Un juez federal de Estados Unidos se aprestaba el viernes a analizar si Texas puede mantener en vigor la ley de aborto más restrictiva del país, que desde septiembre ha prohibido la mayoría de los abortos y ha forzado a las mujeres a acudir a otros estados para recibir atención.
Una demanda presentada por el gobierno de Joe Biden busca asestar el primer golpe legal contra la ley de Texas conocida como Senate Bill 8, que hasta ahora ha resistido una ola de retos, incluso en la Corte Suprema, que permitió que procediera.
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“El cuidado de aborto ha cesado casi completamente en nuestro estado”, dijo el doctor Ghazaleh Moayedi, un proveedor de abortos en Texas, ante la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, durante una audiencia sobre el asunto el jueves.
La ley, firmada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, prohíbe los abortos una vez que se detecta actividad cardiaca, usualmente alrededor de las seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan siquiera que están embarazadas.
Los proveedores de servicios de aborto dicen que desde la entrada en vigencia de la ley el 1 de septiembre, se volvió una realidad “exactamente lo que temíamos”. Las clínicas en Texas ahora están en peligro de cerrar sus puertas, al tiempo que los estados vecinos pasan trabajos para responder al aumento de pacientes que han debido manejar cientos de kilómetros desde Texas. Otras mujeres, dicen, están viéndose forzadas a mantener sus embarazos hasta el final.
El juez federal Robert Pitman escuchará argumentos el viernes en Austin sobre si suspende temporalmente la ley texana, que es la mayor restricción del derecho constitucional al aborto en Estados Unidos en medio siglo.
El Departamento de Justicia ha pedido al tribunal que actúe prontamente, pero no estaba claro cuándo emitirá su decisión Pitman.
Tampoco estaba claro cuán pronto las más de una veintena de clínicas de abortos en Texas podrían reanudar las operaciones normales si se suspende la ley.
