El Tribunal Supremo acometerá desde hoy la tarea de elegir un presidente y un presidente alterno para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) con casi total libertad para definir el proceso que seguirán, siempre y cuando anuncien sus selecciones dentro de 15 días, que es la única condición que estableció el polémico Código Electoral aprobado hace un año.
Para el profesor de Derecho Constitucional Carlos Ramos, el diseño de la ley electoral contiene visos de inconstitucionalidad al sumergir al Tribunal Supremo en un proceso que históricamente ha sido manejado por los funcionarios de las ramas electas y los partidos políticos, así como por colocar en riesgo la separación de poderes indispensable para el funcionamiento adecuado de la rama judicial.
“La Constitución nuestra, en una de sus disposiciones, es muy clara de que no quiere a ninguno de los jueces en los procesos políticos ni haciendo expresiones políticas. Si bien, por un lado, la Constitución le da un rol al Tribunal (Supremo) en el proceso de redistribución electoral, por otro lado es muy claro en que no quiere a los jueces y juezas cerca de ese proceso. Esta función que se le asigna al Tribunal mete de lleno al Tribunal Supremo en un proceso que debe haber sido solamente para las llamadas ramas políticas del gobierno”, planteó el abogado.
“A mí me queda una sensación terrible por el daño que podría implicar para el Tribunal Supremo, porque estoy convencido que la única razón por la cual en esta última etapa, si no hay acuerdo de los comisionados electorales, o si la Cámara y el Senado no han actuado por las razones que sean, como aquí que no han actuado, jamás la Asamblea Legislativa y el partido político que dominaba la Asamblea Legislativa en ese momento hubiesen asignado ese rol al Tribunal Supremo si no es porque presume que de alguna manera ese tribunal va a responder a sus intereses partidistas”, acotó Ramos en entrevista con este medio.
El Código Electoral, que introdujo al Tribunal Supremo como el organismo que, en última instancia, determinaría quién ocuparía la presidencia de la CEE, fue aprobado por la Legislatura que controlaba el Partido Nuevo Progresista y firmado por la exgobernadora Wanda Vázquez. La medida contó con la fuerte oposición de todas las minorías políticas, que repudiaron el cambio en las reglas de juego electoral a pocos meses de los comicios generales del pasado año.
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Actualmente, el Tribunal Supremo cuenta con ocho jueces, seis de los cuales fueron nombrados bajo la administración novoprogresista de Luis Fortuño y dos, bajo el gobierno popular de Alejandro García Padilla, incluyendo a la jueza presidenta Maite Oronoz. El máximo foro judicial también cuenta con una vacante desde el retiro, en diciembre pasado, de la jueza asociada Anabelle Rodríguez.
Además de la cuestionable percepción que se puede generar ante su intervención para llenar las vacantes en las presidencias, Ramos puso en duda que el Tribunal Supremo tenga las facultades para garantizar quienes sean escogidos –en ambos casos, jueces del Tribunal de Primera Instancia– cumplen cabalmente con los requisitos que impone la ley.
El Código Electoral, por ejemplo, exige que tanto el presidente como su alterno sean electores “calificados” y personas con “conocimiento en los asuntos de naturaleza electoral”.
“¿Y cómo el Tribunal Supremo va a detectar que esos jueces y juezas que va a considerar han sido electores? ¿Y cómo el Tribunal Supremo se va a asegurar que esos jueces y juezas seleccionados tienen conocimiento electoral? Eso es terrible pero más vale que el país se entere cómo lo están haciendo. Es terrible, porque el tribunal no está diseñado para hacer esa tarea”, subrayó el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
El conflicto de intereses, en tanto, podría configurarse en todas las instancias en que el Tribunal Supremo tenga que pasar juicio sobre determinaciones tomadas al seno de la CEE –escenario que se repitió en múltiples ocasiones durante el atropellado proceso electoral y escrutinio del 2020– por un presidente nombrado por los propios jueces del máximo foro.
Más aun, puntualizó Ramos, el Tribunal Supremo tiene a su haber la responsabilidad de conformar el panel de jueces apelativos que evalúan si un presidente o su alterno debe ser destituido en caso de presentarse una querella en su contra, así como de potencialmente revisar la determinación que tome dicho panel.
“Eso me parece que plantea un problema bien serio de incongruencia de funciones, de concentración de funciones, y por eso es un serio problema de separación de poderes”, puntualizó el constitucionalista.
Dentro de ese escenario, opinó Ramos, la única alternativa que tiene el Tribunal Supremo para mitigar los señalamientos de parcialidad radica en llevar a cabo un proceso transparente que derive en la selección de un presidente y un alterno por unanimidad, aunque la ley electoral solo requiere mayoría simple.
“Si no son unánimes, para mí hay presunción de que actuaron justamente como querían las ramas políticas de gobierno y subestimando la legitimidad del tribunal”, planteó Ramos, quien opinó que tampoco sería prudente que el Supremo escoja alguno de los candidatos que ya fueron descartados por los comisionados electorales o la rama legislativa.
El juez superior Jorge Rivera Rueda, quien fue nominado a la presidencia de la CEE por el gobernador Pedro Pierluisi, había sido rechazado por los comisionados electorales de minoría y su nombramiento no fue atendido en el Senado ni en la Cámara. Edgar Figueroa Vázquez, a quien Pierluisi presentó a la Legislatura para la presidencia alterna, no había sido evaluado por los comisionados.
El Tribunal Supremo “tiene la oportunidad en sus manos de alzarse ante la historia como hicieron en el caso de Senado contra Pierluisi, que fueron por encima de todos. Tienen la oportunidad de estar por encima de toda la podredumbre política partidista y las disfunciones que en este proceso exhibieron la CEE y la Asamblea Legislativa y nombrar un juez o jueza preparado, con algún conocimiento electoral, con independencia de criterio y que no se le conozca afiliación partidista alguna. Esos son los candidatos ideales, a mi juicio, si quieren salir, entre comillas, bien de esto”, sentenció Ramos.