El gobierno federal le ha dejado saber a la Junta de Control Fiscal (JCF) cuáles son sus “prioridades” con respecto a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en el contexto de los brutales recortes impulsados por el organismo que han dejado a la institución con menos de la mitad del presupuesto gubernamental que recibía hace cinco años, planteó Chris Soto, asesor senior del secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona.
Sin entrar en mayores detalles, a la pregunta de si los recortes representan un peligro a la calidad académica y la capacidad operacional de la UPR, Soto respondió en la afirmativa.
PUBLICIDAD
“Definitivamente. Por esa razón hemos reunido con la Junta Fiscal para decirle cuáles son nuestras prioridades. Hablando sobre el tema de la fuerza laboral, el sistema universitario, específicamente la ‘Iupi’, es clave para desarrollar esa fuerza laboral”, señaló Soto, quien es de origen puertorriqueño, al igual que el secretario Cardona.
Según el asesor, el Departamento de Educación de Estados Unidos y la JCF apenas se encuentran en una etapa de “conversaciones” en lo referente al futuro de la UPR.
¿Qué esperan que surja de esas conversaciones?, se le preguntó a Soto.
“Que lleguemos a un ‘happy medium’. Porque, como he dicho, el sistema universitario, y no solamente de Puerto Rico, es clave si estamos hablando de la fuerza laboral, para la situación económica”, recalcó Soto, quien esta semana se encuentra de visita en el país como líder del Equipo de Sostenibilidad de la Educación de Puerto Rico que creó Cardona.
Para el año fiscal 2017, la UPR recibió una asignación del fondo general de $834 millones, que para el 2022 se ha reducido a $407 millones. La JCF ha dicho que esa cifra podría elevarse a $500 millones anuales en caso de que Puerto Rico reciba más dinero de Medicaid que lo proyectado en los planes fiscales, una cantidad que la administración, docentes y estudiantes de la institución consideran insuficiente para su operación.
PUBLICIDAD
Precisamente, a lo largo del pasado mes, los estudiantes de seis de los 11 recintos de la UPR han decretado paros indefinidos a modo de protesta por las políticas de austeridad a las que se ha sometido al centro docente, una situación que la administración universitaria y el gobernador Pedro Pierluisi han sostenido coloca en peligro las acreditaciones. Dichas acreditaciones son necesarias para el acceso a fondos federales, en partidas que incluyen las becas Pell y las subvenciones de investigación, entre otras.
Para el presente año fiscal, se proyecta que poco más de una cuarta parte de los $1,067 millones del presupuesto consolidado de la UPR provengan del gobierno federal.
Al preguntársele si las acreditaciones y el financiamiento federal de la UPR se encuentran en riesgo inmediato, sin embargo, Soto no mostró señales de alarma.
“Estamos teniendo diferentes reuniones con nuestra oficina de postsecundaria, también con las universidades para también entender mejor cuál es la situación que está sucediendo. En este momento solamente hemos hablado sobre el trabajo que podemos hacer con el Departamento de Educación estatal. Estamos enfocados en esas conversaciones”, dijo Soto en referencia a programas que buscan establecer en los planteles públicos para que estudiantes tomen cursos de grado universitario en sus años de escuela superior.
