Aunque tanto el gobernador Pedro Pierluisi como los líderes legislativos celebraron en la noche del martes la firma de la ley que habilitaría un Plan de Ajuste de Deuda (PAD) emendado para el gobierno central, la previsible resistencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) a ciertas disposiciones deja abierta la puerta a que la pieza deba regresar a la Asamblea Legislativa en los próximos días para que se le introduzcan enmiendas.
Esa posibilidad descansa en los resultados del proceso de mediación confidencial entre la JCF y los funcionarios electos que ordenó, el pasado lunes, la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de quiebra de las entidades gubernamentales puertorriqueñas que se han acogido al Título III de la Ley Promesa.
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Las posibles enmiendas legislativas, a su vez, serían solo uno de múltiples pasos que, a juicio de Rolando Emmanuelli, abogado experto en Promesa, deberían tomarse en el apretado calendario que resta para el 8 de noviembre, la fecha en que deben comenzar las vistas de confirmación del PAD.
La próxima fecha clave, sin embargo, es la del 2 de noviembre, cuando Barbara Houser, jueza federal designada por Swain para atender los procesos de mediación bajo el Título III, debe someter un informe sobre los resultados de las conversaciones entre la JCF y el gobierno puertorriqueño.
“Si hubiera un acuerdo antes de esa fecha, obviamente se anunciará antes, pero hasta esa fecha podrían estar hablando”, dijo Emmanuelli, al recordar que, desde la perspectiva de adelantar un PAD que pueda ser evaluado a partir del 8 de noviembre, impulsar enmiendas a la Ley 53-2021 representaría un riesgo, toda vez que cambios al lenguaje podrían no contar con el aval de una mayoría de los legisladores.
En el Senado, la medida fue favorecida por el margen mínimo, en votación 14-13, y solo luego de que el legislador novoprogresista Gregorio Matías revirtiera su postura de oposición al proyecto.
Ayer Pierluisi, en conferencia de prensa, minimizó la posibilidad de que la Ley 53 sufra enmiendas producto de las sesiones de mediación.
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“Al revés, lo que anticipo es que cualquier duda que se tenga se pueda aclarar, y que se llegarán a unos acuerdos en cuanto al impacto de esta medida que se firmó ayer”, dijo.
La legislación estipuló que, si el PAD mantenía los recortes a las pensiones, o alude a congelaciones de beneficios futuros, la Ley 53 quedaría anulada y, con ello, la autorización para emitir los bonos reestructurados, un elemento que la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, ha tildado como una “píldora venenosa”.
El martes, luego de que el Senado avalara el proyecto, el presidente del cuerpo, José Luis Dalmau, no abundó sobre la posibilidad de que la JCF insista en su oposición al lenguaje, limitándose a decir que la Asamblea Legislativa participaría de la mediación ordenada por Swain.
Trámites pendientes
Independientemente de si la Ley 53 recibe enmiendas, la JCF deberá someter un nuevo PAD con las modificaciones que se acuerden con los oficiales electos del gobierno. La posibilidad de que las vistas de confirmación puedan arrancar el 8 de noviembre dependerá de la fecha en que la JCF cumpla con ese trámite, considerando que los acreedores deben tener la oportunidad de presentar sus objeciones al PAD.
“Yo creo que eso tiene que hacerse en o antes del 4 (de noviembre). Cuando informen (la postura de la JCF tras la mediación), radicar ahí mismo el PAD”, sostuvo Emmanuelli, quien representa a grupos sindicales, como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, en los casos de quiebra gubernamental.
No obstante, para que el PAD tenga mayores posibilidades de confirmación, la JCF también deberá enmendar su plan fiscal certificado, para adaptarlo a los acuerdos que haya alcanzado con la Legislatura y el ejecutivo, opinó el abogado. Además de las modificaciones a los recortes anteriormente previstos a las pensiones, otras enmiendas al plan fiscal incluirían las asignaciones fijas de $500 millones anuales a la Universidad de Puerto Rico y desembolsos a los municipios para servicios de manejo de desperdicios sólidos, que actualmente no están contemplados en el documento.
“Si no hay congruencia entre el plan fiscal y el PAD podría prevalecer una objeción. El plan de ajuste tiene que ser compatible con el plan fiscal”, recalcó Emmanuelli.
Si bien en la viste urgente del lunes Jaresko planteó que la JCF estaba “preparada” para retirar el PAD si la Legislatura no accedía a sus reclamos, y la jueza Swain le prohibió tomar esa acción antes del proceso de mediación, Emmanuelli sostuvo que las posibilidades de una desestimación del caso son remotas, en parte porque el organismo fiscal, como representante del deudor, tiene un deber de fiducia con las entidades gubernamentales de Puerto Rico sometidas al Título III.
“La (sección) 930 del Código de Quiebras tiene dos áreas grandes para desestimar: abandono del caso, (que implica que) no sometí el plan cuando lo ordenaron, no sometí los votos o no seguí las órdenes del tribunal. Esos son los deudores irresponsables, pero eso no va a pasar aquí, estos son bufetes internacionales de Wall Street. El otro asunto es, si se ve el caso y la jueza no lo confirma, la jueza puede, en la orden denegando la confirmación, archivar el caso. Pero la propia sección 930 dice que se resuelve el asunto del archivo radicando un nuevo plan. Todas esas amenazas estaban infundadas”, subrayó Emmanuelli.
