El fiscal especial independiente (FEI), Ramón Mendoza admitió el jueves que no tiene pruebas que le permitan radicar acusaciones contra funcionarios o exfuncionarios de gobierno, razón por la que decidió llevar el caso contra Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick, por su participación en la fallida compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19, bajo la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
“La presentación de prueba contra estas personas no significa que no haya otras personas implicadas. Si no podemos, si no tenemos determinada prueba, no podemos especular, no podemos dar ningún otro paso. Así que, en este momento, a la fecha que es hoy, específicamente, estamos parado aquí y el hecho de que puede haber otros implicados o que mañana se continúen o inicien nuevos procesos investigativo, eso no es una excusa para que aquellos que han violado la ley y que, en este momento, estamos trayendo ante el tribunal, pues paguen por eso”, dijo el Mendoza a preguntas de la prensa.
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El FEI insistió en que el hecho de no tener en este momento prueba para encausar a funcionarios o exfuncionarios de gobierno significa que hayan hecho una investigación débil.
“Las investigaciones deben ser serias y comprometidas con la verdad y con la prueba. Nosotros vamos a llegar a donde nos lleve la prueba”, sostuvo.
Por su parte, la abogada de Juan Maldonado, Mayra López Mulero anticipó que apelará la determinación de la jueza de primera instancia, por falta de jurisdicción del FEI.
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“Vamos a insistir que el FEI no tiene jurisdicción después de haber exonerado a todos los funcionarios públicos que eran los que tenían todo el control y el deber ministerial de velar por los tramites de la adquisición de pruebas y eran los que exigían los requisitos a las personas privadas y después la certificaban. Ahora resulta que lo que certificaron es constitutivo de delito, o sea, esto es una cosa absurda”, expresó.
No obstante, el FEI Mendoza insistió que el argumento de falta de jurisdicción “es un refrito”.
La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Centro Judicial de San Juan, encontró causa para arresto contra Juan Maldonado de Jesús por su participación en la compra de pruebas rápidas de COVID-19 bajo la administración de la ex gobernadora.
Contra el también exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), se halló causa por los delitos de falsificación, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsos, tentativa de fraude, intervención ilegal en los procesos gubernamentales por hechos no relacionados con ese puesto, sino como representante legal de la empresa Apex General Contractor. Contra Maldonado de Jesús se le impuso una fianza de 250 mil dólares; mientras que al empresario Aaron Vick, se le impuso una fianza en ausencia de 200 mil dólares y se ordenó su arresto.
La vista preliminar será el 22 de noviembre y este viernes, el exfuncionario será fichado en la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).
