El Senado tiene previsto atender hoy, desde la 1:00 p.m., una versión enmendada del proyecto que busca crear la “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico”, con el que se autorizaría la emisión de deuda que reestructuraría sobre $18,000 millones en bonos viejos del gobierno central, conforme a lo dispuesto en el plan de ajuste que propone la Junta de Control Fiscal (JCF).
No obstante, además de dar paso a la emisión de bonos, cuyo principal en la deuda nueva ascendería a $7,400 millones, el Senado incluirá como declaración de política pública unos 10 principios impulsados por el presidente del cuerpo, José Luis Dalmau. El líder senatorial admitió anoche que, si bien entiende que hay consenso entre las delegaciones popular y penepé y el gobernador Pedro Pierluisi con relación a esos puntos, el lenguaje no se ha consultado con la JCF, que a partir del 8 de noviembre es el ente que defenderá su propuesto plan de ajuste de deuda ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain.
Además del tema de las pensiones, donde el proyecto que verá el Senado, al igual que la versión aprobada en la Cámara de Representantes, fija como condición a la emisión de deuda que no implementen recortes en el plan de ajuste, las enmiendas de Dalmau buscan garantizar unas partidas anuales fijas para la Universidad de Puerto Rico (UPR), servicios municipales y un “fondo de inversión estratégico para el desarrollo económico” de $300 millones distribuidos en cinco años fiscales.
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Dalmau, en un encuentro con los medios en la noche del martes, dijo que, si el Senado avala la medida en la tarde de hoy, la Cámara baja deberá concurrir con las enmiendas el próximo viernes, tras lo cual la pieza se enviaría a La Fortaleza.
A continuación, cinco detalles que debes conocer de la versión más reciente del Proyecto de la Cámara (PC) 1003 que reestructuraría la deuda del gobierno central.
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1. Reducción en el principal de la deuda vieja
Se autoriza al gobierno central a emitir nuevos bonos hasta la cantidad de $7,414,063,543.25 en principal, pagaderos a términos de 30 años. Dalmau, como parte de sus enmiendas propuestas, incluyó en la declaración de política pública una disposición que estipula un mecanismo para que el gobierno tenga la facultad de “adelantar los términos de pagos y cancelación de deuda”, sujeto a las condiciones fiscales. El servicio anual a la deuda de obligaciones generales, bajo la reestructuración propuesta, se reduciría de $3,300 millones a $1,100 millones. El proyecto, además, contempla los llamados instrumentos de valor contingente, que elevarían la recompensa de los tenedores de bonos si se exceden los recaudos proyectados por el impuesto de ventas y uso o el arbitrio al ron exportado.
2. Protección a las pensiones de los empleados públicos
El proyecto que considerará el Senado reitera que la política pública será de cero recortes a las pensiones presentes y futuras de empleados del gobierno, dejando a un lado el acuerdo que se había alcanzado con la JCF para proteger solo a las pensiones menores de $2,000 mensuales. La medida ata la emisión de nuevos bonos a que el plan de ajuste no contenga recortes a los retirados y, en su versión en inglés, el PC 1003 establece que las provisiones del artículo que garantiza el pago de las pensiones “no son separables del resto de la Ley, en caso de que este artículo fuera anulado”.
3. Asignaciones a municipios y la UPR
La Legislatura busca crear el “Fondo Extraordinario para Atender el Recogido y Disposición de Residuos, Desperdicios y para Implementar Programas de Reciclaje en los Municipios”, que se financiaría con “al menos” $62 millones anuales provenientes del Fondo General. Paralelamente, el presidente senatorial busca que, a través de la ley, la JCF se vea obligada a congelar los recortes a la UPR y abrir la puerta a que se le asigne una partida fija de $500 millones anuales por cinco años fiscales. También se crearía un fondo de becas universitarias “según la disponibilidad de los fondos”. Como ocurre con las disposiciones sobre las pensiones, el proyecto expresa que las transacciones de deuda “están totalmente sujetas y condicionadas” a que los reclamos se incorporen en el plan fiscal de la JCF.
4. Estudio de cubierta médica universal y protección al plan de salud de empleados públicos
La propuesta abriría la puerta a otorgarle $1 millón a alguna entidad gubernamental no identificada para que realice un estudio sobre la viabilidad de “facilitar el acceso a cubiertas médicas a unos 225,000 ciudadanos que hoy carecen de planes médicos, según la disponibilidad de fondos”. Asimismo, se establece que no habrá recortes a las aportaciones patronales a los planes médicos de los empleados del gobierno central.
5. Iniciativas sin asignaciones
Las enmiendas de Dalmau contienen varias aspiraciones de política pública a las que no se les asignó una partida específica, como el llamado fondo especial para la igualdad social. En el proyecto se indica que la propuesta sería “legislada próximamente” y atenderá comunidades marginadas, incluyendo asuntos como el sinhogarismo, la deserción escolar y los programas de educación especial.