Tras un viaje a la capital federal, donde en estos momentos se discuten las alternativas presupuestarias para el año fiscal federal que empieza el 1 de octubre, el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jorge Galva, reconoció que hay reservas entre congresistas respecto a la interpretación del gobierno federal que consideró que una ley de hace dos años para asignar fondos de Medicaid a Puerto Rico tiene carácter permanente.
“El sentido que pude percibir en el Congreso es que el Congreso no quedó satisfecho con esa interpretación y le hicieron una petición formal al GAO (Oficina de Contabilidad General) para que el GAO emita, en o antes del 15 de noviembre, una opinión con respecto de la solvencia jurídica de la interpretación que hizo CMS (Centros de Servicios de Medicaid y Medicare). O sea, tenemos todavía que esperar hasta el 15 de noviembre para saber si efectivamente esa interpretación de CMS es válida o no. Estamos cautelosamente optimistas, porque la práctica administrativa en Estados Unidos es que le das deferencia a la agencia experta, que en este caso es CMS”, planteó Galva.
La ley en cuestión fue aprobada en diciembre de 2019 y asignó unos $5,700 millones para el programa de Medicaid en Puerto Rico que se distribuirían en los años fiscales federales 2020 y 2021, que concluye el 30 de septiembre.
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Sin embargo, recientemente el CMS, que es la entidad encargada de supervisar el uso de los fondos de Medicaid en los estados y territorios, concluyó que la ley tenía como propósito asignar esa cantidad de forma permanente a Puerto Rico, así como un ajuste por inflación.
Hasta esa novel interpretación, el sentir general era que a partir de octubre el sistema de salud de Puerto Rico necesitaría una nueva inyección de fondos para evitar caer en el llamado precipicio fiscal, toda vez que la ley permanente destina a la isla poco menos de $400 millones anuales para la cobertura médica de la población médico indigente.
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Debido a ello, en los pasados meses se había discutido en el Congreso la posibilidad de una asignación de alrededor de $15,000 millones por cuatro o cinco años para financiar el programa de Medicaid, del que se benefician en Puerto Rico los asegurados a través del Plan Vital, que ascienden a cerca de 1.2 millones de personas.
“El Congreso quiere estar seguro, porque están diciendo nosotros hicimos esta ley por acá, y ahora viene CMS por allá y lo interpreta de una forma que a nosotros nunca se nos había ocurrido. Vamos a ver qué dice GAO con respecto a todo eso”, sostuvo el director ejecutivo de ASES, entidad que en Puerto Rico se encarga de contratar y supervisar a las aseguradoras privadas que administran el Plan Vital.
“Aquí lo que parece existir es una controversia entre la Legislatura y la administración por lo que hizo CMS, más que una controversia sobre el dinero”, insistió.
Galva reconoció que uno de los riesgos prevalecientes es que la interpretación actual de CMS sea revertida por una administración federal futura y Puerto Rico quede, de un momento a otro, desprovisto del financiamiento que requiere su sistema de salud.
“Por eso es que la interpretación del GAO va a tener que tocar varios puntos. Si la interpretación es consecuente con la intención legislativa, entonces (la asignación permanente) está legislado y ahí se acabó la discusión, porque ninguna administración posterior podría venir a cambiarlo. Si el GAO dice que es una interpretación administrativa puramente, ahí se abre la puerta a que una administración posterior lo deje sin efecto. Si el GAO dice que la interpretación de CMS no tiene pies ni cabeza, entonces estamos de vuelta al tope anterior de $400 millones. Es una situación fluida la que tenemos”, expresó Galva a Metro.
El GAO, que es dirigida por un contralor general, actualmente Gene Dodaro, es una entidad adscrita al Congreso de los Estados Unidos y tiene la responsabilidad de proveer asesoría no partidista a legisladores federales y jefes de agencia.
De acuerdo con Galva, ni entre congresistas demócratas ni republicanos existe mayor objeción a que se eleven las asignaciones permanentes de Medicaid a Puerto Rico, así como el pareo federal por los servicios que se proveen mediante este programa. Aunque por ley permanente el gobierno federal financia el 55% de los servicios –sujeto al tope en la asignación global–, la ley del 2019 elevó el pareo –conocido como FMAP– a 76%, por lo que el gobierno de Puerto Rico solo tiene que aportar el restante 24%.
“Con el FMAP tenemos un ambiente buenísimo, gracias a Dios. Los congresistas y los senadores entienden que el FMAP no es un asunto de dinero para el gobierno federal, es un asunto de dinero para Puerto Rico. Se les explica que la aportación (global) no les cambia para nada, pero al ser a un 76% significa que Puerto Rico tiene que sacar una cantidad mucho menor para poder parear esos fondos que si estuviésemos de nuevo en la situación de 55-45. Cuando uno les explica que el FMAP no mueve la aguja en términos de dinero, lo aceptan muy bien”, aseguró el funcionario.
En el corto plazo, la preocupación continúa siendo el tranque para aprobar una resolución de continuidad de presupuesto que cobre vigencia el 1 de octubre, en tanto se afinan los detalles del enorme proyecto de reconciliación que solo requiere 51 votos para aprobarse en el Senado. La resolución de continuidad, sin embargo, requeriría de al menos 10 votos republicanos en el Senado dividido a la mitad.
“Con el ‘impasse’ entre republicanos y demócratas, existe el riesgo, y hay que decirlo con toda claridad, de que la estructura de Puerto Rico pueda verse afectada por esa pelea macro, algo que no tiene que ver nada con Puerto Rico pero que podría verse atrapado. Estamos confiados en que no va a pasar, porque nuestra petición es una petición pequeña cuando se compara con el universo que estamos hablando, y que podría pasar sin ningún problema el proceso legislativo del CR (resolución de continuidad) o alguna otra medida temporal. Pero siempre hay que reconocer que existe el riesgo de que, por la pelea grande por el presupuesto, pueda haber algún efecto. No es lo que esperamos pero hay que estar alertas”, acentuó Galva.