En medio del debate público sobre la conveniencia del plan de ajuste de deuda (PAD) y el proyecto legislativo que habilitaría sus disposiciones mediante una emisión de bonos, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó tajantemente que se abra la puerta para el cierre de recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), como han sostenido detractores del proceso de reestructuración.
“Ya la UPR ha recibido unos recortes bien significativos y ha capeado con el temporal como mejor ha podido. A futuro, yo no quiero ver más recortes, lo he dicho en repetidas ocasiones, y estoy asignando fondos federales del Plan de Rescate Americano (ARPA) para asistirla”, dijo el gobernador.
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El futuro de varios recintos de la UPR, como las unidades en Utuado, Ponce y Humacao, fue puesto en duda recientemente por el senador independiente José Vargas Vidot. En el contexto de la discusión senatorial del Proyecto de la Cámara (PC) 1003, el legislador argumentó que la habilitación del PAD sería “el último clavo en el ataúd de la UPR”.
Entre las enmiendas que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, introdujo al PC 1003, se incluyó la exigencia a la Junta de Control Fiscal (JCF) de que enmiende su plan fiscal certificado para garantizar una asignación fija de $500 millones a la UPR por los próximos cinco años. Para el año fiscal vigente, la asignación del fondo general es de $407 millones, cuando hasta el 2017 ascendía a $834 millones.
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Ayer, la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría, y rectores del sistema fueron al Capitolio a solicitar que se busque incrementar la partida anual a al menos $650 millones.
“Yo no estoy pasando juicio en cuanto a si $500 millones es la cantidad indicada. Eso tendría que evaluarlo detenidamente, pero sí la UPR puede contar con el apoyo de mi administración, que voy a estar velando por que se amplíe, no se reduzca la oferta académica. Voy a estar velando por que no se cierren recintos de la Universidad, incluyendo particularmente el de Utuado, donde yo estuve recientemente”, señaló Pierluisi a los medios de comunicación.
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Sobre la propuesta del liderato universitaria para asignaciones anuales que superen los $650 millones, Pierluisi dijo que “eso habrá que verlo sobre la marcha. El que diga que es un mínimo de $500 millones no quiere decir que eso es lo mínimo que va a recibir”.
Aunque aludió a la disposición del PC 1003 relacionada con la UPR, Pierluisi restó importancia a su peso legal, al opinar que se trata de uno de los reclamos que “no vinculan a la Junta” de Control Fiscal como, a su juicio, sí ocurre con el tema de las pensiones. El PC 1003 busca atar la confirmación de un PAD a que la JCF elimine la totalidad de los recortes a las pensiones y a que enmiende su plan fiscal para incorporar los reclamos incluidos en la pieza legislativa.
“Lo que expresa es el deseo de la Asamblea Legislativa de que la Junta haga unos cambios en el plan de ajuste. Yo voy a hacer las gestiones ante la Junta porque, aunque no tengo todos los detalles de lo que se incluyó en la exposición de motivos, estoy seguro que voy a coincidir con gran parte de su contenido”, apunto Pierluisi, obviando que las exigencias también están contenidas en la parte dispositiva del proyecto de ley.
