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Desde una oficina en San Juan, Blue Ocean International Bank brinda un “expertise suizo” a sus clientes. Ofrece servicios bancarios a extranjeros que no sean residentes de Puerto Rico: recibe depósitos, abre cuentas bancarias offshore y realiza transacciones en cualquier tipo de moneda.
Su página web destaca que son discretos. También dice que cumplen con la ley y que están comprometidos con una cultura de cumplimiento. Es decir, verifican la identidad de sus clientes y cuestionan sobre la procedencia del dinero, “cuando es apropiado”.
El dueño de Blue Ocean International Holding LLC — la empresa matriz del banco — es Gilles Rollet, un banquero francés que vive en Miami. Su LinkedIn menciona que preside la Junta de Directores de International Rollet Capital y ExPAM Capital, fundó un banco en Dubai llamado La Trésorerie y trabajó en Goldman Sachs. No menciona a Blue Ocean.
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La persona contacto de Blue Ocean en Puerto Rico es Rafael Blanco Latorre, ex comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de 2012 a 2016. Blanco Latorre dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que es consultor legal externo y que preside la Junta de Directores de una de las Entidades Financieras Internacionales (EFI), aunque no quiso mencionar el nombre. En octubre del 2016, dos meses antes de terminar sus funciones como comisionado, firmó la licencia que permite que Blue Ocean opere en Puerto Rico.
Blanco Latorre rechazó dar una entrevista sobre su gestión como funcionario en la OCIF y sobre el rol que ejerce en una de las entidades que supervisó mientras estuvo en el Gobierno, haciendo referencia a que ahora es un ciudadano privado.
En el 2012, bajo la gobernación de Luis Fortuño, Puerto Rico tiró la casa por la ventana para que la Isla se convirtiera en un centro financiero internacional. El Gobierno ofreció exenciones contributivas de hasta 45 años a todo aquel que montara algún banco, aseguradora, subsidiaria o firma boutique dedicada a exportar servicios financieros. El cuento ya se conoce: llegaría capital, crearía miles de empleos y generaría desarrollo económico.
Desde entonces, a Puerto Rico llegaron pequeños bancos que, al establecerse aquí, pueden abrir cuentas directamente en la Reserva Federal. Esto les brinda acceso directo al mercado de EE.UU. y facilita transacciones en dólares americanos. Los dueños de estas entidades en su mayoría son extranjeros y la ley prohíbe que ofrezcan servicios a residentes de Puerto Rico.
Desde una oficina en San Juan, Blue Ocean International Bank brinda un “expertise suizo” a sus clientes. Ofrece servicios bancarios a extranjeros que no sean residentes de Puerto Rico: recibe depósitos, abre cuentas bancarias offshore y realiza transacciones en cualquier tipo de moneda.
Su página web destaca que son discretos. También dice que cumplen con la ley y que están comprometidos con una cultura de cumplimiento. Es decir, verifican la identidad de sus clientes y cuestionan sobre la procedencia del dinero, “cuando es apropiado”.
El dueño de Blue Ocean International Holding LLC — la empresa matriz del banco — es Gilles Rollet, un banquero francés que vive en Miami. Su LinkedIn menciona que preside la Junta de Directores de International Rollet Capital y ExPAM Capital, fundó un banco en Dubai llamado La Trésorerie y trabajó en Goldman Sachs. No menciona a Blue Ocean.
La persona contacto de Blue Ocean en Puerto Rico es Rafael Blanco Latorre, ex comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de 2012 a 2016. Blanco Latorre dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que es consultor legal externo y que preside la Junta de Directores de una de las Entidades Financieras Internacionales (EFI), aunque no quiso mencionar el nombre. En octubre del 2016, dos meses antes de terminar sus funciones como comisionado, firmó la licencia que permite que Blue Ocean opere en Puerto Rico.
Blanco Latorre rechazó dar una entrevista sobre su gestión como funcionario en la OCIF y sobre el rol que ejerce en una de las entidades que supervisó mientras estuvo en el Gobierno, haciendo referencia a que ahora es un ciudadano privado.
En el 2012, bajo la gobernación de Luis Fortuño, Puerto Rico tiró la casa por la ventana para que la Isla se convirtiera en un centro financiero internacional. El Gobierno ofreció exenciones contributivas de hasta 45 años a todo aquel que montara algún banco, aseguradora, subsidiaria o firma boutique dedicada a exportar servicios financieros. El cuento ya se conoce: llegaría capital, crearía miles de empleos y generaría desarrollo económico.
Desde entonces, a Puerto Rico llegaron pequeños bancos que, al establecerse aquí, pueden abrir cuentas directamente en la Reserva Federal. Esto les brinda acceso directo al mercado de EE.UU. y facilita transacciones en dólares americanos. Los dueños de estas entidades en su mayoría son extranjeros y la ley prohíbe que ofrezcan servicios a residentes de Puerto Rico.
Casi diez años después, el saldo de este incentivo ha sido un impacto económico “modesto”, menos de 1,000 empleos directos según OCIF, atraer la atención de autoridades federales e internacionales por casos de lavado de dinero y evasión contributiva, y una reputación de paraíso fiscal para offshores. Estas entidades, cuyos dueños suelen permanecer tras bastidores, pueden servir para ocultar activos del pago de contribuciones o, en el peor de los casos, lavado de dinero y otras transacciones ilegales.
Algunos de estos bancos y entidades financieras internacionales establecidos en Puerto Rico, sus directivos, dueños y clientes aparecen en documentos examinados por el CPI y que forman parte de los Pandora Papers, una nueva entrega de 11.9 millones de documentos de compañías offshore obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ en inglés). Los documentos filtrados — la mayoría con fecha entre 1996 y 2020 — provienen de 14 firmas dedicadas a incorporar y manejar este tipo de negocios en paraísos fiscales. Entre estas se encuentran el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el despacho Overseas Management Corp. (OMC), ambos de Panamá. En reacción a la investigación de ICIJ, ambas compañías afirmaron que están comprometidas con el cumplimiento y que actúan conforme a las leyes y regulaciones.
Los Pandora Papers revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 91 países y territorios, así como fugitivos, estafadores y asesinos de todas partes del mundo. Es la mayor colaboración periodística en la historia, con un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, liderados por ICIJ y que incluye al CPI.
Los documentos filtrados muestran cómo entidades offshore han utilizado algunas de estas instituciones bancarias para abrir cuentas o transferir dinero.
¿Se utilizan estos bancos en Puerto Rico para facilitar transacciones entre offshores, evasión contributiva o lavado de dinero?, preguntó el CPI a Natalia Zequeira, comisionada de Instituciones Financieras desde enero de este año.
“El realizar negocios con empresas ‘offshore’ no es ilegal en sí mismo. En su gran mayoría estas empresas se forman con fines legítimos para, entre otros, mantener acciones o activos de otras entidades comerciales, así como para facilitar las transferencias de activos y divisas”, contestó la abogada.
Añadió que todas las entidades financieras en Puerto Rico están sujetas a distintas leyes y regulaciones que incluyen la obligación de reportar cualquier transacción o actividad sospechosa que identifiquen. Incumplir con esto expone a la entidad a sanciones y otras penalidades, dijo Zequeira.
Los bancos en Pandora Papers
En el caso de Blue Ocean, el CPI identificó en los Pandora Papers documentos del bufete Alcogal relacionados a la apertura de cuentas en este banco en beneficio de al menos tres compañías offshore. Blue Ocean no contestó preguntas de este medio.
Otro que figura en los Pandora Papers es el Banco San Juan International (BSJI), propiedad de Marcelino Bellosta Varady y Alejandra Bellosta Perea, según un documento presentado al Departamento de Estado de Puerto Rico.
El empresario venezolano Carlos Marcelino José Bellosta Pallarés — padre de Marcelino — aparece como beneficiario de varias entidades offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Al menos tres de ellas tendrían cuentas bancarias en BSJI, revelan los documentos filtrados.
Según muestran formularios de la firma OMC para inscribir sociedades, más de una decena de entidades offshore, en su mayoría de BVI, tienen cuentas bancarias en BSJI.
BSJI aseguró al CPI que es regulado por la OCIF y que cumple con todas las leyes y regulaciones que aplican contra lavado de dinero y terrorismo, entre otras. Dijo que trabaja continuamente para mejorar sus controles internos y que tiene un oficial del banco que está dedicado exclusivamente al área de cumplimiento.
BSJI no contestó preguntas del CPI sobre los servicios que brinda a la familia venezolana Bellosta.
Marcelino tiene dos hermanos, Carlos José y Juan Manuel. Carlos José tiene un decreto de Ley 22 desde 2017 y figura como oficial de Venequip Puerto Rico LLC, un suplidor de equipo relacionado a la industria de energía. Juan Manuel administra varias compañías en Puerto Rico, incluyendo CH4 Systems, un proveedor de tecnología con un decreto de Ley 20 desde 2016.
Todas estas compañías están registradas en la misma dirección que BSJI: Galería San Patricio B5 Calle Tabonuco, Suite 207-A, Guaynabo.
Los Pandora Papers también mencionan al venezolano Joan Manuel Fereira Rosillo, un empresario que recibió $2.2 millones de la empresa brasileña Odebrecht a través de su compañía Rote Energie, según trascendió en la investigación multinacional sobre corrupción Lava Jato.
Según un documento bancario en los archivos de OMC, Fereira Rosillo mantiene una cuenta en Elite Bank, una EFI puertorriqueña.
Agustín García Castilla funge como presidente de Elite Bank, según la página web del banco. García Castilla coincide con Fereira Rosillo en distintas compañías en Florida y Panamá, incluyendo una llamada Elite Asset Holdings.
El CPI preguntó a Elite Bank si, según indican los documentos, brinda servicios a Fereira y si éste es dueño de la institución, pero no obtuvo respuesta. Fereira Rosillo, quien también trabajó para la petrolera PDVSA, figura además con compañías offshore en Aruba y BVI.
Otro banco que aparece en la filtración es South Bank International. Según una carta de referencia preparada por el bufete Alcogal, uno de los clientes de South Bank era Tag Bank S.A., un banco de inversiones registrado en Panamá. Esta entidad está en proceso de liquidación voluntaria según su página web. El pasado mes de agosto, el brasileiro Eduardo Plass, presidente de TAG Bank, fue acusado y detenido en Brasil por evasión contributiva, con relación a Lava Jato.
En el 2019, el FBI allanó las oficinas de South Bank International en Guaynabo, luego de que una jueza federal encontrará causa probable de delitos de fraude y lavado de dinero. La OCIF canceló su licencia ese mismo año, luego de la intervención.
El dilema de las offshore
Tener activos offshore o usar entidades de papel para hacer negocios transfronterizos no es ilegal.
“Hay que hacer una distinción entre reducir el pago de impuestos y evadir impuestos. La reducción de pago de impuestos es un objetivo de todo el que paga impuestos. Hay miles de maneras de reducir los impuestos legalmente. Lo que no se debe hacer es evadir impuestos”, opinó Eduardo Colón, presidente de la Asociación de Bancos Internacionales de Puerto Rico.
Pero muchos usan este sistema para administrar, mover y, con frecuencia, esconder sus fortunas, prueba de que no todas las personas juegan bajo las mismas reglas al momento de cumplir con su responsabilidad contributiva. Los gobiernos pierden más de $800,000 millones al año debido a negocios offshore, según el Fondo Monetario Internacional. También se prestan para delitos como evasión contributiva y lavado de dinero, y es un mecanismo usado generalmente por los ricos y poderosos.
Colón recordó los Panama Papers, la investigación de ICIJ publicada en 2016 que dejó al descubierto el complejo y oscuro sistema financiero offshore.
“Una de las cosas importantes de los centros financieros de clase mundial es que tienen una estructura fuerte desde un punto de vista regulatorio y son bien regulados, porque si no, se pueden derrumbar muy fácilmente, como pasó con Panamá y los Panama Papers”, dijo Colón al CPI.
En Puerto Rico, los bancos y entidades financieras internacionales están sujetos a leyes y regulaciones federales como el Bank Secrecy Act, el USA Patriot Act y la regla Know Your Customer, un estándar internacional para conocer información detallada sobre clientes. También aplican regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés).
Pero lo que distintos foros de offshores y algunos de los mismos bancos promocionan es que en la Isla no aplica el Common Reporting Standard, o CRS, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que exige a los países participantes compartir información tributaria de sus clientes.
Esto también convierte a Puerto Rico en una opción atractiva para aquellos que buscan privacidad en sus negocios.
Problemas con la ley
En febrero de 2019, la Comisión Europea añadió a Puerto Rico en una lista de países altamente propensos a crímenes contributivos, pero luego fue eliminado a petición del Departamento del Tesoro.
El CPI identificó media docena de casos de bancos internacionales cuyos accionistas, directores o clientes han enfrentado problemas con la ley o han sido señalados en investigaciones periodísticas por irregularidades en sus negocios.
Los banqueros uruguayos Marcelo Gutiérrez y Juan Ignacio Cabrera establecieron en Puerto Rico el Vestin Bank en el 2015. Obtuvieron una cuenta con el FED, lo que facilitaba realizar transacciones en dólares estadounidenses. Tres años después, en el 2018, Gutiérrez fue acusado por la Fiscalía Federal de Florida junto a un grupo de empresarios de lavar $1,200 millones de PDVSA a través de un banco en Puerto Rico.
Luego, un grupo de inversionistas chinos adquirió Vestin Bank en 2018 y cambiaron su nombre a Standard International Bank. Los nuevos dueños de la EFI dijeron en el 2019 que no guardan ninguna relación con las operaciones de Vestin ni con Gutiérrez ni Venezuela.
En el 2019, el Sistema de la Reserva Federal (FED en inglés) detuvo la apertura de cuentas desde estos bancos puertorriqueños debido al uso de estos como intermediarios de empresarios venezolanos conectados al Gobierno de ese país. Ese mismo año, las oficinas de dos bancos internacionales — BSJI y South Bank — fueron allanadas por el FBI como parte de investigaciones relacionadas a lavado de dinero.
Sobre esto último, Colón dijo que hay pocos casos como estos en la Isla, que los delitos ocurren hasta en los bancos más grandes y significa que el sector funciona como debe.
También reconoció que “lo peor que le puede pasar a un centro financiero, es que uno o varios de los que estén operando, estén operando al margen o fuera de la ley y que eso sea encontrado”.
La comisionada de Instituciones Financieras, Natalia Zequeira, dijo que el FED ya levantó la restricción a los bancos internacionales, los cuales están en proceso de cumplir con una nueva guía de la agencia federal.
En entrevista con el CPI, reveló que la OCIF audita en estos momentos el 100% de las entidades con capital venezolano en Puerto Rico.
Desde que llegó a la oficina en enero de este año, dijo que busca una “cultura de cumplimiento”.
“Quiero personas que conozcan el sistema, no personas que cojan su licencia y empiecen a jugar a banco aquí. No estoy diciendo que haya pasado, sino que simplemente bajo esta administración, no hay espacio para eso”, sostuvo Zequeira.
Para ella, Puerto Rico tampoco es un paraíso fiscal. Pero reconoce que en un inicio hubo una tendencia de pequeños bancos y entidades financieras con pocos activos o sin experiencia en banca.
“Antes se veía mucho que había una persona que maybe tenía un historial bancario en otra jurisdicción, decidió montar un banco from scratch y lo que tenía era un parent company con bien pocos activos o una afiliada que eran otros activos personales de ese individuo. Y poco a poco se convirtió en un banco para sus familiares y sus amigos, para tener una cuenta en dólares, porque a lo mejor en un banco americano no sabían cómo abrir la cuenta en dólares, o no podían porque no tenían pasaporte o Seguro Social, entre otras cosas. Pues hubo un trend de ese tipo de institución”, dijo.
Este tipo de entidad ya no es avalada, según la comisionada.
Piden aumentar tasa contributiva
Existen dos modelos corporativos para establecer estos bancos. Aunque brindan los mismos servicios bancarios y funcionan igual a la hora de manejar depósitos, las entidades bancarias internacionales (EBI) y las entidades financieras internacionales (EFI) son distintas en algunos renglones. Las EBI están 100% exentas del pago de contribuciones, mientras que las EFI solo pagan 4% en contribuciones sobre ingresos y 0% en CRIM y otros impuestos municipales.
En cuanto a la política pública de incentivar estos bancos internacionales, el estudio comisionado por el Gobierno de Puerto Rico recomienda aumentar de 4% a 10% la tasa contributiva de estas entidades. También el mínimo de empleos requerido por ley, de cuatro nuevos empleos a 10.
James Hickman tiene una EFI desde el 2017 llamada Strategic Bank. Una entidad “segura, transparente y responsable”, según su página web. El ex militar e inversionista estadounidense también tiene un decreto de Ley 22. Comparte su tiempo entre Puerto Rico y Chile, donde tiene una compañía agrícola de blueberries y nueces. Escribe bajo el pseudónimo de Simon Black y sus artículos hablan sobre cómo obtener pasaportes en paraísos fiscales y “optimizar” el pago de contribuciones. También sobre cómo establecerse en Puerto Rico y recibir sus incentivos.
En un podcast, Hickman advierte que este tipo de empresa no es para todo el mundo. La persona interesada debe tener “un nivel sustancial de riqueza”, dice. Tener un banco en la Isla requiere más de medio millón de dólares en capital para poder operar. Aun así, Puerto Rico es una de las jurisdicciones más baratas y atractivas para hacerlo.
En un momento, Hickman recuerda que una agencia federal le pidió cambios a su estructura corporativa para estar en cumplimiento. Pero aún así, tener un banco en Puerto Rico ha sido beneficioso para él y sus negocios, afirma.
“Estaba, de hecho, gratamente sorprendido con la cantidad de negocios que comenzaron a llegarme solo porque la gente supo que yo tenía un banco. La gente estaba diciendo: ‘Oh, ahora James tiene un banco. Vamos a llamarlo y ver si quiere hacer este negocio’”, dijo
Según un documento en el Registro de Corporaciones de Puerto Rico, la Junta de Directores de Strategic Bank incluye a Gligor Tashkovich, ex ministro de Inversiones Foráneas de Macedonia. En el 2020, en una demanda presentada por la Fiscalía federal de Nueva York contra un suplidor de mascarillas anti COVID, Tashkovich fue mencionado en una venta fraudulenta a la Ciudad de Nueva York. Su abogado dijo a The New York Times que su cliente no participó de ningún esquema fraudulento y que cooperó con las autoridades.
Carmen Szendrey, principal ejecutiva de Strategic Bank, dijo al CPI que el banco es objeto de auditorías independientes y que invierte dinero para asegurar que “nuestra institución no sirva de instrumento para entes criminales”.
Sobre Tashkovich, indicó que es un “valioso miembro de nuestra Junta” y que nunca ha sido acusado de ningún delito.
La ejecutiva no contestó si Hickman sigue siendo dueño de la institución.
Ocho empleados de OCIF para supervisar 85 bancos
Los 70 empleados de OCIF apenas se sienten en el sexto piso del edificio Centro Europa. Los muebles de madera oscura con brillo, los marcos dorados con fotos en blanco y negro, las sillas acojinadas color vino, trasladan la mente a los años 80. Lo más tecnológico que hay a primera vista es la máquina que toma la temperatura en tiempos de COVID. Desde aquí se fiscaliza a los bancos.
“Este año solicitamos $1.2 millones adicionales [de presupuesto operacional] nos los otorgaron. Esos $1.2 millones adicionales estaban divididos en dos proyectos prioritarios que tiene la Oficina. Uno de ellos es un sistema nuevo para el registro de valores, porque los sistemas operativos de esta oficina son de los 90”, dijo Zequeira.
El segundo proyecto que se propone hacer con los $1.2 millones es reclutar más examinadores. Actualmente, sólo ocho empleados de OCIF están encargados de supervisar las 85 instituciones financieras en Puerto Rico.
“Mientras mis examinadores están con el FDIC viendo First Bank o Banco Popular con la Reserva Federal, a la misma vez están corriendo paralelo sobre cuatro o cinco exámenes a instituciones internacionales”, dijo Zequeira.
La paga de estas personas también se quedó en la década de los 1990. Cada examinador cobra $24,000 anuales, y se le exige un bachillerato en contabilidad o finanzas. No es difícil concluir que es cuesta arriba para OCIF asegurarse de que todas estas entidades cumplen con los estándares y la ley.
La agencia nunca ha revocado una licencia luego de otorgada. Previo al 2017, no hay evidencia de una sola sanción emitida contra alguna EFI en Puerto Rico. Desde entonces, OCIF ha impuesto 63 multas que suman $439,400.
Entidades financieras y bancarias de todos los colores
Los principales bancos con presencia histórica en la Isla han tenido subsidiarias EBIs, incluyendo Banco Popular, Firstbank, Citi, Oriental y UBS. Pero además de estas instituciones financieras, hay otras caras menos conocidas en esta industria. Las multinacionales General Electric (1996-presente), GlaxoSmithKline (1998-2008) y Wyeth (2004-2010) han tenido EBIs en Puerto Rico, según datos de OCIF. General Electric es la única que todavía tiene una EBI activa. OCIF indicó que brinda servicios de financiamiento para la compra de enseres de personas que están fuera de Puerto Rico.
En el caso de las EFI, la ley les permite hacer mucho más que un banco internacional. La lista de actividades permitidas bajo EFI es extensa y flexible: manejo de inversiones, asesoría financiera, bienes raíces, compraventa de metales, préstamos usureros, seguros y criptomonedas.
Las dos primeras EFI establecidas en Puerto Rico — PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC y PR Asset Portfolio Servicing International, LLC — se dedican a la compraventa de préstamos morosos del sector de bienes raíces. Ambas pertenecen a la misma compañía, Caribbean Property Group (CPG), uno de los principales inversionistas de Dorado Beach Ritz Reserve y Paseo Caribe. También tiene tres hoteles y un complejo corporativo en Costa Rica.
Otras EFI en la misma línea de negocios incluyen a Blackheath, subsidiaria del grupo Blackstone, quien fuera dueño del hotel Ritz Carlton en Isla Verde, VRM, del empresario Rafael Rojo Montilla, y Blue Water, registrada bajo Jim Taubenfeld, dueño de Me Salvé.
Entre el 2013 y 2018, OCIF otorgó 58 licencias de EFI. Y en solo dos años, 2017 y 2018, aprobó 24 solicitudes. Luego el volumen cayó dramáticamente: en los últimos dos años apenas se han otorgado cuatro licencias.
“He visto un cambio en OCIF y el primer cambio específico es la rigurosidad que aplican a las solicitudes para una EFI. En un momento dado se aprobaron muchas licencias en un período corto de tiempo”, dijo Colón.
Zequeira adjudicó la disminución a cambios recientes en las tasas contributivas que entraron en vigor bajo el nuevo Código de Incentivos de 2019 y que aplican de manera prospectiva.
En casi 10 años, OCIF solo ha denegado ocho solicitudes de EFI, según datos provistos por la agencia.
También hay quienes, a pesar de que obtuvieron su licencia, desistieron de la idea.
En febrero de 2014, el venezolano David Brillembourg Capriles registró un banco internacional en Puerto Rico bajo el nombre de Brilla Bank International LLC. Nunca cumplió con el requisito de rendir informes anuales y el Departamento de Estado canceló la entidad en diciembre de 2018. La licencia de EFI fue cancelada en el 2016.
Brilla Bank también obtuvo licencia en la isla de Dominica, pero fue revocada en el 2017.
A preguntas del CPI, Brillembourg Capriles dijo que tuvo intención de abrir un banco de inversiones en Puerto Rico, pero que nunca operó. Desde el 2018, tiene un decreto de Ley 22 que exime de contribuciones a extranjeros que residen en la Isla. También es el desarrollador de Loopland, un proyecto turístico-residencial para millennials en la antigua base naval Roosevelt Roads en Fajardo.
A preguntas del CPI, Brillembourg Capriles dijo que tuvo intención de abrir un banco de inversiones en Puerto Rico, pero que nunca operó.
Los Pandora Papers colocan al empresario como director de STG SA, una sociedad anónima en Panamá. A pesar de que la entidad permanece vigente y lo nombra como presidente, Brillembourg Capriles aseguró que no mantiene ningún negocio en Panamá desde hace más de 10 años.
Brillembourg Capriles también figura con compañías offshore en Barbados, según la investigación Paradise Papers. En el 2017, fue demandado por Luis Benshimol, quien alegó que éste creó un “elaborado juego de empresas fantasma” (“elaborate shell game”) al usar dinero de una compraventa de un hotel para su beneficio personal. Brillembourg Capriles negó la imputación y la demanda fue desestimada por falta de jurisdicción
Casi diez años después, el saldo de este incentivo ha sido un impacto económico “modesto”, menos de 1,000 empleos directos según OCIF, atraer la atención de autoridades federales e internacionales por casos de lavado de dinero y evasión contributiva, y una reputación de paraíso fiscal para offshores. Estas entidades, cuyos dueños suelen permanecer tras bastidores, pueden servir para ocultar activos del pago de contribuciones o, en el peor de los casos, lavado de dinero y otras transacciones ilegales.
Algunos de estos bancos y entidades financieras internacionales establecidos en Puerto Rico, sus directivos, dueños y clientes aparecen en documentos examinados por el CPI y que forman parte de los Pandora Papers, una nueva entrega de 11.9 millones de documentos de compañías offshore obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ en inglés). Los documentos filtrados — la mayoría con fecha entre 1996 y 2020 — provienen de 14 firmas dedicadas a incorporar y manejar este tipo de negocios en paraísos fiscales. Entre estas se encuentran el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el despacho Overseas Management Corp. (OMC), ambos de Panamá. En reacción a la investigación de ICIJ, ambas compañías afirmaron que están comprometidas con el cumplimiento y que actúan conforme a las leyes y regulaciones.
Los Pandora Papers revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 91 países y territorios, así como fugitivos, estafadores y asesinos de todas partes del mundo. Es la mayor colaboración periodística en la historia, con un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, liderados por ICIJ y que incluye al CPI.
Los documentos filtrados muestran cómo entidades offshore han utilizado algunas de estas instituciones bancarias para abrir cuentas o transferir dinero.
¿Se utilizan estos bancos en Puerto Rico para facilitar transacciones entre offshores, evasión contributiva o lavado de dinero?, preguntó el CPI a Natalia Zequeira, comisionada de Instituciones Financieras desde enero de este año.
“El realizar negocios con empresas ‘offshore’ no es ilegal en sí mismo. En su gran mayoría estas empresas se forman con fines legítimos para, entre otros, mantener acciones o activos de otras entidades comerciales, así como para facilitar las transferencias de activos y divisas”, contestó la abogada.
Añadió que todas las entidades financieras en Puerto Rico están sujetas a distintas leyes y regulaciones que incluyen la obligación de reportar cualquier transacción o actividad sospechosa que identifiquen. Incumplir con esto expone a la entidad a sanciones y otras penalidades, dijo Zequeira.
Los bancos en Pandora Papers
En el caso de Blue Ocean, el CPI identificó en los Pandora Papers documentos del bufete Alcogal relacionados a la apertura de cuentas en este banco en beneficio de al menos tres compañías offshore. Blue Ocean no contestó preguntas de este medio.
Otro que figura en los Pandora Papers es el Banco San Juan International (BSJI), propiedad de Marcelino Bellosta Varady y Alejandra Bellosta Perea, según un documento presentado al Departamento de Estado de Puerto Rico.
El empresario venezolano Carlos Marcelino José Bellosta Pallarés — padre de Marcelino — aparece como beneficiario de varias entidades offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Al menos tres de ellas tendrían cuentas bancarias en BSJI, revelan los documentos filtrados.
Según muestran formularios de la firma OMC para inscribir sociedades, más de una decena de entidades offshore, en su mayoría de BVI, tienen cuentas bancarias en BSJI.
BSJI aseguró al CPI que es regulado por la OCIF y que cumple con todas las leyes y regulaciones que aplican contra lavado de dinero y terrorismo, entre otras. Dijo que trabaja continuamente para mejorar sus controles internos y que tiene un oficial del banco que está dedicado exclusivamente al área de cumplimiento.
BSJI no contestó preguntas del CPI sobre los servicios que brinda a la familia venezolana Bellosta.
Marcelino tiene dos hermanos, Carlos José y Juan Manuel. Carlos José tiene un decreto de Ley 22 desde 2017 y figura como oficial de Venequip Puerto Rico LLC, un suplidor de equipo relacionado a la industria de energía. Juan Manuel administra varias compañías en Puerto Rico, incluyendo CH4 Systems, un proveedor de tecnología con un decreto de Ley 20 desde 2016.
Todas estas compañías están registradas en la misma dirección que BSJI: Galería San Patricio B5 Calle Tabonuco, Suite 207-A, Guaynabo.
Los Pandora Papers también mencionan al venezolano Joan Manuel Fereira Rosillo, un empresario que recibió $2.2 millones de la empresa brasileña Odebrecht a través de su compañía Rote Energie, según trascendió en la investigación multinacional sobre corrupción Lava Jato.
Según un documento bancario en los archivos de OMC, Fereira Rosillo mantiene una cuenta en Elite Bank, una EFI puertorriqueña.
Agustín García Castilla funge como presidente de Elite Bank, según la página web del banco. García Castilla coincide con Fereira Rosillo en distintas compañías en Florida y Panamá, incluyendo una llamada Elite Asset Holdings.
El CPI preguntó a Elite Bank si, según indican los documentos, brinda servicios a Fereira y si éste es dueño de la institución, pero no obtuvo respuesta. Fereira Rosillo, quien también trabajó para la petrolera PDVSA, figura además con compañías offshore en Aruba y BVI.
Otro banco que aparece en la filtración es South Bank International. Según una carta de referencia preparada por el bufete Alcogal, uno de los clientes de South Bank era Tag Bank S.A., un banco de inversiones registrado en Panamá. Esta entidad está en proceso de liquidación voluntaria según su página web. El pasado mes de agosto, el brasileiro Eduardo Plass, presidente de TAG Bank, fue acusado y detenido en Brasil por evasión contributiva, con relación a Lava Jato.
En el 2019, el FBI allanó las oficinas de South Bank International en Guaynabo, luego de que una jueza federal encontrará causa probable de delitos de fraude y lavado de dinero. La OCIF canceló su licencia ese mismo año, luego de la intervención.
El dilema de las offshore
Tener activos offshore o usar entidades de papel para hacer negocios transfronterizos no es ilegal.
“Hay que hacer una distinción entre reducir el pago de impuestos y evadir impuestos. La reducción de pago de impuestos es un objetivo de todo el que paga impuestos. Hay miles de maneras de reducir los impuestos legalmente. Lo que no se debe hacer es evadir impuestos”, opinó Eduardo Colón, presidente de la Asociación de Bancos Internacionales de Puerto Rico.
Pero muchos usan este sistema para administrar, mover y, con frecuencia, esconder sus fortunas, prueba de que no todas las personas juegan bajo las mismas reglas al momento de cumplir con su responsabilidad contributiva. Los gobiernos pierden más de $800,000 millones al año debido a negocios offshore, según el Fondo Monetario Internacional. También se prestan para delitos como evasión contributiva y lavado de dinero, y es un mecanismo usado generalmente por los ricos y poderosos.
Colón recordó los Panama Papers, la investigación de ICIJ publicada en 2016 que dejó al descubierto el complejo y oscuro sistema financiero offshore.
“Una de las cosas importantes de los centros financieros de clase mundial es que tienen una estructura fuerte desde un punto de vista regulatorio y son bien regulados, porque si no, se pueden derrumbar muy fácilmente, como pasó con Panamá y los Panama Papers”, dijo Colón al CPI.
En Puerto Rico, los bancos y entidades financieras internacionales están sujetos a leyes y regulaciones federales como el Bank Secrecy Act, el USA Patriot Act y la regla Know Your Customer, un estándar internacional para conocer información detallada sobre clientes. También aplican regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés).
Pero lo que distintos foros de offshores y algunos de los mismos bancos promocionan es que en la Isla no aplica el Common Reporting Standard, o CRS, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que exige a los países participantes compartir información tributaria de sus clientes.
Esto también convierte a Puerto Rico en una opción atractiva para aquellos que buscan privacidad en sus negocios.
Problemas con la ley
En febrero de 2019, la Comisión Europea añadió a Puerto Rico en una lista de países altamente propensos a crímenes contributivos, pero luego fue eliminado a petición del Departamento del Tesoro.
El CPI identificó media docena de casos de bancos internacionales cuyos accionistas, directores o clientes han enfrentado problemas con la ley o han sido señalados en investigaciones periodísticas por irregularidades en sus negocios.
Los banqueros uruguayos Marcelo Gutiérrez y Juan Ignacio Cabrera establecieron en Puerto Rico el Vestin Bank en el 2015. Obtuvieron una cuenta con el FED, lo que facilitaba realizar transacciones en dólares estadounidenses. Tres años después, en el 2018, Gutiérrez fue acusado por la Fiscalía Federal de Florida junto a un grupo de empresarios de lavar $1,200 millones de PDVSA a través de un banco en Puerto Rico.
Luego, un grupo de inversionistas chinos adquirió Vestin Bank en 2018 y cambiaron su nombre a Standard International Bank. Los nuevos dueños de la EFI dijeron en el 2019 que no guardan ninguna relación con las operaciones de Vestin ni con Gutiérrez ni Venezuela.
En el 2019, el Sistema de la Reserva Federal (FED en inglés) detuvo la apertura de cuentas desde estos bancos puertorriqueños debido al uso de estos como intermediarios de empresarios venezolanos conectados al Gobierno de ese país. Ese mismo año, las oficinas de dos bancos internacionales — BSJI y South Bank — fueron allanadas por el FBI como parte de investigaciones relacionadas a lavado de dinero.
Sobre esto último, Colón dijo que hay pocos casos como estos en la Isla, que los delitos ocurren hasta en los bancos más grandes y significa que el sector funciona como debe.
También reconoció que “lo peor que le puede pasar a un centro financiero, es que uno o varios de los que estén operando, estén operando al margen o fuera de la ley y que eso sea encontrado”.
La comisionada de Instituciones Financieras, Natalia Zequeira, dijo que el FED ya levantó la restricción a los bancos internacionales, los cuales están en proceso de cumplir con una nueva guía de la agencia federal.
En entrevista con el CPI, reveló que la OCIF audita en estos momentos el 100% de las entidades con capital venezolano en Puerto Rico.
Desde que llegó a la oficina en enero de este año, dijo que busca una “cultura de cumplimiento”.
“Quiero personas que conozcan el sistema, no personas que cojan su licencia y empiecen a jugar a banco aquí. No estoy diciendo que haya pasado, sino que simplemente bajo esta administración, no hay espacio para eso”, sostuvo Zequeira.
Para ella, Puerto Rico tampoco es un paraíso fiscal. Pero reconoce que en un inicio hubo una tendencia de pequeños bancos y entidades financieras con pocos activos o sin experiencia en banca.
“Antes se veía mucho que había una persona que maybe tenía un historial bancario en otra jurisdicción, decidió montar un banco from scratch y lo que tenía era un parent company con bien pocos activos o una afiliada que eran otros activos personales de ese individuo. Y poco a poco se convirtió en un banco para sus familiares y sus amigos, para tener una cuenta en dólares, porque a lo mejor en un banco americano no sabían cómo abrir la cuenta en dólares, o no podían porque no tenían pasaporte o Seguro Social, entre otras cosas. Pues hubo un trend de ese tipo de institución”, dijo.
Este tipo de entidad ya no es avalada, según la comisionada.
Piden aumentar tasa contributiva
Existen dos modelos corporativos para establecer estos bancos. Aunque brindan los mismos servicios bancarios y funcionan igual a la hora de manejar depósitos, las entidades bancarias internacionales (EBI) y las entidades financieras internacionales (EFI) son distintas en algunos renglones. Las EBI están 100% exentas del pago de contribuciones, mientras que las EFI solo pagan 4% en contribuciones sobre ingresos y 0% en CRIM y otros impuestos municipales.
En cuanto a la política pública de incentivar estos bancos internacionales, el estudio comisionado por el Gobierno de Puerto Rico recomienda aumentar de 4% a 10% la tasa contributiva de estas entidades. También el mínimo de empleos requerido por ley, de cuatro nuevos empleos a 10.
James Hickman tiene una EFI desde el 2017 llamada Strategic Bank. Una entidad “segura, transparente y responsable”, según su página web. El ex militar e inversionista estadounidense también tiene un decreto de Ley 22. Comparte su tiempo entre Puerto Rico y Chile, donde tiene una compañía agrícola de blueberries y nueces. Escribe bajo el pseudónimo de Simon Black y sus artículos hablan sobre cómo obtener pasaportes en paraísos fiscales y “optimizar” el pago de contribuciones. También sobre cómo establecerse en Puerto Rico y recibir sus incentivos.
En un podcast, Hickman advierte que este tipo de empresa no es para todo el mundo. La persona interesada debe tener “un nivel sustancial de riqueza”, dice. Tener un banco en la Isla requiere más de medio millón de dólares en capital para poder operar. Aun así, Puerto Rico es una de las jurisdicciones más baratas y atractivas para hacerlo.
En un momento, Hickman recuerda que una agencia federal le pidió cambios a su estructura corporativa para estar en cumplimiento. Pero aún así, tener un banco en Puerto Rico ha sido beneficioso para él y sus negocios, afirma.
“Estaba, de hecho, gratamente sorprendido con la cantidad de negocios que comenzaron a llegarme solo porque la gente supo que yo tenía un banco. La gente estaba diciendo: ‘Oh, ahora James tiene un banco. Vamos a llamarlo y ver si quiere hacer este negocio’”, dijo
Según un documento en el Registro de Corporaciones de Puerto Rico, la Junta de Directores de Strategic Bank incluye a Gligor Tashkovich, ex ministro de Inversiones Foráneas de Macedonia. En el 2020, en una demanda presentada por la Fiscalía federal de Nueva York contra un suplidor de mascarillas anti COVID, Tashkovich fue mencionado en una venta fraudulenta a la Ciudad de Nueva York. Su abogado dijo a The New York Times que su cliente no participó de ningún esquema fraudulento y que cooperó con las autoridades.
Carmen Szendrey, principal ejecutiva de Strategic Bank, dijo al CPI que el banco es objeto de auditorías independientes y que invierte dinero para asegurar que “nuestra institución no sirva de instrumento para entes criminales”.
Sobre Tashkovich, indicó que es un “valioso miembro de nuestra Junta” y que nunca ha sido acusado de ningún delito.
La ejecutiva no contestó si Hickman sigue siendo dueño de la institución.
Ocho empleados de OCIF para supervisar 85 bancos
Los 70 empleados de OCIF apenas se sienten en el sexto piso del edificio Centro Europa. Los muebles de madera oscura con brillo, los marcos dorados con fotos en blanco y negro, las sillas acojinadas color vino, trasladan la mente a los años 80. Lo más tecnológico que hay a primera vista es la máquina que toma la temperatura en tiempos de COVID. Desde aquí se fiscaliza a los bancos.
“Este año solicitamos $1.2 millones adicionales [de presupuesto operacional] nos los otorgaron. Esos $1.2 millones adicionales estaban divididos en dos proyectos prioritarios que tiene la Oficina. Uno de ellos es un sistema nuevo para el registro de valores, porque los sistemas operativos de esta oficina son de los 90”, dijo Zequeira.
El segundo proyecto que se propone hacer con los $1.2 millones es reclutar más examinadores. Actualmente, sólo ocho empleados de OCIF están encargados de supervisar las 85 instituciones financieras en Puerto Rico.
“Mientras mis examinadores están con el FDIC viendo First Bank o Banco Popular con la Reserva Federal, a la misma vez están corriendo paralelo sobre cuatro o cinco exámenes a instituciones internacionales”, dijo Zequeira.
La paga de estas personas también se quedó en la década de los 1990. Cada examinador cobra $24,000 anuales, y se le exige un bachillerato en contabilidad o finanzas. No es difícil concluir que es cuesta arriba para OCIF asegurarse de que todas estas entidades cumplen con los estándares y la ley.
La agencia nunca ha revocado una licencia luego de otorgada. Previo al 2017, no hay evidencia de una sola sanción emitida contra alguna EFI en Puerto Rico. Desde entonces, OCIF ha impuesto 63 multas que suman $439,400.
Entidades financieras y bancarias de todos los colores
Los principales bancos con presencia histórica en la Isla han tenido subsidiarias EBIs, incluyendo Banco Popular, Firstbank, Citi, Oriental y UBS. Pero además de estas instituciones financieras, hay otras caras menos conocidas en esta industria. Las multinacionales General Electric (1996-presente), GlaxoSmithKline (1998-2008) y Wyeth (2004-2010) han tenido EBIs en Puerto Rico, según datos de OCIF. General Electric es la única que todavía tiene una EBI activa. OCIF indicó que brinda servicios de financiamiento para la compra de enseres de personas que están fuera de Puerto Rico.
En el caso de las EFI, la ley les permite hacer mucho más que un banco internacional. La lista de actividades permitidas bajo EFI es extensa y flexible: manejo de inversiones, asesoría financiera, bienes raíces, compraventa de metales, préstamos usureros, seguros y criptomonedas.
Las dos primeras EFI establecidas en Puerto Rico — PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC y PR Asset Portfolio Servicing International, LLC — se dedican a la compraventa de préstamos morosos del sector de bienes raíces. Ambas pertenecen a la misma compañía, Caribbean Property Group (CPG), uno de los principales inversionistas de Dorado Beach Ritz Reserve y Paseo Caribe. También tiene tres hoteles y un complejo corporativo en Costa Rica.
Otras EFI en la misma línea de negocios incluyen a Blackheath del inversionista Mark Mashburn, VRM, del empresario Rafael Rojo Montilla, y Blue Water, registrada bajo Jim Taubenfeld, dueño de Me Salvé.
Entre el 2013 y 2018, OCIF otorgó 58 licencias de EFI. Y en solo dos años, 2017 y 2018, aprobó 24 solicitudes. Luego el volumen cayó dramáticamente: en los últimos dos años apenas se han otorgado cuatro licencias.
“He visto un cambio en OCIF y el primer cambio específico es la rigurosidad que aplican a las solicitudes para una EFI. En un momento dado se aprobaron muchas licencias en un período corto de tiempo”, dijo Colón.
Zequeira adjudicó la disminución a cambios recientes en las tasas contributivas que entraron en vigor bajo el nuevo Código de Incentivos de 2019 y que aplican de manera prospectiva.
En casi 10 años, OCIF solo ha denegado ocho solicitudes de EFI, según datos provistos por la agencia.
También hay quienes, a pesar de que obtuvieron su licencia, desistieron de la idea.
En febrero de 2014, el venezolano David Brillembourg Capriles registró un banco internacional en Puerto Rico bajo el nombre de Brilla Bank International LLC. Nunca cumplió con el requisito de rendir informes anuales y el Departamento de Estado canceló la entidad en diciembre de 2018. La licencia de EFI fue cancelada en el 2016.
Brilla Bank también obtuvo licencia en la isla de Dominica, pero fue revocada en el 2017.
A preguntas del CPI, Brillembourg Capriles dijo que tuvo intención de abrir un banco de inversiones en Puerto Rico, pero que nunca operó. Desde el 2018, tiene un decreto de Ley 22 que exime de contribuciones a extranjeros que residen en la Isla. También es el desarrollador de Loopland, un proyecto turístico-residencial para millennials en la antigua base naval Roosevelt Roads en Fajardo.
A preguntas del CPI, Brillembourg Capriles dijo que tuvo intención de abrir un banco de inversiones en Puerto Rico, pero que nunca operó.
Los Pandora Papers colocan al empresario como director de STG SA, una sociedad anónima en Panamá. A pesar de que la entidad permanece vigente y lo nombra como presidente, Brillembourg Capriles aseguró que no mantiene ningún negocio en Panamá desde hace más de 10 años.
Brillembourg Capriles también figura con compañías offshore en Barbados, según la investigación Paradise Papers. En el 2017, fue demandado por Luis Benshimol, quien alegó que éste creó un “elaborado juego de empresas fantasma” (“elaborate shell game”) al usar dinero de una compraventa de un hotel para su beneficio personal. Brillembourg Capriles negó la imputación y la demanda fue desestimada por falta de jurisdicción
