A pesar de que ya el Tribunal Supremo declaró no ha lugar el recurso de Luma Energy para evitar que la Cámara de Representantes tenga acceso a decenas de documentos solicitados a través de la comisión que fiscaliza el contrato otorgado al consorcio, el presidente de la compañía, Wayne Stensby, se sostuvo firme en su postura de que no entregarán datos que comprometan lo que, a su juicio, es información confidencial de una empresa privada.
“Es un asunto en litigación, pero es claro que la intención (de la Cámara de Representantes) no es apoyar a los consumidores ni la transformación (del sistema eléctrico), sino causar confusión y obtener información que apoyar los esfuerzos que han resultado en que los empleados de Luma hayan sido hostigados. Mientras tanto, Luma mantiene el enfoque en su trabajo de atender y poner a sus clientes primero”, dijo Stensby, quien en varias ocasiones mencionó a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego como el principal actor de una campaña contra Luma Energy.
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En una conferencia de prensa virtual convocada para repasar los primero 100 días de Luma Energy a la cabeza del sistema de transmisión y distribución de energía, Stensby indicó que la compañía cuenta con más de 3,000 empleados, lo que catalogó como “suficientes” para atender las necesidades de la red, si bien anticipó que la cifra continuará aumentando.
Sin embargo, a una pregunta directa de la prensa, se negó a responder cuántos de esos trabajadores son celadores de línea, uno de los requerimientos que la ha presentado el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energía de la Cámara baja, Luis Raúl Torres.
“No voy a dar ningún detalle de nuestras estadísticas, de la misma forma que ninguna otra empresa privada ofrece sus estadísticas. Y no voy a dar sus números de teléfono, ni sus direcciones, ni cuánto se les paga”, acentuó el ejecutivo.
Stensby insistió que Luma Energy ha cumplido con todos los requerimientos incluidos en el contrato de operación y mantenimiento, así como con proveer la información que les solicita el Negociado de Energía (NEPR), con lo que, a su entender, satisfacen el nivel de transparencia adecuado para un administrador de la red eléctrica.
En esa línea, presidente de Luma exhortó a medios de comunicación y ciudadanos interesados en conocer datos sobre la operación de la red a acudir al NEPR. De acuerdo con Stensby, el grado de “transparencia” existente es mayor al que había cuando la Autoridad de Energía Eléctrica se encargaba de todo el sistema, pues Luma Energy notifica si los apagones responden a problemas con la generación de energía o con la transmisión y distribución.
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“También proveeremos actualizaciones de nuestro desempeño contra las métricas, que deben hacerse cada tres meses”, añadió.
Al preguntársele específicamente si cumpliría con el mandato judicial de contestar a la Legislatura las peticiones de información, Stensby dijo que la política de la empresa es de no expresarse sobre asuntos bajo litigio.
Aunque el Supremo denegó el pedido de revisión que solicitó Luma Energy, la compañía agotó el pasado 13 de junio su derecho a una segunda reconsideración, que se encuentra a la espera de respuesta de parte del máximo foro judicial.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 34 A del Código Político, incluso si el Tribunal Supremo volviera a fallar en su contra y la Cámara baja acudiera al Tribunal de Primera Instancia con una petición de desacato, Luma Energy tendría derecho, durante la vista de desacato, a “levantar en ella todas las cuestiones constitucionales, legales y de hecho que estimare pertinentes”.
