Los trabajadores de la salud en Bélgica que no quieran vacunarse contra el COVID-19 arriesgan su trabajo.
En medio de un nuevo brote de casos del coronavirus que ha obligado a los hospitales a reservar la mitad de sus camas en las UCI a enfermos de COVID-19, el gobierno federal terminó de elaborar un proyecto de ley que vuelve obligatoria la vacuna para los trabajadores de la salud.
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Tendrán tres meses de plazo para vacunarse a partir del 1 de enero. Durante ese período, los que no se vacunen serán notificados de la suspensión de su contrato a menos que puedan presentar un certificado de que se han recuperado del COVID-19 o resultados negativos de pruebas de manera periódica y quedarán desempleados temporariamente. A partir de abril, los que no puedan justificar debidamente su negativa podrían sufrir el despido.
Según distintos cálculos, unos 60 mil trabajadores de la salud en este país de 11,5 millones de habitantes no están vacunados contra el COVID-19.
El proyecto requiere la aprobación del Consejo de Estado y el sello presidencial.
La medida podría allanar el camino para la vacunación obligatoria de todos los sectores. Esa medida está ganando apoyo en la clase política, a pesar de que el primer ministro Alexander De Croo dijo en setiembre que no la aprueba.
Las cifras no lucen bien en Bélgica de cara al comité consultivo del miércoles, en el que se prevé que De Croo anunciará nuevas restricciones para tratar de detener la ola de contagios y hospitalizaciones.
En los últimos siete días se han registrado casi 10.000 casos nuevos, un aumento de 27%, en tanto las admisiones hospitalarias han aumentado 28% en el mismo período, de acuerdo con cifras del instituto de salud pública belga. El número de muertes también aumentó 27% en una semana a 26,7 muertes diarias. Un total de 26.400 personas han muerto de coronavirus en Bélgica.
