Aunque el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, indicara que se le estaría dando espacio a que corriera el curso a la investigación en contra del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, el excandidato a la gobernación por esta colectividad, Carlos Delgado, le pidió la renuncia al ejecutivo municipal.
En el día de ayer, el Departamento de Justicia recomendó al Panel para el Fiscal Especial Independiente (PFEI) asignar un fiscal especial independiente (FEI) para investigar a Rodríguez y una empleada del municipio.
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“Llegó el momento que el alcalde dedique tiempo a su defensa en este caso, que es muy lamentable que esté ocurriendo, y en segundo lugar que de paso también a una nueva generación de líderes en Mayagüez, que tienen el deseo y el compromiso de echar hacia delante la ciudad”, comentó en entrevista con Wapa Televisión.
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“Sin duda alguna yo estoy reaccionando a un planteamiento del alcalde donde plantea que la situación que él está viviendo es una similar a la que pasó este servidor, el alcalde Marcelo Trujillo de Humacao, Joe Román de San Lorenzo , entre otros alcaldes que él mencionó, y me parece que no es justo, y es equivocado, sobre todo mencionar al actual alcalde con unos casos que son muy diferentes a lo que está ocurriendo con Mayagüez, y en mi caso específicamente , hubo una investigación de Justicia, relacionada a una querella presentada por José Aponte del Partido Nuevo Progresista en medio de la campaña política”, agregó.
Según indicó Justicia en un comunicado de prensa, las actuaciones de ambos funcionarios constituyen violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2012, y también podrían constituir violaciones a los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico de 2012.
De acuerdo con la investigación, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.
Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.
