La jueza Laura Taylor Swain rechazó el pedido de la Junta de Control Fiscal (JCF) de posponer las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central, al dejar en manos del equipo de mediación que lidera la jueza Barbara Houser determinar si será posible proceder con el juicio desde el 8 de noviembre, según calendarizado al momento.
Durante una vista urgente que se extendió por casi dos horas, y ante la declaración de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, de que el organismo estaba “preparado” para retirar el PAD enmendado si las vistas de confirmación no se posponían al menos 72 horas, Swain ordenó al ente encargado de las finanzas del país que se abstuviera de tomar esa acción, al menos hasta que Houser sometiera el informe de mediación el 2 de noviembre.
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En caso de que Houser concluyera que las vistas no deben comenzar el 8 de noviembre, la JCF debería someter, al día siguiente, su postura sobre si existe un “plan confirmable”, si los procedimientos pueden completarse antes de los plazos establecidos en el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración y cuáles serían las alternativas para confirmar un PAD sin legislación habilitadora.
Según Jaresko, las modificaciones que el liderato legislativo introduciría al Proyecto de la Cámara (PC) 1003 –que autorizaría la emisión de bonos dispuesta en el PAD–, con la intención de aprobarlo mañana en ambas cámaras, contiene dos “píldoras venenosas”. Específicamente, Jaresko aludió a que el lenguaje avalado por los presidentes legislativos y los portavoces senatoriales de la minoría novoprogresista, por un lado, condiciona la vigencia de la ley a que no haya ningún recorte a las pensiones y, por otro, eliminan la congelación de las pensiones de beneficio definido en el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura y las disposiciones para anular cualquier ajuste por inflación a los beneficios de retiro.
Bajo esta premisa, dijo Jaresko, “se podría argumentar” que, aun si Swain avalara un PAD que congelara las pensiones de beneficio definido, la legislación se anularía automáticamente por considerarse recortes a las pensiones y, consiguientemente, evitaría que se emitieran los bonos reestructurados.
“Las clarificaciones sobre el COLA (ajustes por costo de vida) y la congelación (de los beneficios definidos) son muy importantes”, dijo Jaresko, en alusión a dos de los elementos que la JCF impulsó para el PC 1003 y que fueron aprobados en la Cámara de Representantes la semana pasada, pero se quedaron cortos en el Senado, que no atendió el informe de conferencia.
El gobernador Pedro Pierluisi, quien participó de la vista telefónica, recalcó que el proceso legislativo “debe respetarse” y que es “muy probable” que firme el PC 1003 con el lenguaje acordado por el liderato legislativo.
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Ayer, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, respectivamente, junto a Thomas Rivera Schatz y Carmelo Ríos, portavoz y portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, acordaron las modificaciones que, en principio, permitirían alcanzar los votos en ambas cámaras para la aprobación del PC 1003. De las reuniones también participó, en representación de la rama ejecutiva, Omar Marrero, secretario de Estado designado y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
El abogado de Dalmau, el exlegislador Luis Vega Ramos, subrayó ante la jueza Swain que esta versión de la legislación habilitadora del PAD sí contaría con al menos 14 votos en el Senado, pues contiene elementos que llevaron a aprobar la medida el 6 de octubre con el favor de 19 senadores, pero que fueron eliminados o modificados a instancias de la JCF.
“Terminaremos con esto en 24 horas”, dijo, por su parte, Hernández, en referencia a que ambas cámaras se proponen avalar el lenguaje uniforme del PC 1003 en sus respectivas sesiones de mañana, martes.
Según Hernández, las enmiendas “no afectan” el PAD ni el plan fiscal certificado por la JCF.
Sin embargo, la JCF, en una carta del 14 de octubre en la que accedió a no recortar las pensiones acumuladas, tiró la raya sobre los elementos que considera aceptables en la legislación y sostuvo que no aceptaría modificaciones adicionales, posición que ha reiterado desde entonces.
Swain, en la vista, le preguntó a Pierluisi, Hernández y Dalmau si estarían dispuestos a participar de un proceso confidencial de mediación, en caso de que, si se aprobara el PC 1003, persistiera el tranque con la JCF, a lo que los todos respondieron en la afirmativa. Por voz de sus representaciones legales, los funcionarios electos se opusieron al pedido de aplazar el juicio de confirmación del PAD.
El abogado de la JCF Martin Bienenstock señaló que, si bien, como organismo, “creemos” en un PAD avalado legislativamente, no consideran que sea un requisito legal para lograr la reestructuración de las obligaciones del gobierno central. En ese sentido, puntualizó que la versión actual del PAD exige acción legislativa debido a que los acreedores así lo solicitaron.
De otra parte, Bienenstock aclaró que la JCF reconoce el derecho de que partes afectadas, como la Asociación de Maestros, objeten las disposiciones del PAD que congelarían los beneficios futuros de sus pensiones al amparo de las leyes y la jurisprudencia puertorriqueñas, pero que no por ello el organismo consideraría viable que la Legislatura dé paso a un PC 1003 “ambiguo” en relación a ese asunto.
Pierluisi, por su parte, señaló que la interrogante de si Swain podría dar paso a congelaciones de beneficios a maestros y jueces sin legislación a esos fines es algo que se definiría más adelante.
“No tenemos que cruzar ese puente todavía”, dijo el mandatario.
“La congelación y la eliminación del COLA no deben estar sujetos a la ambigüedad”, insistió, sin embargo, Bienenstock.
Otro abogado de la JCF, Brian Rosen, al recalcar la importancia de posponer el inicio del juicio de confirmación, planteó que existen varios escenarios bajo los cuales los acreedores del gobierno central tendrían derecho a unos cargos ascendentes a $100 millones. Uno de ellos implica que el gobierno electo no haya promulgado la ley habilitadora del PAD antes del inicio de las vistas de confirmación, mientras que otra posibilidad sería alguna violación del PAD sometido.
“Retirar el (PAD) podría ser considerado una violación”, dijo Rosen.
Otra escenario que daría pie a los cargos especiales sería que el PAD no estuviera confirmado antes del 15 de diciembre, pero Rosen detalló que la JCF tiene la facultad unilateral de posponer ese plazo hasta el 31 de enero de 2022.
“Por eso queremos el aplazamiento, para quedarnos solo con la fecha del 31 de enero”, indicó el abogado.
Susheel Kirpalani, representante legal de la Coalición de Deuda Legítima, rechazó que posponer el juicio sea una alternativa adecuada, al indicar que las fechas límites, como las ya establecidas, “existen porque funcionan”.
“Quienes nos pueden ayudar a cruzar la raya son la Junta de Supervisión Fiscal y los oficiales electos”, sostuvo el representante del grupo de acreedores.
No obstante, Arturo García, abogado de los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento, sí favoreció la posposición, al sostener que, a dos semanas del inicio de las vistas, se desconoce el contenido definitivo del PC 1003 y, por consiguiente, de las enmiendas que sufriría el PAD, lo que haría “muy difícil prepararnos”.
“Debemos revisar el nuevo plan para determinar si las objeciones (ya presentadas) deben mantenerse o revisarse”, dijo el letrado.
Swain, sin embargo, mantuvo su postura de mantener vigente la fecha del juicio, alterando únicamente la fecha para presentar objeciones al PAD, que se movió hasta este jueves al mediodía.
“Mi paciencia se está acabando”
La jueza, desde los primeros minutos de la vista urgente, dejó saber su posición de que el proceso para reestructurar cerca de $33,000 millones en deudas del gobierno central no aguanta más dilaciones.
“Mi paciencia se está acabando. Ninguno de nosotros tiene cuatro o cinco años más para comenzar otro proceso”, acentuó la jueza, quien ha presidido el caso desde que la JCF solicitó, en mayo de 2017, que el gobierno central y varias corporaciones públicas, se acogieran a las protecciones del Título III de la Ley Promesa.
Asimismo, advirtió que el tribunal podría verse obligado a evaluar si el caso de Título III “debe ser desestimado”, con lo que el gobierno perdería la protección de la moratoria, derivando en esfuerzos “caóticos” de los acreedores por cobrar sus deudas.
“Es difícil ver cómo eso beneficia a los retirados o pondría a Puerto Rico en una mejor posición”, puntualizó Swain.
