Enérgico rechazo a proyecto senatorial que pondría trabas a la práctica del aborto

Un proyecto senatorial que pretende establecer  la “Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida” fue rechazado por varias organizaciones que defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Al plantear su repudio al Proyecto del Seando 591, las organizaciones afirmaron que es innecesario que se restrinja más el derecho al aborto en Puerto Rico y s ostuvieron que no existen problemas de salud pública relacionados al aborto.

La pieza legislativa, de la autoría de los senadores novoprogresistas, Keren Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz, fue discutida durante una vista pública ante Comisión de Asuntos de las Mujeres que preside la senadora Migdalia González.

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“Como médica salubrista me opongo al PS 591 ya que aumenta el problema de acceso a los procedimientos de aborto en Puerto Rico entre las adolescentes y potencia abortos inseguros en este renglón de la población. No mejora, protege, ni salvaguarda la salud de la mujer e impone más impedimentos para que se puedan mejorar, atemperar a nuevas maneras o técnicas de terminaciones de embarazo el elevar el reglamento de salud vigente a ley”, manifestó la doctora con especialización en obstetricia y ginecología, Yarí Vale, quien también es profesora auxiliar de del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

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La presidenta de la comisión legislativa cuestionó a la deponente con cuánta frecuencia el Departamento de Salud (DS) realiza inspecciones a las clínicas de aborto, donde se realizan alrededor de 30 terminaciones de embarazo. Vale respondió que se inspeccionan una vez cada dos años, se hacen las correcciones, se les informa y van a la clínica. Añadió que en Salud son minuciosos en sus investigaciones.

González pidió al personal técnico de la Comisión solicitar al DS un informe detallado por edad de los abortos que se llevan a cabo en Puerto Rico, así como con los hallazgos hechos a las cinco clínicas de abortos en el país.

Por su parte, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, expresó que el proyecto de ley es contrario a lo establecido en Puerto Rico en estos procedimientos y preguntó a la deponente la edad promedio de las pacientes que acuden a la clínica para llevar a cabo el proceso de aborto. Vale mencionó que en menores de edad ronda entre 14 a 15 años y en mujeres adultas entre los 20 y 29 años, que por lo regular ya tienen un hijo o más, y son madres solteras.

Complicaciones mínimas

Mientras tanto, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, preguntó a la doctora si entiende que dicha práctica actualmente carece de algún marco legal. Ante esto, Vale respondió en la negativa y que esta práctica es altamente regulada. “Por estadísticas del Departamento de Salud las complicaciones son mínimas”, añadió la doctora.

También participó como deponente, Mayra Díaz, representante de la Campaña Nacional por el Aborto, Libre, Seguro y Accesible, quien manifestó que considera totalmente innecesario que se restrinja más el derecho al aborto en Puerto Rico y sostuvo que “no existe ningún problema de salud pública relacionado al aborto que amerite legislación adicional y se opone a la aprobación del PS 591”.

En la misma línea, la deponente sostuvo que “el propósito que identificamos que tiene este proyecto es restringir el derecho al aborto, muy particularmente para las personas menores de edad, ello a pesar de que no se muestra evidencia de que exista en Puerto Rico un problema con el consentimiento de las personas gestantes menores de edad que amerite atención legislativa”.

“El propósito que identificamos que tiene este proyecto es restringir el derecho al aborto, muy particularmente para las personas menores de edad, ello a pesar de que no se muestra evidencia de que exista en Puerto Rico un problema con el consentimiento de las personas gestantes menores de edad que amerite atención legislativa”.

Asimismo, la licenciada Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria, expresó su oposición a la pieza legislativa. “Este proyecto de ley es un intento de revivir temas que fueron discutidos en el cuatrienio pasado con otros proyectos de ley como PS 590 y que en las vistas públicas que se realizaron de manera atropellada se pudo evidenciar que el aborto es legal y ya está regulado en Puerto Rico”.

Además, manifestó su postura en contra de la medida la profesora Patricia Olivieri, en representación de la organización Inter-Mujeres, indicando que el PS 591, representa un retroceso en materia de derechos humanos y particularmente de derechos sexuales y reproductivos porque con la imposición de restricciones para el acceso al aborto de las menores de edad, impone la maternidad forzada. “La imposición del requisito de tener que acudir a buscar una orden en el tribunal es sumamente oneroso para las menores”, añadió Olivieri.