FEMA no atendió correctamente cientos de casos de acoso sexual

Una auditoría federal encontró que entre 2012 y 2018, al menos 305 empleados de FEMA en Estados Unidos y sus territorios, incluido Puerto Rico, sufrieron acoso sexual

Por Centro de Periodismo Investigativo

Una auditoría federal encontró que entre 2012 y 2018, al menos 305 empleados de FEMA en Estados Unidos y sus territorios, incluido Puerto Rico, sufrieron acoso sexual en sus puestos de trabajo, pero sus denuncias no tuvieron ninguna consecuencia constatable en el 50% de los casos.

Por: Víctor Luis Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo

La falta de un sistema de rastreo de casos de acoso sexual en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), sumado a la tardanza excesiva en atender denuncias y la ausencia de un proceso uniforme para investigar querellas surgen como los principales hallazgos de una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG, en inglés).

La auditoría encontró que FEMA no siempre informó e investigó adecuadamente las denuncias internas sobre conducta sexual inapropiada — que incluyen agresión sexual, insinuaciones sexuales no deseadas y comentarios sexuales — en sus operaciones en Estados Unidos y sus territorios. El hallazgo se dio luego de que la DHS-OIG analizara 305 querellas sobre acoso sexual al evaluar 7,000 documentos internos de FEMA con fechas entre 2012 y 2018.

Hace unos meses, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) entrevistó y revisó documentos oficiales de 19 personas que trabajan o trabajaron en la Oficina Conjunta de Recuperación de FEMA en Puerto Rico, desde donde se atiende el proceso de recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María. Documentó de ese modo un patrón de violencia de género, acoso sexual y hostigamiento laboral que han experimentado empleadas puertorriqueñas por parte de supervisores y compañeros de trabajo entre 2018 y 2021. Las personas afectadas coincidieron en denunciar la dejadez por parte de FEMA en atender estas situaciones, tal como se refleja ahora en la auditoría de la DHS-OIG.

Por ejemplo, la auditoría menciona que una persona — de la que no se indicó la pocedencia — alegó que, en el lugar de trabajo, varios empleados de FEMA hablaron de tener relaciones sexuales y que un compañero le dijo que “para conservar su trabajo tenía que tener relaciones sexuales con él”.

Aunque el empleado fue removido y la Unidad Contra el Acoso de FEMA dijo que investigaría el asunto, siete meses después de la denuncia, el caso permanecía abierto y la investigación carecía de resultados.

Un estudio sobre acoso sexual en el empleo al que hace referencia la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos (GAO, en inglés) indica que la magnitud y los efectos de ser víctimas de este tipo de situaciones en los puestos de trabajo no es comprendia a cabalidad, debido a que se estima que solo el 6% de los trabajadores que sufren acoso sexual denuncian el incidente.

Sin evidencia de investigaciones o acciones disciplinarias

De las 305 denuncias documentadas en la auditoría, FEMA no pudo probar que actuó en 153 de ellas. Las oficinas de FEMA responsables de investigar y disciplinar a los empleados por este tipo de conductas no guardan evidencia de las investigaciones o acciones disciplinarias, concluye el informe.

Para las denuncias con archivos completos, la DHS-OIG tampoco pudo determinar si FEMA realmente investigó esas querellas de manera adecuada. Aún más, la auditoría indica que FEMA no revisó querellas de acoso sexual antes de dar ascensos o plazas de trabajo.

El personal de las oficinas que manejan estos asuntos, como la División de Fraude e Investigaciones Internas, el Servicio de Relaciones Laborales y Empleados, y la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles (OER, en inglés), dijo tener dificultades para mantener documentos y rastrear casos porque no cuentan con un sistema de gestión adecuado que permita consolidar los archivos de cada denuncia.

La DHS-OIG dijo estar “preocupada” de que no hubiera información de las denuncias relacionadas con la política de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO, en inglés), pues desde 2010 el DHS estableció una plataforma digital para reportar y manejar este tipo de querellas y al que FEMA tenía acceso.

Aunque a nivel federal se recomienda que las querellas de EEO y las de acoso sexual se traten por separado, los auditores encontraron 26 expendientes de denuncias que contenían ambas situaciones. Ante la ausencia de informes de estos casos, no se pudo determinar si era necesario realizar una investigación separada por acoso sexual.

Según funcionarios de FEMA, solo se realizó una investigación interna sobre una querella que incluía violaciones a la política de igualdad de oportunidades y sobre conducta sexual indebida. No obstante, la denuncia sobre acoso sexual no se atendió hasta que concluyó la investigación sobre igualdad de oportunidades, en vez de simultáneamente.

La dejadez atribuída en la auditoría a la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles fue también una de las quejas recurrentes entre las personas en Puerto Rico que contaron sus testimonios al CPI. Por ejemplo, una de las querellantes — que pidió anonimato por temor a represalias — dijo que esta oficina de FEMA ha arrastrado los pies a la hora de atender sus denuncias de acoso sexual contra dos supervisores, y no le han dado algún remedio o protección e incluso la han descartado, luego de hacer las denuncias, para plazas fijas de trabajo a las que ha solicitado en varias ocasiones.

Laxa la Unidad Contra el Acoso al abordar querellas

La falta de investigaciones concretas y la tardanza excesiva en el manejo de las denuncias fueron otros de los hallazgos encontrados en los trabajos de la Unidad Contra el Acoso (AHU, en inglés) de FEMA.

Aunque FEMA alardeó de investigar las denuncias de acoso sexual “de inmediato” y de tomar “medidas apropiadas”, la auditoría encontró al menos 34 denuncias que la AHU no investigó.

Asimismo, hubo 12 denuncias en las que esta división tardó más de 100 días en completar una investigación. En tres de esas querellas, la investigación duró más de 200 días, cuando se supone que en 30 días se tramiten estos casos.

Cuando la DHS-OIG cuestionó el porqué de la tardanza, personal de AHU indicó que “no tenían los procesos documentados y las políticas necesarias para manejar de manera efectiva las acusaciones de acoso sexual”.

La DHS-OIG suministró en 2019 una encuesta en línea a los sobre 19,000 empleados de FEMA para recabar datos sobre experiencias de acoso sexual y fue contestada por 9,263 trabajadores de Estados Unidos y sus territorios. De esas respuestas, 765 indicaron haber experimentado algún comportamiento asociado a conducta sexual inapropiada en su lugar de trabajo; y 255, una tercera parte, dijo que no lo denunciaron porque no creían que las acusaciones serían investigadas. El 33% de las respuestas llegaron de personas que trabajan in situ en las misiones de recuperación de un desastre, como es el caso de la operación de Puerto Rico.

Reaccionan algunas víctimas puertorriqueñas

Tres de las víctimas que compartieron sus testimonios con el CPI no se sorprendieron con los hallazgos que encontró la DHS-OIG en su auditoría. Aseguraron que esta confirma lo que por mucho tiempo llevan denunciando e incluso se suma a la cadena de frustraciones que cargan luego de presentar querellas de acoso sexual en contra de supervisores y compañeros de trabajo.

“[La auditoría] es una palmadita en la mano. Les dijeron: ‘No lo hagas más’. Pero no hacen responsables a nadie por las acciones. Son impunes. Son como los políticos que se creen intocables. Pero si DHS y FEMA implementaran alguna investigación más seria y profunda e hicieran responsables a los victimarios y las personas que no hicieron bien su trabajo en la investigación, otro sería el cantar”, dijo María, nombre ficticio para proteger su identidad.

María relató que fue víctima de un ataque en un ascensor cuando un empleado de FEMA, traído de Estados Unidos, la trató de besar a la fuerza. Aunque lo informó a un supervisor inmediato, María le pidió que no escalara el asunto ni presentó una querella formal contra su agresor por miedo a perder su trabajo. Dijo que el hallazgo de la auditoría de la DHS-OIG — respecto a la dejadez en atender este tipo de denuncias en FEMA — confirma sus preocupaciones para no denunciar a su agresor.

“Imagínate ese ambiente con unas denuncias así de delicadas, como una acusación de conducta sexual inapropiada, y que la gente que se supone que te dé el apoyo y que vele por ti están de acuerdo con el liderazgo de más arriba; nadie se va a atrever a denunciar. Lo que pasa es que uno no se atreve porque no quiere que le pongan el sello de problemático. Los panas allí se hacen de la vista larga y se protegen entre ellos a pesar de que estamos hablando de comportamientos indebidos y hasta criminales”, sostuvo.

Con ella coincidió Carmen, también nombre ficticio, quien mantiene abierta una denuncia en FEMA contra su antiguo supervisor por hostigamiento laboral y otra contra otro empleado por acoso sexual.

“Es una fachada para callarnos la boca, tanto a los medios como a las víctimas. No están resolviendo el problema, siguen los agresores allá adentro. Los empleados de FEMA están bien protegidos entre ellos y es bien triste. Eso nos hace sentir que no importan los recursos internos que haya para ayudar, porque al final no van a hacer nada”, manifestó.

Según Carmen, recientemente se comunicó con FEMA para conocer el estatus de su caso, pero le indicaron que aún no ha pasado el tiempo establecido por la agencia para contestar este tipo de querellas. “Mientras, los agresores siguen trabajando allí. Estos hallazgos sobre las tardanzas confirman lo que estoy viviendo”, reclamó

Ambas lamentaron que FEMA haya perdido el norte de su función de servicio a la ciudadanía al no atender con mayor premura los casos relacionados con malas conductas de algunos empleados y exponiendo a que las víctimas pasen más tiempo en trámites burocráticos.

“Se pierde tiempo en esas oficinas donde supuestamente te van a ayudar. Ese tiempo se paga con fondos públicos y con nuestros impuestos. Yo estuve dos horas y media en la oficina de mediación de conflictos para que me acribillaran y no estuve más tiempo porque yo misma corté la conversación, pero ellos querían seguir discutiendo ese día y el lunes próximo. El mal manejo de estos asuntos envuelve pérdida de producción y dinero”, señaló Carmen.

María, por su parte, dijo que siente mucha frustración en que se invierta tiempo y dinero público en estas situaciones, mientras puede que haya personas en Puerto Rico que no se hayan recuperado de las pérdidas que tuvieron a raíz de los huracanes de 2017.

“Desde FEMA se está sirviendo a sobrevivientes de un desastre, a gente que perdió todo; que sus esperanzas estaban en esa casa o en ese negocio. Y estas estupideces internas no permiten que las personas reciban el trato justo para que ellos puedan recuperarse”, dijo.

Carmen criticó que en la auditoría no se incluyeran recomendaciones para atender a las víctimas, pues, dijo, estos asuntos y ambientes “tóxicos” perjudican la vida personal y emocional de estas personas.

“Si no eres tan fuerte, puede dañar tu producción en el trabajo. Yo pude cerrar algunos capítulos, pero esta situación está integrada a mi sistema y no hay manera de erradicarla. Tengo un trabajo nuevo y me da miedo ir. Me pone muy ansiosa, sobre todo, porque es una empresa que trabaja con los federales y sé que no estaré protegida si me vuelve a ocurrir algo similar”, sentenció.

Desde 2018, Rosa, nombre ficticio, ha sometido varias querellas en todas las oficinas de FEMA que atienden casos de conducta indebida, incluso en la DHS-OIG.

“¿Qué investigador de FEMA o de OIG se ha sentado conmigo? Ninguno. Para estas cosas tienen que escuchar a las víctimas. Chévere, ocurrió la auditoría, están los hallazgos y las recomendaciones, pero, ¿qué vas a hacer con las víctimas? ¿Cuáles son los remedios? Hace falta más, porque a mí me han violentado los derechos y estos tipos están en sus puestos de trabajo repartiendo el bacalao, mientras yo estoy en la fila del desempleo”, cuestionó Rosa.

Sus denuncias han sido contra dos supervisores que, por separado, presuntamente le hicieron acercamientos sexuales durante su trabajo en la oficina de FEMA en Manatí. Las denuncias también incluyeron querellas por discriminación, conducta indebida, nepotismo, faltas a la politica de igualdad en el empleo e incluso por sentirse amenazada cuando un empleado que le había hecho acercamientos sexuales alaerdeó de tener acceso a armas de fuego.

“Cada vez que revisito la situación me da tristeza, indignación y me da mucha frustración e impotencia. Esto es corrupción. La OIG puede haber dado con el mierdero que hay en FEMA, pero dónde están los remedios para las víctimas y las acciones disciplinarias contra los agresores”, reiteró.

Para Rosa, la auditoría no impulsa acciones concretas y lo que hace es “proteger” a los presuntos agresores.

“Me parece increíble que a estas alturas el OIG saque una auditoría con unos hallazgos enfocados solo en los procesos y en la que se dan por cerrado cuatro de los cinco hallazgos, cuando FEMA no ha actuado en pro del bienestar de las reclamaciones y mucho menos de las víctimas. Para mí, es un verdadero espejismo y un circo”, concluyó.

Mutis del Coordinador en Puerto Rico

El coordinador federal de Recuperación de Desastres para Puerto Rico, José Baquero Tirado, no estuvo disponible para comentar sobre los hallazgos de la auditoría.

Aunque el CPI documentó denuncias en Puerto Rico que se remontan al 2018, no fue hasta el 1 de febrero de 2020 que FEMA asignó el manejo y atención de todas las querellas por acoso a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR, en inglés), que fue creada a nivel central por la agencia en 2019.

La agencia también mencionó que a nivel central tiene un Plan de acción para mejorar la cultura de trabajo que traza un cronograma de actividades y adiestramientos para orientar sobre el hostigamiento y el discrimen. Este plan acoge las recomendaciones de los hallazgos de una encuesta interna que realizó la empresa RAND, contratada por FEMA en el 2019 tras las alegaciones de hostigamiento sexual por un alto ejecutivo.

En reiteradas ocasiones, Baquero Tirado se ha negado a solicitudes de entrevista con el CPI para conocer qué acciones locales, si alguna, ha tomado la agencia para evitar estas situaciones en Puerto Rico y conocer si han dado remedios a las víctimas. Sobre este tema, el funcionario se limita a enviar declaraciones genéricas escritas y carentes de datos.

A través de una fuente, el CPI supo que hace unos días empleados de FEMA en Puerto Rico recibieron adiestramientos sobre prevención de conducta sexual indebida y estrategias de respuestas. Los talleres fueron dictados por personal de la Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN), una organización que trabaja en alianza con el Departamento de Defensa de Estados Unidos en “programas para

prevenir la violencia sexual, ayudar a las sobrevivientes y garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia”.

En un correo enviado a los empleados de FEMA, Baquero Tirado mencionó que estos talleres son una iniciativa “importante” que cuenta con el apoyo de los líderes del proceso de recuperación en Puerto Rico.

“Cada componente de las sesiones de RAINN se centrará en cómo los problemas de conducta sexual inapropiada pueden ocurrir y le proporcionará habilidades y estrategias para usar en su vida diaria, esto incluye tanto en persona como virtualmente”, señaló el funcionario en la comunicación a la que el CPI tuvo acceso.

Por más de un año, el CPI ha solicitado a las oficinas centrales de FEMA, en Washington, D.C., el desglose por estado y territorio de las denuncias sobre acoso sexual que han recibido sus distintas oficinas sobre igualdad de derechos civiles.

FEMA indicó al CPI que “no rastrea las querellas de esta manera (por estado o territorio) y, por lo tanto, no mantiene dichos registros”, según Brooke Nicholas, especialista principal en información gubernamental de la División de Gestión de la Información de FEMA.

Igualmente, el CPI solicitó el desglose por estado o territorio de los 305 casos identificados en la auditoría a DHS-OIG. La petición debe hacerse por medio de un trámite amparado en la Ley federal por la Libertad de la Información, contestó el ente federal. Este trámite, que ya se realizó, puede tardar meses e incluso años en atenderse.

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Si usted o alguna persona que conoce atraviesa por una situación de violencia de género, consulte el siguiente directorio de organizaciones que ofrecen ayuda: https://pazparalamujer.org/directorio-ayuda/

También puede comunicarse con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres llamando a la línea 787-722-2977.

Si es empleada o empleado de FEMA, puede hacer sus denuncias a través de la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR, en inglés) en el siguiente enlace: https://www.fema.gov/es/about/offices/professional-responsibility Víctor Rodríguez Velázquez es integrante de Report For America.

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