El representante popular Jesús Santa Rodríguez presentará próximamente una medida que crearía un fondo de amortización para que, en un futuro, el propio gobierno pueda recomprar en el mercado secundario bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), entidad pública que en el 2018 reestructuró su deuda a través del Título III de la Ley Promesa.
Heriberto Martínez Otero, director ejecutivo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que preside Santa Rodríguez, adelantó que la intención es que el ‘sinking fund’ se nutra de los ahorros que debería generar el fin de los litigios por la deuda pública del país, y que, según el economista, ascienden a $300 millones anuales. En el caso del gobierno central, las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) deben arrancar el 8 de noviembre, pero al momento hay un tranque con el proyecto de ley que facilitaría la emisión de bonos reestructurados.
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“El propósito único de ese fondo de inversiones va a ser recomprar bonos Cofina en mercados secundarios, para convertir gran parte de esa deuda externa en deuda interna y decidir qué queremos hacer con eso, si vamos a refinanciar internamente esa parte que podemos reestructurar o se declara impagable o, incluso, (si) los ingresos que recibe ese fondo, por ser tenedor de bonos Cofina, se utilizan para la inversión social”, dijo el expresidente de la Asociación de Economistas en el podcast Con Los Editores.
Martínez Otero declinó entrar en los detalles de las conversaciones con la JCF sobre la posibilidad de crear el fondo de amortización, pero reconoció que el ente pudiera obstaculizar los intentos del gobierno electo para crear ese tipo de mecanismo.
“Hacer esto va a ser más sencillo sin la Junta de Control Fiscal que con la Junta, porque al final del recorrido la Junta tiene una visión ideológica clara sobre lo que son las instituciones públicas, las instituciones públicas en Puerto Rico y cómo las políticas de austeridad reducen drásticamente la posibilidad de que nuestras instituciones brinden bienestar a los puertorriqueños. La Junta se tiene que ir lo antes posible”, subrayó Martínez Otero, quien favorece la legislación presentada para terminar con la quiebra del gobierno central debido a que constituye uno de los pasos necesarios para la eliminación del organismo impuesto por el Congreso.
El economista y analista de política pública de la organización Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots, por su parte, advirtió que la intención de crear el fondo de amortización para readquirir deuda de Cofina, si bien “suena en principio muy razonable”, chocaría con la realidad fiscal si el repago de obligaciones del gobierno central, bajo el PAD propuesto, se torna insostenible, como vislumbra.
“Vayamos a lo que ocurrió en la reestructuración de Cofina. ¿Por qué tenemos que estar recomprando deuda cuando lo que entendemos hubiera sido prudente (era) recortar de manera suficiente (las acreencias de Cofina)? Tienes que utilizar los recursos comprometidos (del gobierno central) en un pago de deuda insostenible y crear un fondo para comprar deuda con recursos no van a ir a las políticas públicas que tanto necesita Puerto Rico, como la Universidad de Puerto Rico, como la preservación de servicios esenciales en la isla, en los municipios. Al final, y aquí es donde hay una gran diferencia, el momento crítico para hacer una propuesta de reestructuración sostenible es ahora”, sostuvo Santamaría Ots.
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No obstante, Martínez Otero arguyó que la recompra de bonos de Cofina, a través del fondo de amortización, abriría la puerta a mayor inversión gubernamental en áreas de necesidad.
“Los intereses que pagamos (por la deuda reestructurada de Cofina) sí pueden ir para inversión social y, lo más importante, dinero que no tenemos que pagar afuera en el futuro es dinero que estamos liberando para esa inversión social”, insistió el economista.
En su exposición de motivos, el Proyecto de la Cámara (PC) 1003 –que habilitaría la reestructuración de la deuda del gobierno central– incluye como objetivo de política pública la creación de un “mecanismo” que permita “adelantar los términos de pagos y cancelación de deuda después que termine la Junta (de Control Fiscal) bajo PROMESA”.
“Este mecanismo tiene el único propósito de autorizar al Gobierno de Puerto Rico a refinanciar los acuerdos de pagos de la deuda después que termine la Junta bajo PROMESA, con el único objetivo de acelerar o saldar los pagos acordados, de conformidad a la situación fiscal futura y sin afectar los servicios esenciales y prioritarios del Gobierno”, se indica en la exposición de motivos del PC 1003.
Sin embargo, en la parte dispositiva del proyecto no se esboza el mecanismo que se contemplaría, por lo que el asunto quedaría pendiente a legislación futura.
