El gobierno socialista de Venezuela anunció el sábado que no asistirá a la próxima ronda de diálogo con la oposición de su país en represalia por la extradición a Estados Unidos de un aliado cercano del presidente Nicolás Maduro, que enfrenta cargos penales por lavado de dinero.
Jorge Rodríguez, quien ha estado al frente de la delegación del gobierno venezolano en las negociaciones que iniciaron en agosto, señaló que su equipo no viajaría a Ciudad de México para la próxima ronda de diálogo programada con los opositores respaldados por Estados Unidos, si bien no llegó a decir que Venezuela abandonará el diálogo por completo.
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“Esta acción ilegal e inhumana, lesiva del derecho internacional constituye un nuevo acto de agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, dado que Alex Saab ha sido incorporado por nuestro país como miembro pleno al proceso de diálogo y negociación que se lleva a cabo en México”, sostuvo Rodríguez, jefe de la delegación oficialista, al leer un comunicado.
El anuncio coronó un día tumultuoso en que el empresario colombiano Alex Saab fue subido a un avión en Cabo Verde para su extradición a Estados Unidos luego de una lucha de 16 meses de parte de Maduro y sus aliados, entre ellos Rusia, que consideran al empresario nacido en Colombia un diplomático venezolano.
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Pocas horas después de que la extradición de Saab detonó las redes sociales venezolanas, las fuerzas de seguridad venezolanas fueron por seis ejecutivos petroleros estadounidenses que se encontraban bajo arresto domiciliario —una señal de que las relaciones entre Washington y Caracas podrían cambiar drásticamente después de meses de calma diplomática desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Las familias de los hombres conocidos como los “seis de Citgo” —por la subsidiaria de Houston de la compañía petrolera propiedad del gobierno de Venezuela en la que ellos trabajaban— temen que los ejecutivos sean llevados de vuelta a prisión.
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“El hecho de que el señor Saab esté en Estados Unidos antes que mi padre es una vergüenza”, dijo Cristina Vadell, cuyo adre, Tomeu Vadell, se encuentra entre los estadounidenses que cumplen sentencias largas en Venezuela por lo que el gobierno estadounidense considera cargos fabricados. “Esta es una prueba adicional de que esos estadounidenses se encuentran secuestrados en Venezuela, y el gobierno del presidente Biden necesita reconocerlo y lograr su liberación de inmediato”.
Se desconoce si los hombres —todos ellos condenados y sentenciados el año pasado a largas penas en prisión en un caso de corrupción que, según Estados Unidos, estuvo plagado de irregularidades— serían regresados a la cárcel. Uno de los abogados de los ejecutivos dijo desconocer a dónde están siendo trasladados.
Se espera que Saab tenga su primer audiencia en la corte el lunes en Miami, de acuerdo con la portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicole Navas Oxman, quien externó su gratitud y admiración al gobierno de Cabo Verde por su profesionalismo y “perseverancia en este caso complejo”.
Saab, de 49 años, fue arrestado en el archipiélago africano hace 16 meses al hacer una parada cuando se dirigía a Irán para lo que el gobierno de Nicolás Maduro posteriormente describió como una misión humanitaria diplomática que le brinda inmunidad.
Saab se convirtió rápidamente en bandera de lucha revolucionaria bajo la cual el gobierno de Venezuela aseveró después de su arresto que el empresario de perfil bajo había sido designado antes como un representante de la Unión Africana —credenciales cuya autenticidad y relevancia han sido cuestionadas por los fiscales de Estados Unidos.
De pie delante de un cartel enorme con la frase “Liberen a Alex Saab”, Rodríguez catalogó el arresto del empresario como una “gravísima agresión” de parte del gobierno de Estados Unidos, que por años ha tratado infructuosamente de derrocar a Maduro. Rodríguez afirmó que el gobierno venezolano denunciará “la ilegal operación de extracción” en foros multilaterales y anunció que en protesta no participará en la ronda siguiente de negociaciones.
”Venezuela alerta al mundo que la vida de Alex Saab corre peligro en manos de un sistema judicial instrumentalizado para agredir a Venezuela y exige al gobierno norteamericano su liberación inmediata”, añadió Rodríguez. “Venezuela defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos disponible a nuestro delegado Alex Saab y llevará este caso ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos”.
Opositores del gobierno, incluyendo al líder opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como líder legítimo de Venezuela, aplaudió la posibilidad de ver tras las rejas pronto a uno de los principales integrantes del círculo cercano de Maduro —una especie de victoria moral después de una serie de derrotas desalentadoras en las calles de su intento por sacar del poder al líder socialista.
“Los venezolanos que hemos visto la justicia secuestrada por años, respaldamos y celebramos el sistema de justicia de los países democráticos como Cabo Verde, nación que reconocemos por su independencia y firmeza en medio de tantas presiones”, dijo Guaidó mediante su cuenta de Twitter.
“La dictadura convirtió el hambre en arma de control social y en un negocio para sus jerarcas, quienes hoy responden ante la justicia”, tuiteó Guaidó. “Con la irresponsable suspensión de su asistencia a México, evaden de nuevo la atención urgente al país, que hoy sufre con 76.6% de pobreza extrema.
“Nuestro compromiso por hacer justicia y avanzar en un acuerdo que le dé soluciones urgentes a los venezolanos sigue intacto y no vamos a descansar hasta lograrlo. Cada minuto que se postergue se cuenta en vidas”, subrayó el líder opositor.
En un comunicado divulgado en Caracas el sábado por la tarde, el gobierno de Maduro denunció “el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab por parte del gobierno de los Estados Unidos en complicidad con autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y lo mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días sin orden de captura ni debido proceso, violando con ello las leyes de Cabo verde y de la Convención de Viena”.
A través de Twitter, el presidente colombiano Iván Duque aplaudió la extradición de Saab, la que catalogó como “un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado dictadura de Nicolás Maduro”.
“Colombia ha apoyado y seguirá apoyando a los EE.UU. en investigación contra red de crimen trasnacional liderada por Saab”, añadió Duque.
La respuesta de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez no se hizo esperar y también en Twitter afirmó que a diferencia de quienes promueven la producción y tráfico de drogas como sustento del Estado colombiano y de su economía, Alex Saab es un diplomático venezolano inocente, víctima de secuestro y violación de sus DDHH que ha servido a nuestro país frente al inmoral bloqueo imperial”.
El mes pasado, Maduro criticó a Estados Unidos por el “secuestro” y “tortura” de Saab, un empresario de Colombia previamente desconocido al que los fiscales acusan de amasar una fortuna a través de negocios a nombre del gobierno venezolano, que enfrenta duras sanciones de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses habían tenido en la mira a Saab por años, ante la creencia de que guarda muchos secretos respecto a la forma en que Maduro, la familia del mandatario venezolano y sus principales aliados desviaron millones de dólares de contratos gubernamentales para alimentos y vivienda en medio de una crisis generalizada en Venezuela.
En su comunicado, el gobierno de Maduro repudió lo que calificó como una “grave violación de los derechos humanos contra un ciudadano venezolano, investido como diplomático y representante de nuestro país ante el mundo. Hecho que sienta un peligroso precedente para el derecho internacional”.
Tal argumento no logró persuadir a la Corte Constitucional de Cabo Verde, que el mes pasado autorizó su extradición después de un año de sostener una disputa con el equipo legal de Saab, incluyendo al exjuez español Baltasar Garzón y BakerHostetler, uno de los despachos de abogados más grandes de Estados Unidos.
Los fiscales federales en Miami levantaron cargos a Saab en 2019 por lavado de dinero vinculado a un presunto esquema de soborno que se embolsó más de 350 millones de dólares de un proyecto de vivienda de interés social del gobierno venezolano.
Por separado, Saab había sido sancionado por el gobierno del entonces presidente Donald Trump por supuestamente usar una red de empresas fantasma de alcance mundial —en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México— para ocultar ganancias enormes de contratos alimenticios no licitados y sobrevaluados obtenidos por medio de sobornos.
“Responsabilizamos a las autoridades de Cabo Verde y al gobierno del presidente Biden por la vida y la integridad de Alex Saab y nos reservamos como nación soberana las acciones que tomaremos en consecuencia”, señaló el gobierno venezolano.
Saab obtuvo algunos de los contratos mediante el pago de sobornos a los hijos adultos de la primera dama venezolana Cilia Flores, según el gobierno de Trump. Los tres hombres, conocidos comúnmente como “Los Chamos” (regionalismo por “los Niños”), también son investigados por fiscales de Miami por supuestamente formar parte de un esquema para desviar 1.200 millones de dólares de la empresa petrolera estatal de Venezuela, dijeron a The Associated Press dos personas cercanas a las pesquisas estadounidenses.
Aunque en privado autoridades estadounidenses han descrito desde hace tiempo a Saab como un testaferro de Maduro, no se le señala como tal en los documentos judiciales.
El gobierno de Trump había convertido la extradición de Saab en máxima prioridad, tanto, que incluso envió un barco de guerra de la Marina al archipiélago africano para mantener vigilado al detenido.
Por su parte, el gobierno de Maduro ha criticado enérgicamente el juicio contra Saab y lo describe como un velado intento del gobierno de Estados Unidos para cambiar el régimen en Venezuela.
Sin embargo, el gobierno de Biden ha minimizado la importancia de la problemática en torno a Saab. Señaló que el empresario colombiano puede defenderse en las cortes estadounidenses y que su caso no debe afectar las actuales negociaciones impulsadas por Noruega tendentes a superar la crisis económica y el conflicto político prolongados en Venezuela.
El mes pasado, el gobierno venezolano había incluido a Saab en su equipo negociador y los enviados restantes, cuando llegaron a México, exhibieron carteles que decían “liberen a Alex Saab”.
Las familias de nueve estadounidenses encarcelados en Caracas lucen menos optimistas respecto de que los problemas legales de Saab puedan desenredarse de los intentos furtivos de una distensión.
Además de los “seis de Citgo” —que fueron sentenciados por un plan nunca llevado a cabo para refinanciar miles de millones en los bonos de la compañía petrolera— se encuentra Matthew Heath, un exsoldado de la infantería de Marina de Estados Unidos y detenido por cargos relacionados con armas de fuego vinculadas con un presunto plan para sabotear refinerías, y dos ex Boinas Verdes de Caracas ligados a una redada fallida en el cruce fronterizo con Colombia para derrocar a Maduro.
“En un muy decepcionante giro, los detenidos estadounidenses en Venezuela ahora están siendo usados como peones políticos”, dijo en un comunicado el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, que ha viajado a Venezuela para tratar de lograr la liberación de los estadounidenses. “Los miembros de los seis de Citgo están siendo retirados de su arresto domiciliario y su ubicación se desconoce. Habíamos esperado realizar visitas para confirmar que están bien de salud, pero ahora tememos que no se nos dará la oportunidad”.
