La revitalización de los cascos urbanos es una aspiración para los municipios y para ciudadanos que buscan desarrollarlos y repoblarlos, pero cada vez es más cuesta arriba para algunos inversionistas locales interesados en impulsar está vía de planificación.
Ese es el caso de Jorge Torres Irizarry, un inversionista que por las pasadas dos décadas se dedicó a comprar y renovar estructuras para arrendarlas en su natal Ponce, donde reside.
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A finales del 2019, el Departamento de Hacienda le aprobó un incentivo contributivo destinado a la repoblación de los cascos urbanos municipales mediante vivienda de interés social. Sin embargo, a casi dos años del acuerdo, el empresario afirma que la agencia rompió su promesa.
“Aunque nos dicen que hemos completado todos los requisitos y no tenemos más que entregar, no nos han dado ese incentivo”, dijo Torres Irizarry durante una entrevista con Metro Puerto Rico.
“He tratado de llegar a ellos (Hacienda) de distintas maneras. Hemos contactado a todas las personas que nos dijeron para contactar”, añadió.
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De acuerdo con la ahora derogada Ley 212, toda persona que lleve a cabo un proyecto de construcción o de mejoras en un centro urbano tendría derecho a un crédito contributivo de 100 % de la cantidad invertida.
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De esta manera, el empresario tenía el derecho de reclamar los gastos de inversión a Hacienda, y así fue aprobado.
Desde que recibió la estampa para el incentivo, Torres Irizarry invirtió en dos propiedades en el centro urbano de Ponce. Una de ellas, ubicada en la Calle Castillo, es un complejo de residencias que renovó y luego arrendó sus unidades a jóvenes, mayormente estudiantes universitarios. La otra, a solo pasos de la primera, era una estructura colonial ya demacrada y abandonada que compró a solo $20,000. Ambas propiedades fueron remodeladas en poco más de un año y sobrevivieron la ristra de sismos ocurridos en el suroeste desde diciembre del 2019.
A dos años de aprobar el incentivo, Hacienda aún no le explica por qué aguanta el desembolso, lo que frenó el desarrollo de proyectos adicionales para Torres Irizarry.
“La última vez que nos dieron una contestación tangible, que fue que nos dijeron que iban a estar comunicándose para decirnos el proceso y cómo iba, era marzo. Ya estamos en octubre y siempre le dan largas al asunto, siempre buscan un ‘pero’”, expresó, por su parte, Julio Vargas, socio en la empresa que fundó Torres Irizarry.
Ambos han tenido que ir presencialmente a la sede de Hacienda, pero afirmaron que sus reclamos han caído en oídos sordos y que, a causa de las capas burocrática, se han topado con funcionarios de la agencia que les piden que les escriba por correo electrónico, para luego actuar sorprendidos cuando les dicen que ya lo han hecho.
Justo la semana pasada, Torres Irizarry logró pautar una reunión con Hacienda, pero solo lograron que la agencia se comprometiera con un desembolso de aproximadamente un 7 % de la inversión que realizaron. Hacienda ahora les exige recibos y facturas de hace dos años.
“Nos dijeron que si no tenemos toda la evidencia, no podían hacer nada, pero insinuaron como si estuviéramos haciendo fraude”, dijo Torres Irizarry.
“También quieren que se haga a través de un CPA. No tengo problema si me hubieran dicho desde un principio, pero me lo están diciendo años después de haber comenzado. Habrán recibos que se pierden”, agregó.
Metro supo que el caso de Torres Irizarry no es aislado, pues en el mismo pueblo de Ponce hay otros inversionistas que Hacienda dejó en la estocada.
Este medio intentó contactar múltiples veces al Departamento de Hacienda para obtener una respuesta, pero al cierre no se obtuvo contestación alguna.
Para revitalizar, imprescindible el apoyo a municipios
Según el expresidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti, para lograr una revitalización urbana más ágil, la labor no debe recaer únicamente en los municipios y el gobierno central debe aportar a los esfuerzos.
“Es importante que se le dé apoyo a los municipios. Si algo se debería hacer ahora es llevar al centro urbano a una persona que perdió su casa por el sismo y el huracán María”, sostuvo el planificador.
De igual modo, al ser abordado sobre los decretos por la Ley 212 y la situación de Torres Irizarry, García Pelatti, quien trabajó de cerca con esta ley, opinó que a Hacienda nunca le gustó ese incentivo.
De hecho, este afirmó que en el caso de pequeños comercios era difícil debido al poco acceso que tenían a La Fortaleza y a la agencia. “El tratamiento que tuvieron que padecer los desarrolladores, excepto algunos grandes, era horrible con la manera que se daban los incentivos”, opinó.
“Hacienda aguantaba esos incentivos y es muy injusto. Como eran proyectos pequeños, las personas no tenían capacidad de movilizar. Cuando eres un pequeño inversionista, como el de Ponce, no tienes manera de contactar a la administración. Ahí hubo una mala estrategia. Por eso digo, al gobierno central no le gustaba ese incentivo y por eso no los desembolsa”, afirmó.
