La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, e Hispanic Federation pidieron hoy al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Administración Biden-Harris que dejen de negar programas federales y de asistencia para salvar vidas a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y que retiren su apelación en el caso Estados Unidos vs. Vaello-Madero, ahora ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
En una conferencia de prensa celebrada en la Escuela Elemental Santiago Iglesias Pantín en el Caño Martín Peña de San Juan, la Procuradora General y Frankie Miranda, presidente y CEO de Hispanic Federation, se unieron a líderes locales y visitantes para crear conciencia sobre el potencial-caso histórico que determinará si es constitucional negar el acceso a los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), a los ciudadanos que de otro modo serían elegibles, basándose únicamente en su condición de residentes de Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de los EE.UU. o Samoa Americana. Veredictos anteriores de los tribunales de distrito y de circuito determinaron que excluir a los puertorriqueños y residentes de otros territorios del acceso a estos beneficios es una violación de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El gobierno federal apeló el caso y está previsto que las discusiones se lleven a cabo en la Corte Suprema este próximo martes 9 de noviembre.
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“Imaginemos que el Departamento de Justicia de los EE. UU. expone un argumento en contra de brindar un acceso equitativo a beneficios federales que pueden cambiar la vida e incluso salvar vidas a un ciudadano americano que vive en Nueva York, Florida, Oklahoma o cualquier otro estado”, dijo la Fiscal General James.
“Esa es exactamente la forma de discriminación y trato injusto que más de 3 millones de ciudadanos americanos están experimentando actualmente solo porque viven en Puerto Rico. Apoyamos esta lucha en la Corte Suprema porque todos los ciudadanos merecen el derecho a la misma protección ante la ley, sin importar dónde vivan. Es hora de que el gobierno federal abandone esta práctica y ayude a garantizar que ningún ciudadano se quede atrás mientras nuestro país trabaja para ser mejor “, señaló.
En septiembre, la Procuradora General James, como parte de una coalición de 18 procuradores generales, presentó un escrito de amicus en el caso Estados Unidos contra Vaello-Madero, donde instaron a la Corte Suprema a rechazar los continuos esfuerzos del gobierno federal para discriminar a los territorios americanos de Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Samoa Americana. En el escrito, la coalición de procuradores generales argumenta que el precedente legal sostiene que el Congreso debe tener más de una razón para tratar una región del país de manera diferente a otra, y que el Congreso ni siquiera ha sido consistente con su comportamiento porque ha incluido algunos territorios en programas de beneficios excluyendo a otros. Además, la coalición argumentó que excluir territorios de los programas contra la pobreza perjudica a los ciudadanos más necesitados, y que el trato diferencial de los territorios estadounidenses tiene sus raíces en un gobierno racista.
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Hispanic Federation también continuará presionando a la Administración Biden a que tomen medidas directas para poner fin a la discriminación contra Puerto Rico.
“Si bien reconocemos los importantes esfuerzos de la Administración Biden para incluir el SSI para Puerto Rico en la propuesta de legislación “Build Back Better”, no podemos continuar dejando los derechos de los puertorriqueños a los caprichos del Congreso”, afirmó Frankie Miranda, Presidente & CEO de Hispanic Federation. Miranda se reunió con el presidente Biden en la Casa Blanca en agosto pasado y le pidió que desistiera de su defensa del caso. Según Miranda, “Esta discriminación injusta contra Puerto Rico en SSI y otros programas federales tiene sus raíces en precedentes descaradamente racistas de la Corte Suprema determinados hace más de un siglo. La oportunidad es ahora para que el presidente Biden y la Corte Suprema finalmente corrijan este error con un nuevo precedente legal que deja en claro que negar injustamente a cualquier ciudadano americano sus plenos derechos es inconstitucional e indefendible”.
Hispanic Federation también se unió a un escrito de amicus diferente con otros grupos de defensa sin fines de lucro pidiendo a la Corte Suprema que deje de negar a los ciudadanos americanos en Puerto Rico sus derechos constitucionales y ha presionado a la Administración Biden en todo momento para que mantenga su promesa de campaña y ponga fin a su defensa de la discriminación contra los Puertorriqueños. Continuará haciéndolo, incluso estando en la Corte Suprema el martes 9 de noviembre cuando se llevarán a cabo los argumentos orales.
Como parte de sus esfuerzos continuos de defensa de la equidad para Puerto Rico en los programas federales, incluyendo SSI, Hispanic Federation reunió a la Procuradora General James con líderes del G-8 (una organización comunitaria local) y MAVI (una organización local sin fines de lucro que trabaja con personas con discapacidades). También estuvo presente Aurelis Aponte, la madre de una niña de cuatro años con siete afecciones cardíacas mayores que perdió los tan necesarios beneficios de SSI después de regresar a Puerto Rico desde Florida. La familia había sido desplazada anteriormente por el huracán María.
Aponte explicó: “Después de sólo un mes de mudarnos a Florida, nuestra familia fue aprobada para recibir cupones de alimentos, Medicaid y los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Estos beneficios fueron una bendición para nosotros mientras luchábamos por recuperarnos y cuidar de nuestra familia. Sin embargo, no pude evitar preguntarme por qué mi familia no recibió este tipo de ayuda cuando vivíamos en Puerto Rico y luego los perdió por simplemente mudarnos de regreso a casa. Por eso les pido al presidente Biden, a los jueces de la Corte Suprema, y a los miembros del Congreso sólo una cosa: bríndenle a mi hija Isabella una oportunidad justa de vivir y terminar con esta discriminación contra Puerto Rico”.
“Es inconstitucional e inaceptable que a los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico se les ofrezcan menos derechos y beneficios que el resto de nosotros”, dijo Rubén Díaz Jr., presidente del condado de El Bronx. “Como neoyorquinos, debemos actuar para ayudar al pueblo de Puerto Rico, y aplaudimos a la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, y a la Federación Hispana, por su incansable trabajo para garantizar la igualdad y que nadie sea tratado como un ciudadano de segunda clase en los Estados Unidos de América”.
“El caso del señor Vaello-Madero es un momento en el que Estados Unidos se verá obligado a ser honesto sobre su relación con el pueblo de Puerto Rico. La decisión de la Corte Suprema Federal establecerá un precedente que reconocerá la responsabilidad de los Estados Unidos con el pueblo de Puerto Rico, o emitirá un ‘cheque en blanco’ para privar al pueblo de protecciones iguales”, dijo Jessica Ramos, senador estatal de Nueva York. “En el Estado de Nueva York, hemos tomado medidas para afirmar que todos tienen derecho a la atención y los beneficios que pagan sus impuestos. La Fiscal General James argumentó esto con éxito a través del Primer Circuito, y continuaremos apoyándola mientras nos aseguramos de que a ninguno de nuestros vecinos puertorriqueños se les niega ayuda o apoyo”.
“Durante décadas, la isla de Puerto Rico se ha utilizado por sus recursos y cuando ha sido políticamente beneficiosa para los poderosos. Sin embargo, cuando se trata de que los puertorriqueños puedan acceder a los beneficios, derechos y protecciones necesarios, continúan enfrentando barrera tras barrera. Francamente, esto es racista e inaceptable”, dijo Jessica González-Rojas, asambleísta estatal de Nueva York. “Estoy agradecido de que nuestra Fiscal General del Estado, Letitia James, haya presentado un escrito de amicus en el caso de los Estados Unidos contra el Sr. Vaello-Madero, a la Corte Suprema. Debemos asegurarnos de que los puertorriqueños sean tratados como iguales a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Además, insto a los miembros del Senado Federal y el Congreso, a que sigan abogando por que ampliemos el Seguro Social y Medicaid en el acuerdo “Build Back Better.” Esto proporcionaría la asistencia necesaria a cientos de miles de personas que viven en los territorios de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Después de décadas de desempoderamiento, estamos exigiendo equidad para los puertorriqueños y nada menos”.
“El caso de los Estados Unidos contra Vaello-Madero expone una gran diferencia entre la experiencia de los puertorriqueños en la isla y la experiencia en los Estados Unidos continentales”, dijo Nathalia Fernández, asambleísta estatal de Nueva York. “Felicito enormemente a la Fiscal General James por hacer todo lo posible para proteger a nuestros más vulnerables de la retribución injusta y poco práctica, de un sistema que debiera ayudar en vez de causar daño”.
“Durante demasiado tiempo, el pueblo de Puerto Rico ha recibido una taquigrafía en lo que respecta a los beneficios federales que les corresponden, y seguir negando ayuda y beneficios a los residentes puertorriqueños sería inhumano, ilegal y racista”, dijo el congresista Adriano Espaillat, representante del Distrito 13 de NY. “Los residentes de Puerto Rico merecen paridad en los beneficios federales que de otro modo recibirían en el continente. Aplaudo a la Procuradora General James por su liderazgo en este tema crítico y le agradezco su compromiso inquebrantable para asegurar que le echemos una mano a todos los ciudadanos estadounidenses, especialmente a aquellos que más lo necesitan”.
El caso U.S. vs. Vaello-Madero se centra en José Luis Vaello-Madero, un anciano de 88 años que vive con discapacidades y que recibió beneficios de SSI mientras vivía en Nueva York, pero fue excluido y retirado del programa cuando se mudó a Puerto Rico. La Administración del Seguro Social ahora está exigiendo que incluso les reembolse los pagos de beneficios por discapacidad que recibió anteriormente mientras estaba en la isla, un territorio de EE.UU. desde 1898. El caso del Sr. Vaello-Madero se ha vuelto emblemático por la necesidad de cambiar los precedentes de elegibilidad en EE.UU. para los ciudadanos que viven en Puerto Rico y en otros territorios de los Estados Unidos. La apelación fue presentada inicialmente por la Administración Trump, pero ahora la Administración Biden la continúa.
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