Tal como había adelantado en pasados días a través de una moción, la Junta de Control Fiscal (JCF) sometió un Octavo Plan de Ajuste Enmendado (PAD) que contempla la congelación de los planes de pensión definida, lo que afectará a participantes activos de los sistemas del gobierno central, maestros y jueces.
En la propuesta, que irá a confirmación de la jueza federal Laura Taylor Swain a partir del próximo lunes, la JCF eliminó los recortes a los beneficios mensuales que estaban contenidos en la séptima versión del PAD, que implicaban una reducción de hasta 8.5% a las pensiones que excedieran los $1,500 al mes.
Sin embargo, el PAD enmendado, sometido pasadas las 10:00 p.m. del miércoles, busca congelar los planes de beneficio definido a los que cotizan tanto los participantes del Sistema de Retiro de Maestros (SRM) y el Sistema de Retiro de Jueces (SRJ), acción que tanto el gobernador Pedro Pierluisi como el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el líder cameral, Rafael “Tatito” Hernández, han argumentado requeriría legislación adicional.
“Para efectuar la congelación de los derechos contractuales de los participantes activos” de “acumular beneficios de pensión bajo las leyes de Puerto Rico […] las obligaciones contractuales del territorio de acumular dichos beneficios […] deberán considerarse rechazadas (‘rejected’) a la luz de la sección 365(a) del Código de Bancarrota”, indica el PAD en las secciones referentes al trato que recibirían tanto los participantes activos del SRM como el SRJ.
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“Todas las provisiones de la Constitución o las leyes territoriales, incluyendo, sin limitación, los estatutos mencionados en la Parte III del Exhibit ‘K’, órdenes ejecutivas, reglamentos, regulaciones y políticas en efecto a la Fecha de Confirmación que creen, requieran o implementen pensiones de empleados y otros beneficios que sean modificados y/o sean preservados total o parcialmente en este plan, quedan anuladas (‘preempted’) por su inconsistencia con la Ley Promesa, hasta tal grado en que sean inconsistentes” con el PAD, añade el documento, radicado anoche por la JCF.
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El PAD, asimismo, prohíbe que tanto los empleados activos del gobierno central, como los del SRJ y el SRM, al igual que las tres clases de empleados retirados que ya están devengando su pensión, sean elegibles para beneficiarse de ajustes futuros por aumentos en el costo de vida.
Las congelaciones de los planes de beneficio definidos todavía abiertos se consumarían a partir de la fecha de efectividad del PAD. La fecha de efectividad no se especifica en el documento, sino que, en su lugar, se establece una serie de condiciones que deben haberse cumplido, posterior a la orden de confirmación judicial, para que el PAD entre en vigor.
En el caso de los empleados del gobierno central, algunos beneficios dependerían, esencialmente, del momento en fueron reclutados como trabajadores en el sector público.
Por ejemplo, aquellos empleados que entraron al gobierno antes del 2000, y continuaron cotizando posterior al 30 de junio de 2013 –año en que se reformó el sistema de pensiones– recibirán el valor de su pensión acumulada hasta el 3 de mayo de 2017 –día en que el gobierno se acogió a la protección del Título III de la Ley Promesa–, balance al que se le aplicará una tasa de interés de 4% hasta el momento en que la cantidad acumulada se convierta en una anualidad.
Todos los empleados activos del gobierno central, igualmente, recibirían un pago de $2,600 que se depositaría en las cuentas de contribución definida que se crearon con la Ley 106-2017, bajo la cual el gobierno paga sus pensiones desde el Fondo General mediante el mecanismo de ‘pay-as-you-go’
Por su parte, los participantes del Sistema 2000 –que entraron al gobierno a partir del 1 de enero de 2000– tendrán derecho a sus contribuciones realizadas hasta el 30 de junio de 2017 y el interés acumulado hasta el 3 de mayo de 2017. Estas cantidades deberán estar depositadas en cuentas individuales que, bajo las disposiciones de la Ley 106, a su vez, serían depositadas en el fondo de inversión que seleccione el administrador del plan, “a menos que el participante haya elegido afirmativamente opciones de inversión distintas”, indica el PAD.
A través del PAD también se crea el Fideicomiso de Reserva de Pensiones, un fondo al que anualmente el gobierno inyectaría unos $175 millones, además de una cantidad que fluctuaría en función de los recaudos del gobierno y el servicio a la deuda en determinado año fiscal, desde el que se cumpliría con las obligaciones a los retirados. Este fondo requeriría también una contribución gubernamental inicial de $5 millones para los gastos administrativos relacionados a su creación.
Según el abogado experto en Promesa Rolando Emmanuelli, las disposiciones relacionadas con las pensiones incluidas en el PAD impedirían, por al menos 10 años, aumentos en las pensiones del sector público.
“La torpeza en la redacción de la Ley 53 dejó pensiones sin incrementos futuros, por lo menos por 10 años. Anuló el sistema de retiro y beneficios futuros dispuestos para maestros y jueces; y eliminó la disposición del Benefit Restoration”, escribió Emmanuelli en su cuenta de Twitter, aludiendo al estatuto que autorizó las emisiones de bonos contempladas en el PAD.
La Junta radicó el 8vo Plan de Ajuste. La torpeza en la redacción de la Ley 53 dejó pensiones sin incrementos futuros, por lo menos por 10 años. Anuló el sistema de retiro y beneficios futuros dispuestos para maestros y jueces; y eliminó la disposición del Benefit Restoration.
— Rolando Emmanuelli (@Remmanuelli) November 4, 2021
En pasados días, ya la JCF había estipulado su interpretación de dicha Ley 53, particularmente en lo referentes a las pensiones. Específicamente, la JCF concluyó que las disposiciones de “cero recortes” contenidas en la ley solo aluden al beneficio mensual, sin representar una protección contra la congelación de los planes de beneficio definido de los empleados activos.
El Octavo Plan de Ajuste Enmendado consolida las acreencias del gobierno central con los bonos emitidos por el Administración de Sistemas de Retiro y la Autoridad de Edificios Públicos, que totalizan unos $33,000 millones en deudas.