Tras negociaciones con líderes legislativos, la Junta de Control Fiscal (JCF) aceptó una propuesta que aumentaría a $2,000 mensuales el tope de ingresos para aplicar un recorte de 8.5% en las pensiones de empleados públicos.
“Tras extensas discusiones con los líderes electos, la Junta de Supervisión está dispuesta a aceptar el aumento del umbral de $1,500 mensuales a $2,000 mensuales para los retirados exentos de toda reducción de beneficios. Este nuevo umbral eximirá de cualquier reducción de beneficios a unos 139,000 retirados gubernamentales, es decir, al 84% de los retirados del Gobierno”, reza la comunicación de la Junta.
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Asimismo, la Junta indicó que está dispuesta a restablecer los beneficios de los pensionados en caso de que el gobierno de Puerto Rico reciba una asignación adicional por fondos de Medicaid “en exceso de las cantidades proyectadas en el Plan Fiscal Certificado de 2021, y si dichos fondos generan suficientes ahorros en el presupuesto del Fondo General del Gobierno que permitan el restablecimiento de la reducción de beneficios”.
“La Junta de Supervisión está dispuesta a acordar que los municipios compartan los beneficios resultantes de la reducción del servicio de la deuda, siempre que el Gobierno obtenga y mantenga un financiamiento adecuado de Medicaid. La Junta de Supervisión propone incluir financiamiento adicional al fondo de equiparación municipal existente, que se distribuirá de acuerdo con los parámetros existentes del CRIM”, lee la declaración del ente fiscal.
De igual forma, el organismo federal señaló que estarán de acuerdo con estos acuerdos “si la Legislatura de Puerto Rico adopta la legislación necesaria para el Plan de Ajuste y si el gobernador firma dicha legislación”.
Esta mañana, el presidente cameral, Rafael ’Tatito’ Hernández, confirmó el acuerdo con el ente fiscal y presentó una pieza legislativa que buscará ponerle fin a la quiebra del país. “Ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar legislación para atender la situación. Lo que estamos radicando hoy es la reestructuración de la deuda al Gobierno Central, que actualmente está en $18.8 billones de dólares. Asimismo, proponemos una reducción a $7.4 billones, lo que significa el 60% del pago de la deuda y esta legislación facilita tal reducción”, dijo Hernández.
De acuerdo con un comunicado de prensa del líder legislativo, esta legislación también habilita la reducción en el pago a la deuda de $3,300 a $1,133 billones de dólares anuales.
“También, estamos creando un Instrumento de Valor Contingente (CVI, por sus siglas en inglés). Esto significa que todos los recaudos del Gobierno, que por décadas se habían cedido a corporaciones públicas, ahora estará centrado en una sola cuenta, facilitando el manejo de los ingresos por parte del Estado”, indicó el líder legislativo en alusión al instrumento que incluyó la Junta en el Plan de ajuste de la deuda para pagarle el exceso de los recaudos del IVU a ciertos acreedores.
Hernández mencionó que, al solicitar una reducción en la cifra de pensionados que recibirán recortes, la Junta aceptó aumentar el umbral de ingresos a $2,000 mensuales, por lo que solo quienes reciban pensiones mayores a este tope experimentarán un recorte de 8.5%. El presidente cameral sostuvo, además, que con el umbral de $1,500 por pensionado, la restitución costaría $90 millones. Ante esto, indicó que le solicitaron a la Junta incrementar el umbral a $2,000. De esta forma, el costo de restituir las pensiones solo costaría $44 millones al erario.
