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Empresa que ofrece asesoría legislativa a LUMA por $17 millones no está registrada como cabildero en la Cámara

Así lo aseguró el presidente del cuerpo, Rafael "Tatito" Hernández

Capitolio Archivo: Dennis A. Jones

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El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez emplazó a LUMA Energy, a revelar los nombres de los oficiales o contratistas que personalmente están visitando la Cámara en su representación.

“En el día de hoy, estamos emplazando públicamente a LUMA Energy a divulgar quiénes son los supuestos asesores legislativos que visitan personalmente a la Cámara de Representantes en su representación. El país merece saber”, expresó Hernández Montañez.

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Recientemente salió reseñado en la prensa que la empresa de Colorado, Alumbra LLC, fue contratada por LUMA Energy por $17.4 millones de dólares, para supuestas labores de consultoría legislativa.

Sin embargo, el presidente cameral aseguró que “de nuestro récord administrativo surge que dicha compañía no aparece en el Registro de Cabilderos de la Cámara de Representantes. Tampoco se ha recibido ninguna solicitud de inscripción de una entidad con ese nombre. Cualquier gestión realizada por esta firma podría constituir una ilegalidad”.

Tras revisar la lista actualizada en la Cámara de Representantes, LUMA no aparece como entidad representada por las firmas y los profesionales registrados.

Cabe señalar que la Cámara de Representantes, ha instituido una política de total transparencia y acceso a la información pública. También creó un registro de cabilderos, con estrictas exigencias, que está disponible públicamente.

https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/10/12/estos-los-23-contratos-mas-cuantiosos-suscritos-luma-energy.html

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Alumbra, LLC – $17.4 millones – 1/junio/2021 al 30/noviembre/2021

La compañía, con base en Colorado, provee “servicios de consultoría para operaciones regulatorias y los departamentos de servicio al cliente”. De acuerdo con el documento, Luma Energy y Alumbra suscribieron el contrato original el 22 de junio de 2020, la misma fecha en que el consorcio firmó el acuerdo de privatización con el gobierno de Puerto Rico. Según la Oficina del Contralor, la extensión más reciente se otorgó el 7 de septiembre de 2021, aunque entró en vigor el 1 de junio de este año.

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