myers y Marini Pietrantoni Muñiz.
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Según ha expresado la JCF durante las vistas de confirmación de las pasadas semanas, el listado de estatutos ocupados, en el que al presente se enumeran 53 leyes y resoluciones conjuntas, no es definitivo, puesto que cualquier mandato de ley, presente o futura, que sea inconsistente con el plan fiscal o el PAD, una vez confirmado, sería igualmente inválido.
En la objeción sometida a consideración de la jueza Laura Taylor Swain, la Aafaf puntualiza que, contrario a las demás leyes que se propone suspender bajo el PAD, las leyes 80, 81 y 82 se aprobaron luego de la entrada de la JCF, por lo que el organismo tuvo a su disposición el proceso de anulación bajo las secciones 204 y 108 pero no los ha utilizado hasta el momento.
En la respuesta a la objeción que radicó ayer por escrito, la JCF reconoce que, en esencia, los temores de Aafaf de que el organismo puede decretar inválida cualquier ley que considere inconsistente con sus proyecciones fiscales son correctos.
“Fundamentalmente, Aafaf confunde la ocupación (‘preemption’) con una causa de acción bajo Promesa. En términos simples, un estatuto queda ocupado si es inconsistente con Promesa. Dicha ocupación es automática, sin necesidad de probar nada más. Ese es precisamente el caso con los estatutos en el Exhibit C de la Orden Confirmación Propuesta, cada uno está ocupado porque es inconsistente con Promesa a simple vista. Por el contrario, las secciones 108 y 204 de Promesa operan en estatutos que no necesariamente pueden ocuparse a simple vista, pero que de otra parte son inconsistentes con el plan fiscal o perjudican o derrotan los propósitos de Promesa, en cuyo caso quedan sujetos a la invalidación u otros remedios bajo Promesa”, reza parte de la respuesta del ente fiscal.
En esencia, la JCF se opone a las leyes 80, 81 y 82 porque crean nuevas obligaciones para el gobierno ascendentes a “miles de millones” a través de lo que, en la práctica, serían pensiones de beneficio definido. La JCF, mediante sus procesos de planificación fiscal, y ahora con el PAD, ha intentado eliminar los planes vigentes que cotizan bajo este modelo.
La Ley 81, que ha sido objeto de controversia en pasadas semanas ante las protestas de gremios policiacos, permitiría que los empleados elegibles se jubilen con pensiones que fluctuarían entre el 45% y 55% de los salarios, en función de los años de servicio y la edad de retiro. En tanto, la Ley 82 permitiría acreditar tiempo de servicio a los maestros dependiendo del balance acumulado de licencias de enfermedad y vacaciones.
Pese a sus objeciones a la ocupación de leyes territoriales, la Aafaf se ha reiterado en su apoyo a la confirmación del PAD.
