Peligran los votos para el PAD si la JCF no accede a reclamos legislativos

Para el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara baja, los tres puntos más “neurálgicos” son las pensiones, las asignaciones para la UPR y el dinero de los municipios.

Por Manuel Guillama Capella

El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Jesús Santa, indicó que es “difícil pensar” que la mayoría legislativa daría paso a la medida habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central si la Junta de Control Fiscal (JCF) no se compromete en los próximos días a permitir ciertas asignaciones anuales garantizadas a los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR), además de aceptar que la reestructuración de obligaciones exima de recortes a los pensionados.

Aunque el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, convocó al liderato del Senado, al gobernador Pedro Pierluisi y a la JCF a una reunión este sábado, Santa indicó que hay mayor probabilidad de que el encuentro se lleve a cabo el domingo.

Ayer, una portavoz de la JCF indicó que no tenía información sobre si el encuentro se produciría e informó que los integrantes del organismo no se expresarían más sobre el asunto, a pesar de que en pasados días el directivo Antonio Medina tronó en múltiples medios contra las enmiendas que se le introdujeron al Proyecto de la Cámara (PC) 1003 en el Senado.

Según Santa, en conversaciones con el equipo técnico de la oficina del senador Juan Zaragoza _quien ayer no estuvo disponible para entrevista–, presidente de la Comisión de Hacienda en ese cuerpo, el costo anual de las iniciativas que se incluyeron como condición para avalar un PAD fluctúan entre los $500 millones y $600 millones.

En términos monetarios, el Senado incorporó el reclamo de una asignación anual de $500 millones para la UPR –que este año recibe $407 millones– y $62 millones para que los municipios provean ciertos servicios esenciales, como recogido de basura y programas de reciclaje.

Además, el Senado propuso un pote de $300 millones para desarrollo económico que se distribuiría en cinco años y utilizar $1 millón para estudiar la viabilidad de implementar un seguro de salud universal.

A otras iniciativas, como un fondo de becas para estudiantes universitarios y un fondo para combatir la pobreza, no se le asignan cantidades específicas.

Según Santa, la JCF –que ayer obtuvo un triunfo judicial mediante la anulación de la Ley de Retiro Digno– ha interpretado incorrectamente algunos de los reclamos de la Legislatura. Medina, por ejemplo, dijo recientemente que las iniciativas costarían “billones” (miles de millones) adicionales al erario.

“Ellos (en el Senado) hablan de hacer un estudio para ver la viabilidad (del sistema de salud universal). Lo que interpreta la Junta es que se incluya dentro del plan fiscal que eso se va a ejecutar. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que ejecutar un plan universidad de salud cuesta un montón de dinero. En estas reuniones, ese planteamiento debe aclararse”, subrayó Santa.

Según el representante, las asignaciones federales de Medicaid –que el gobierno estadounidense ha interpretado tienen carácter permanente para Puerto Rico– liberarían unos $800 millones anuales al gobierno, dando espacio a implementar los reclamos contenidos en la versión senatorial del PC 1003.

“Inclusive dentro del dinero que (actualmente) se recoge para pagar deuda va a haber un sobrante que debe servir para cubrir ciertas necesidades que tiene el país”, argumentó el presidente de la comisión cameral de Hacienda.

Los reclamos sobre las pensiones, la UPR y los municipios “son los tres puntos más neurálgicos, a mi entender, si es que se quiere aprobar este acuerdo para el intercambio de bonos”, añadió Santa.

“Como yo estoy viendo esto y según los criterios de votación de mis compañeros en Cámara y Senado, se me hace difícil pensar que, si de esos tres puntos que te traigo, no se logran los objetivos, puedan surgir los votos para aprobar la legislación”, afirmó el representante popular.

En una conferencia de prensa el martes, Pierluisi sostuvo que acogía como “razonables” los reclamos a favor de asignaciones garantizadas a la UPR y los municipios, al igual que los $300 millones para desarrollo económico.

Mediante la legislación, se busca intercambiar la deuda de vigente de $18,800 millones en principal por nuevos bonos ascendentes a $7,400 millones.

Loading...
Revisa el siguiente artículo