Un “tribunal ciudadano” abrió el miércoles en los Países Bajos para enfatizar la cantidad de periodistas en el mundo que han sido asesinados por hacer sus trabajos, con frecuencia sin consecuencias para sus asesinos.
El tribunal, convocado por un grupo de organizaciones de libertad de prensa, no tiene poderes para sancionar a los perpetradores, pero presentará evidencia para generar conciencia sobre casos en que periodistas han sido atacados para amedrentarlos. Se anticipa un juicio en mayo del próximo año.
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La primera audiencia se llevó a cabo en el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, una campaña declarada por la Asamblea General de la ONU. Compareció ante el tribunal uno de los dos periodistas en recibir el premio Nobel de la Paz el mes pasado por su lucha por la libertad de expresión en países donde los reporteros se han enfrentado a ataques persistentes, amenazas e incluso la muerte.
La galardonada con el Nobel de Filipinas, Maria Ressa, quien se unió a través de video, hizo una advertencia sobre lo que califica como “armamentización” de las redes sociales, que rápidamente multiplican los mensajes de odio usados en intentos para silenciar opiniones críticas.
“La metanarrativa, por ejemplo, en mi caso es: periodista es igual a criminal. Si dices esa mentira un millón de veces, se convierte en realidad”, dijo.
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Hatice Cengiz, la prometida del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi, también habló y dijo que “todavía estamos en peligro porque hay impunidad”.
Los organizadores del tribunal dijeron en su denuncia que, desde 1992, al menos 1.400 periodistas han sido asesinados por hacer su trabajo. “En por lo menos 900 de estos casos, los periodistas fueron asesinados en represalia directa por su trabajo. En 86% de los casos, ninguno de los perpetradores fueron llevados ante la justicia”.
El tribunal se enfoca en tres periodistas asesinados: Lasantha Wickrematunge en Sri Lanka, Nabil Al-Sharbaji en Siria y Miguel Ángel López Velasco en México. Los activistas han “imputado” a los gobiernos de estos países por “no lograr hacer justicia” en los casos de homicidios. Se anticipa que la evidencia sea presentada en futuras audiencias a principios del próximo año.
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