El exgobernador Alejandro García Padilla telefoneó a legisladores de su Partido Popular Democrático (PPD) para que se reunieran con Wayne Stensby, el polémico director ejecutivo de LUMA, la empresa que administra el sistema eléctrico de Puerto Rico.
“Él me contactó…No te voy a negar que fue él quien tocó la puerta”, confirmó Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
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En noviembre pasado, cuando el exgobernador comenzó a gestionar dichas reuniones, le aseguró a Hernández que no era contratista de LUMA, aunque se comportaba como su cabildero. “Después de las elecciones aquí hubo mucho movimiento de contacto con legisladores”, dijo Hernández en torno a este asunto.
El cabildero estrella del exgobernador Ricardo Rosselló en Washington y su amigo personal, Manuel “Manny” Ortiz, también le dio servicios al consorcio durante el periodo de transición para administrar la red, según confirmaron varias fuentes al CPI. El representante Luis Raúl Torres, quien lidera investigaciones sobre LUMA en la legislatura, confirmó a este medio que la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía investigará el ángulo de la relación de Ortiz con políticos de ambos partidos y la empresa, tras recibir una solicitud de investigación de un funcionario de alto nivel cuyo nombre se reservó.
“Luego de que LUMA es seleccionada, cabilderos de LUMA, los que sí tienen contrato, me preguntaron si LUMA se debería acercar a los líderes del Partido Popular, y yo dije, ‘yo creo que se deben acercar’… No tengo, ni he tenido ni tendré contrato con ellos [LUMA] porque los he criticado demasiado fuerte. Y en aquel momento me pidieron que hiciera el acercamiento a ver si los recibirían. Y eso fue todo. Nada que no pudieran hacer ellos solos y nada por lo cual cobré”, aseguró García Padilla al CPI. “¿Por qué me llaman a mí? Porque me conocen, porque entendían que yo podía ayudarlos a que los recibieran… Y además, me parece a mí que si esa empresa estaría privatizando el
servicio eléctrico debía reunirse con todos los sectores”. Durante la carrera electoral, García Padilla también coordinó una reunión de LUMA con el ex candidato a la gobernación por el PPD, confirmó el mismo Carlos Delgado al CPI.
Entre los cabilderos de LUMA que se acercaron a usted, ¿estaba Manuel Ortiz?, le preguntó el CPI a García Padilla.
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“La verdad es que no quisiera yo, verdad, como no estoy contratado por ellos y fue una pregunta de buena fe, no quisiera yo decir sus nombres. Fue más de uno”, dijo García Padilla.
Aunque el exgobernador habló de más de un cabildero de LUMA, la empresa le dijo al presidente cameral, en una carta del 15 de octubre pasado, que no tiene cabilderos contratados según lo define la más reciente orden administrativa que busca regular el negocio de la influencia en ese cuerpo legislativo.
Hernández dijo que se reunió con Stensby sin la presencia del exgobernador, luego de la llamada de este, pues atiende “a todo el mundo” y para que nadie interprete que la única manera de llegarle como presidente cameral es pagando un peaje. Indicó que su postura es clara en contra de LUMA y que le dijo a Stensby que esperaba que la empresa rindiera cuentas por sus operaciones. Hernández aclaró que considera que no hubo ilegalidad en el acercamiento del exgobernador porque ocurrió antes de que se aprobaran las nuevas reglas camerales del 12 de enero de 2021, que ordenan el registro de cabilderos.
LUMA obtuvo en verano de 2020, durante una administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), el contrato para renovar el sistema de transmisión y distribución de electricidad. Desde entonces se ha blindado de exfuncionarios de alto nivel del PNP y PPD con influencia en los círculos de poder, como si usaran puertas giratorias. Se trata de las instancias en las que funcionarios oscilan entre el gobierno y el sector privado, “donde explotan la influencia, los contactos y el conocimiento adquirido en el sector público”, según lo explica el proyecto de la Cámara 508, que busca regular esta práctica.
Manny Ortiz, quien como contratista de la administración Rosselló había cabildeado en el Congreso por la restauración del sistema eléctrico que destruyó el huracán María, ahora es cabildero de TRC Solutions, según el registro de cabilderos federal. TRC Solutions mantiene un contrato de más de $9 millones con LUMA, a la que le brinda asesoría sobre cumplimento con los programas de mitigación de desastres de FEMA. Ortiz le ofrece a TRC Solutions monitoreo de “desarrollos relacionados a la política
pública energética, asuntos relacionados a la política pública ambiental y la política pública de infraestructura”.
Ortiz indicó al CPI que no ha hecho gestiones de cabildeo en favor de LUMA. “Sus fuentes han compartido con usted información incorrecta con intenciones que al momento desconocemos”, dijo en declaraciones escritas. “La relación de mi empresa con TRC en nada tienen que ver con sus negocios en Puerto Rico ni con cualquier relación comercial que esa empresa tenga con LUMA”, añadió.
Alta tensión entre populares por el contrato con LUMA
La revelación sobre las gestiones de García Padilla y otros exfuncionarios populares en favor de LUMA surgen en momentos de máxima tensión, luego de que la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara, dirigida por el representante popular Luis Raúl Torres, demandara a la empresa por no entregar información sobre los sueldos de sus ejecutivos así como sus comunicaciones con funcionarios gubernamentales, entre otros asuntos.
“Lo que quiero es que [los cabilderos] saquen su cara al sol y que le expliquen al país si ellos se están beneficiando. Especialmente los populares. Esos son los primeros que quiero que se quemen. Que estén en record de quiénes son, si están cobrando y por qué”, dijo al CPI.
Las gestiones de García Padilla no son las únicas de funcionarios del PPD. La abogada que ha representado a la empresa en el caso de petición de información de la Cámara es Margarita Mercado Echegaray, quien trabaja como profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. El exgobernador la nombró en 2013 Procuradora General de Puerto Rico, cargo que ejerció hasta 2017. Mercado le sirve a LUMA como empleada de DLA Piper, una firma de abogados bien conectada con el gobierno: ha mantenido contratos con agencias clave para el desarrollo económico y del sistema energético de Puerto Rico, como el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y la Autoridad para Alianzas Público Privadas (la misma que gestiona el contrato con LUMA).
Entre los reclutas de LUMA se encuentra también el abogado José Pérez Vélez, quien labora como asesor de asuntos externos de la compañía. El exgobernador García Padilla lo nombró en 2015 director ejecutivo de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), que defiende los intereses de los clientes de los servicios energéticos, telecomunicaciones y transporte. Estuvo en dicha posición hasta agosto de 2018, donde llevó a cabo acciones contra los contratos ilegales de la empresa de paneles solares Sunnova. Al principio del cuatrienio, José Pérez gestionó reuniones con senadores del PPD y el PNP, así como con representantes populares, según Luis Raúl Torres.
Uno de los argumentos más usados para vender la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido la urgencia de sacarla de la pugna partidista. Pero LUMA ahora demuestra que la politización ha pasado a esta empresa privada. “Hay elementos del Partido Popular que están bien relacionados con la entidad”, sostuvo el presidente cameral. Durante la administración de García Padilla, Hernández y el exgobernador tuvieron desacuerdos públicos en torno a la legislación sobre la Ley de Moratoria de la deuda de Puerto Rico.
Del lado del PNP, se encuentran Michelle Hernández de Fraley, antigua superintendente de la Policía durante la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, y quien fue contratada como jefa de seguridad de LUMA. El gerente de manejo de crisis de la empresa es Abner Gómez, ex director del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres, también bajo la administración Rosselló.
El gobierno compartido, compuesto por un ejecutivo del PNP y una legislatura del PPD, crea la necesidad de una estrategia de cabildeo con ambos equipos. “Este es el ejemplo clásico de las puertas giratorias. LUMA está corriendo por todas las avenidas que pueda para congraciarse con el gobierno de Puerto Rico”, dijo Craig Holman, representante de la organización Public Citizen, que aboga en el Congreso estadounidense por la transparencia y la ética en el cabildeo, así como por la reforma en el financiamiento de las campañas políticas. “La herramienta más efectiva para que una organización reciba o mantenga un contrato es la puerta giratoria. Le da a la compañía una línea directa de comunicaciones con el gobierno. Cuando el exgobernador o un funcionario bien conectado levanta el teléfono, su llamada es respondida. Eso no sucede con el resto de nosotros”, añadió Holman.
William Vázquez Irizarry, profesor de derecho en la UPR y quien bajo la administración de la exgobernadora popular Sila María Calderón fue asesor de Fortaleza y Secretario de Justicia, también ha colaborado con LUMA. El abogado presentó argumentos en favor de la compañía ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como parte de la demanda de la Cámara de Representantes para que la empresa le entregue información. “No es una relación continua. Era por planteamientos constitucionales… Puertas giratorias es un tema de inmediatez. Las posiciones gubernamentales las ocupé hace quince años. Me contrataron por mi expertise”.
El presidente Cameral sostiene que no se puede decir que el PPD está dividido en torno a LUMA. La profundidad y la amplitud de la relación de ese partido con la empresa, dijo, se verá cuando la Cámara de Representantes pueda terminar de analizar y publicar los documentos que ha entregado LUMA como parte de la demanda.
