Ojo avizor del Departamento de Educación estadounidense al manejo de fondos federales en Puerto Rico

El asesor del secretario Miguel Cardona admitió que todavía no existen las condiciones para que la agencia federal autorice la salida del síndico que supervisa las finanzas de la agencia estatal

Por Manuel Guillama Capella

El influjo de fondos federales que recibirá el gobierno de Puerto Rico en los próximos años debe ser la base para la reconstrucción de su sistema educativo, sostuvo Chris Soto, asesor senior del secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona.

Soto, quien se encuentra en la isla esta semana en su rol como líder del Equipo de Sostenibilidad de la Educación de Puerto Rico (PRES) que creó Cardona, reconoció que uno de los objetivos de la visita se centra en conocer el manejo de los fondos federales asignados al Departamento de Educación (DEPR), al momento bajo una sindicatura ordenada por la agencia estadounidense.

El contrato con la firma Álvarez & Marsal, como fiduciario de los fondos federales, se extiende, al menos, hasta marzo de 2023 a un costo de $79.7 millones para la agencia estatal, y Soto admitió que no se vislumbra su salida en el futuro cercano. A pesar de ello, dijo que una de las metas establecidas por Cardona es que el DEPR pueda prescindir de la sindicatura lo antes posible.

“Tenemos tres enfoques en el (PRES). Que el Departamento de Educación de Puerto Rico pueda recuperar su autorización de fondos federales. Número dos, apoyar al sistema durante el proceso de mejorar la infraestructura y, número tres, apoyar y destacar diferentes ejemplos de excelencia cuando hablamos de programas y con el uso de los fondos federales que vienen después de la pandemia […] Esto tiene que ver con lo que hicimos la semana pasada, donde tuvimos diferentes reuniones con nuestro equipo fiscal para entender mejor cómo está funcionando todo con el ‘third-party’ (el síndico) y con el DEPR”, dijo Soto en una entrevista junto al subsecretario de Asuntos Académicos del DEPR, Guillermo López Díaz.

“Tenemos una oportunidad única con estos fondos federales para responder a la pandemia y es una oportunidad para repensar la educación, como en cada estado. Tenemos esta oportunidad para soñar sobre diferentes métodos de enseñanza y programas. Por eso estamos aquí, para seguir brindando apoyo”, añadió Soto, quien, al igual que Cardona, es de origen puertorriqueño.

El acuerdo entre el DEPR y Álvarez & Marsal, otorgado el pasado 24 de marzo, estipula que la compañía deberá “asistir” a la agencia en el avalúo de sus procedimientos administrativos para el manejo de subvenciones, así como en el desarrollo de prácticas de compras que cumplan con los estándares federales, entre otros requisitos.

“Lo que he percibido por cada una de las reuniones que hemos tenido es que se han visto complacidos. Por ejemplo, en la última reunión que tuvimos para presentarles el plan para la recuperación académica, y cómo los proyectos e iniciativas se alinean al mismo, ellos lo han visto como una iniciativa buena del Departamento que tengamos una estructura”, dijo, por su parte, López Díaz.

Soto llamó la salida del síndico la “meta número uno” de Cardona para Puerto Rico, pero advirtió que existen unas variables que deben caer en su lugar antes de que la agencia federal brinde mayor autonomía a su contraparte puertorriqueña en el manejo de los miles de millones de dólares que anualmente asigna, además del dinero que entra producto de la pandemia del Covid-19.

“Hay condiciones específicas que tenemos como Departamento de Educación federal. No las tengo en mi mente ahora, pero sí existen”, sostuvo el asesor del secretario.

¿Podría ocurrir antes que expire el contrato de Álvarez & Marsal en 2023?, le preguntó este medio.

“En este momento no sabemos, porque es un proceso y vamos a seguir llevando a cabo el apoyo”, dijo Soto, quien aseguró que el hecho de que el DEPR haya continuado operando bajo el interinato de Eliezer Ramos Parés no constituye un obstáculo en ese sentido.

Conscientes del rezago académico

El bajo aprovechamiento académico que por años han evidenciado decenas de miles de estudiantes anualmente en Puerto Rico, y que se ha exacerbado a raíz de las continuas emergencias del último lustro, no ha pasado desapercibido para el Departamento de Educación federal (USDE), aseguró Soto, al indicar que se ha comenzado a trabajar en algunas estrategias para robustecer el proceso educativo.

“Un ejemplo sencillo es (las estrategias) para alinear el sistema de K-12 con el sistema universitario para tener ese ‘workforce pipeline’ (desarrollo de fuerza laboral) para responder a las necesidades del país en términos de la fuerza laboral”, dijo Soto, quien anterior a sus funciones como asesor en el USDE fue legislador en Connecticut, estado donde Cardona era comisionado de Educación antes de ser designado secretario por el presidente Joe Biden.

Soto, asimismo, aseguró que la agencia federal tiene la intención de brindar apoyo “técnico” al DEPR con el objetivo de que entre en cumplimiento con las órdenes judiciales del caso estatal de Rosa Lydia Vélez, pleito de clase relacionado con los servicios provistos a la población estudiantil de educación especial que se mantiene vivo desde 1982.

Al presente, el DEPR paga multas ascendentes a $11,000 diarios por el reiterado incumplimiento y el pasado lunes padres y madres de alumnos de educación especial llevaron a cabo una manifestación que paralizó el tránsito en el expreso Las Américas.

“Tenemos ese equipo específicamente aquí esta semana, para entender mejor las necesidades, pero también dónde nosotros podemos apoyar mejor. Es una situación complicada. El rol de nosotros es 100% dar asistencia técnica. Formamos el equipo (PRES) en septiembre, estamos aquí para seguir ese foro que teníamos con el DEPR para entender mejor las necesidades. Luego de esta visita vamos a tener un mejor entendimiento de cuál es la asistencia técnica que tenemos que brindar”, subrayó Soto.

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