El gobernador Pedro Pierluisi se abstuvo de pasar juicio sobre el desempeño del Departamento de la Familia en el caso de una pareja norteamericana a la que hace año y medio le removieron a un menor de tres meses de nacido y que alegadamente ha enfrentado complicaciones para entender el proceso desde entonces debido a que la agencia no ha asignado intérpretes o personal bilingüe.
A su vez, los padres, Chinyere Osuji y Ralph Bey, han expresado preocupación de que en un futuro, al concretarse el plan de reunificación, no podrán comunicarse adecuadamente con su hijo debido a que la dependencia lo ha ubicado bajo el cuidado de familias que hablan español como lenguaje principal.
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“Mi opinión está basada en lo que he visto en los medios. Uno de los señalamientos es que la pareja no domina el español, es importante que en las agencias tengamos traductores o intérpretes para asistir a personas que no dominan el español cuando asuntos tan sensitivos como este, la custodia de un niño, están de por medio. Esa es una medida que, si no se ha tomado, hay que tomarla”, dijo Pierluisi.
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Hace una semana, el juez federal Raúl Arias Marxuach, quien supervisa el caso que la pareja presentó contra el Departamento de la Familia, ordenó, precisamente, que dentro de 21 días la agencia ubicara a MOB –las siglas con las que se identifica al menor– “en un hogar temporero con una familia de habla inglesa o con un familiar cualificado, si ningún hogar temporero está disponible”.
Asimismo, el juez ordenó que la agencia asigne un trabajador social “completamente bilingüe”, garantizar que los contratistas o entidades que ofrezcan servicio a la pareja o al infante “puedan hacerlo en inglés o estén asistidos por un intérprete” y generar toda la documentación pertinente en inglés.
Arias Marxuach, sin embargo, no ordenó que el menor fuera devuelto a la custodia de sus padres, al indicar que es un asunto bajo la jurisdicción del gobierno estatal.
“En cuanto a los procesos internos del departamento y los tribunales, vamos a ver cuál es el desenlace final del caso. Veo que están alegando falta de debido proceso las partes. Vamos a ver cuál es la resolución final del caso. En lo que eso sucede estoy seguro que en el Departamento van a actuar con la prudencia necesaria y la sensibilidad necesaria”, indicó Pierluisi.
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Al recordársele que la orden de Arias Marxuach concluye, en efecto, que Familia ha actuado incorrectamente en el caso, Pierluisi reiteró que es necesario conocer el desenlace de la controversia legal.
“Yo tomé conocimiento con los reportes que acaban de salir y estoy seguro que en el Departamento van a hacer lo que corresponde. Ahora, como es un asunto que está ante el tribunal hay que esperar a ver cuál es la resolución del caso porque una cosa son las alegaciones y otra lo que el tribunal determina que realmente ocurrió y lo que hay que hacer”, dijo el gobernador.
De la orden del juez federal se desprende que, el 11 de marzo de 2020, el Departamento de la Familia removió al bebé, entonces de apenas tres meses, luego de que dos trabajadoras sociales concluyeran que Osuji y Bey estaban siendo negligentes porque “MOB aparentaba estar bajo peso”.
La pareja presentó el caso federal de habeas corpus y una solicitud de mandamus contra el Departamento de la Familia el 13 de octubre del año pasado.
