Un grupo de mujeres con pañuelos verdes a favor del aborto protestaron el viernes en las puertas del Conferencia Episcopal de Bolivia a pocos días de que se difundiera el caso de una niña violada y embarazada que se encuentra en un centro de acogida de la Iglesia Católica.
Inicialmente la familia consideró interrumpir el embarazo de la niña de 11 años, pero luego dio marcha atrás. La menor tiene cinco meses de gestación y la Iglesia alega que defiende la vida de ella y del bebé. La Conferencia Episcopal expresó en un comunicado que “no se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito”.
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En el país sudamericano está prohibido el aborto, pero hay una sentencia constitucional que lo permite en casos de violación o de riesgo de vida para la madre.
La semana pasada la tía de la niña interpuso una denuncia por violación por parte del abuelastro después de que la menor se dio cuenta de que el bebé se movía y fue hacerse una revisión médica en la localidad de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz.
Activistas en favor de la despenalización del aborto, que defienden los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y el gobierno del presidente Luis Arce han considerado que el acercamiento de la Iglesia a la familia de la niña para que reconsiderara interrumpir el embarazo fue una “intromisión”.
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“Estamos aquí protestando por el secuestro de la niña de 11 años. Ha sido secuestrada por la iglesia… Queremos darle nuestro apoyo a la niña y a la vez repudiar la doble moral de la Iglesia”, dijo una activista que prefirió no dar su nombre mientras protestaba.
La Organización de Naciones Unidas en Bolivia dijo en un comunicado que someter a una niña a un embarazo forzado está “calificado como tortura” e “instó a las autoridades a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados”.
En tanto, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo a The Associated Press que una niña de 11 años no tiene la capacidad ni está preparada su salud física y mental para afrontar una situación de embarazo. “Hay algo que la Iglesia Católica tampoco está midiendo: la crisis posparto en mujeres en general existe y afecta emocional y psicológicamente a las mujeres, pero en una niña de 11 años es mucho peor”, agregó.
Su despacho interpuso en la víspera tres demandas judiciales para lograr la interrupción del embarazo y para sentar un precedente para este tipo de casos. La Fiscalía acepto las demandas y se investigará.
Según Cruz, el índice de violencia sexual en el caso de la niñez y adolescencia ha subido pero “en cifras que todavía siguen en negro” debido a que las denuncias podrían aumentar porque por la pandemia se han llevado clases semipresenciales, virtuales y pocos han vuelto a la normalidad. “Las víctimas de violencia entre niñez y adolescencia podían acudir al profesor o al director de la unidad o a la profesora. En ese momento todo eso se ha cortado”, concluyó.
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