Una proyecto de ley similar al aprobado en el estado de Texas que prohíbe el aborto una vez se detecta el latido cardíaco del feto fue radicado por la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.
El Proyecto de la Cámara 1084 crearía la “Ley del Latido Cardíaco del no Nacido en Puerto Rico”.
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La propuesta ley obligará a los médicos a realizar un examen para detectar latidos cardíacos al feto y de existir dichos latidos, el galeno no podrá efectuar el aborto solicitado por la paciente. La ley impone un pago mínimo de $25,000 por “daños estatutarios” a cualquier médico que realice un aborto contrario a lo que dice el estatuto. Asimismo, un Tribunal podría aumentar el monto del pago de entender que los “daños” son mayores.
Además, la ley “impone responsabilidad a los hospitales, centros o clínicas que permitan o se beneficien económicamente de un aborto en contravención a lo establecido en el referido Proyecto”.
“En Puerto Rico existen seres humanos a los cuales todavía no se les reconoce el derecho a la vida. Sorprendentemente los no nacidos se encuentran en el mayor estado de vulnerabilidad mientras se desarrollan en los vientres maternales. Este lugar, que debe ser una cuna de vida, lo ha convertido en el más cruel patíbulo sacrificial. Con mi proyecto, repudio el asesinato de bebés indefensos y reafirmo mi compromiso con la dignidad de todo ser humano”, argumentó la representante por acumulación en declaraciones escritas.
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El proyecto de la legisladora fundamentalista se asemeja a la aprobada recientemente por el estado de Texas que impone las restricciones más amplias a la práctica del aborto en Estados Unidos.
La ley, que el gobernador republicano Greg Abbott promulgó en mayo, prohíbe practicar abortos una vez que se detecte actividad cardíaca en el feto, lo cual sucede por lo general a las seis semanas de gestación, antes de que algunas mujeres se hayan enterado siquiera de que están embarazadas. Para hacer respetar la ley, Texas le delegó a la ciudadanía la capacidad de presentar demandas contra los violadores de la medida, otorgándoles una compensación de al menos 10.000 dólares si su caso resulta exitoso.
El gobierno del presidente Joe Biden apeló la aplicación de la ley que ha obligado a muchas mujeres de Texas a viajar a otros estados para acceder a servicios de terminación de embarazo.
La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos indicaron a principio de mes que permitirían a los proveedores de servicios de aborto apelar la estricta ley de Texas.
Los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, dos conservadores nominados por el expresidente Donald Trump, votaron en septiembre a favor de permitir que la ley entrara en vigor, pero luego plantearon dudas sobre su estructura. La ley, redactada para dificultar la presentación de impugnaciones legales, puede imponer fuertes cargas económicas a clínicas, médicos y cualquier otra persona que facilite los abortos.
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