El proceso de reconstruir y reparar las viviendas afectadas por los huracanes Irma y María, del que hoy se cumplen cuatro años, se extendería, al menos, hasta el 2024 si se cumple con las metas establecidas por el Departamento de Vivienda.
El objetivo fijado por el secretario William Rodríguez –que consiste en multiplicar, a partir de 2022, el ritmo de trabajo que se ha llevado a cabo este año– implicaría que, al final del camino, potencialmente miles de familias que optaron por resolver su situación a través de los programas gubernamentales habrían esperado más de siete años para disfrutar de una vivienda digna a pesar de los miles de millones de dólares asignados desde 2018 y que apenas en meses recientes han comenzado a escapar del laberinto burocrático creado por las autoridades federales y estatales.
Bajo la iniciativa de Reparación, Reconstrucción y Relocalización (R3), establecida con sobre $3,200 millones de la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario tras Desastres (CDBG-DR) –la asignación más elevada dentro de todos los componentes de este programa federal–, solo se había logrado completar la reconstrucción (238) o reparación (1,413) de 1,651 hogares, según los datos más recientes del Departamento de Vivienda. Esa cifra representa apenas el 8% de las cerca de 20,000 solicitudes al programa de R3 que permanecen activas, entre las que se cuentan las que ya fueron adjudicadas favorablemente, se encuentran en proceso de evaluación o no han sido atendidas.
Vivienda, además, ha emitido unos 168 vales de relocalización, alternativa que, de acuerdo con Rodríguez, figura como un “último recurso”, dada la reticencia de la mayoría de las familias y comunidades a dejar a un lado los espacios que llaman hogar. En síntesis, la política vigente contempla la relocalización únicamente cuando no existen alternativas de mitigación de riesgos al construir, por ejemplo, en zonas inundables.
Rodríguez detalló que, al llegar a la jefatura de la agencia, en enero, el programa R3 solo había completado la rehabilitación o reconstrucción de 412 hogares, al tiempo que la meta en el corto plazo es alcanzar los 3,000 antes de acabar el año, para lo que sería necesario concluir los trabajos de sobre 1,300 casas en los últimos tres meses y medio de 2021.
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Además de trabajar a un ritmo de 6,000 casas anuales desde el 2022, Rodríguez subrayó que Vivienda tiene la misión de ganarse la “confianza” de las miles de familias que permanecen a la espera de que se atienda su reclamo de un hogar digno.
“Ha pasado mucho tiempo de lo que la gente esperaba en el 2017, y aunque los fondos no estuvieron en 2017, la gente tiene que saber que el programa existe, que ya gente se benefició y que está ahí. Que cuando lleguemos a ellos, que sometan los documentos, porque el programa tiene resultados concretos. Es importante para mí generar esa confianza de que el trabajo se va a hacer. Es bien difícil para una persona que te digan que te van a demoler tu casa y que la van a reconstruir. Tienes que poder confiar que el programa va a tener el resultado que esperas para que tengas esa credibilidad y puedas decir sí, hazme la reconstrucción”, manifestó el titular de Vivienda, quien hasta diciembre de 2020 fungió como jefe de la Administración de Vivienda Pública.
Sin embargo, de acuerdo con datos que obtuvo la organización Ayuda Legal, hasta finales de agosto, poco menos de 10,000 familias habían recibido la notificación de precualificación al programa R3, por lo que una cantidad similar ni siquiera había tenido respuesta del Departamento de Vivienda y permanecen a oscuras sobre el futuro de sus residencias afectadas.
Según Rodríguez, la expectativa actual de la agencia que dirige es completar la revisión de las 10,000 solicitudes pendientes en los “próximos meses”, aclarando que la proyección es que ese proceso se extienda hasta inicios de 2022.
Para el secretario, la eliminación de requisitos federales a principios de año, así como otros que había autoimpuesto el propio Departamento de Vivienda –como la exigencia de títulos de propiedad para casos de reconstrucción o reparación–, permitirán la agilización de los trámites burocráticos relacionados con la aprobación de solicitudes de R3. Vivienda, dijo Rodríguez, sí tiene la intención de que las familias beneficiadas obtengan el título de propiedad sobre su residencia, pero aseguró que ello no será obstáculo para realizar los trabajos.
Metro visitó la semana pasada la comunidad Villa del Carmen, en Loíza, donde sobre una decena de residencias con los llamados techos azules permanecen sin atención gubernamental. Los residentes de la comunidad reclaman que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) negó ayudas bajo la premisa de que las viviendas carecían de título de propiedad, aunque los vecinos aseguran tenerlos, al tiempo que las gestiones con el Departamento de Vivienda tampoco han ido mucho mejor.
“El Departamento de la Vivienda nos ha dicho que van a arreglar ese problema con los títulos de propiedad, pero todos los años que cambian de gobernador hay que volver a empezar y hay que esperar a que venga el secretario, que todavía no ha pasado”, denunció Sonia Martínez, una líder comunitaria de Villa del Carmen.
Rodríguez indicó durante la entrevista con este medio que no se le había traído a su atención el calvario que atraviesan desde hace cuatro años los residentes de Villa del Carmen y sostuvo que habría que analizar si las viviendas de la comunidad son elegibles para el mecanismo de relocalización, pues, en ese caso, la ausencia de títulos de propiedad podría ser un escollo hasta tanto se complete el cambio de política interna.
La eterna incógnita de los techos azules
Dependiendo del estatus de las solicitudes al Departamento de Vivienda, los hogares en Villa del Carmen pudieran ser elegibles para el nuevo Programa de Reparación de Techos Azules (PRTA), una iniciativa que, una vez sea aprobada por el gobierno federal, separaría $475 millones para atender exclusivamente las residencias que todavía estén cubiertas por los toldos que repartió FEMA hace cuatro años. El dinero para el PRTA provendría de los $3,200 millones que se habían asignado a R3.
El secretario Rodríguez aclaró que aquellas viviendas con techos azules cuya reparación o reconstrucción ya haya sido adjudicada mediante el programa de R3 –1,724, de acuerdo con Ayuda Legal– no serán transferidas al PRTA. Dentro de R3, las casas con toldos figuran dentro del grupo prioritario que estableció Vivienda.
En la última enmienda sustancial al plan de acción que el Departamento de Vivienda sometió a su contraparte federal, donde se propone el PRTA, la agencia estatal estimó, a base de un análisis geoespacial, que “es posible que queden 18,000 o más viviendas con techo azul” en el país.
Partiendo de esa premisa, con los $475 millones asignados al PRTA, a cada hogar se le asignaría un promedio de $26,000 para su reconstrucción o reparación, muy por debajo del costo que implica arreglar los daños de muchas de las viviendas destruidas por los ciclones.
Sin embargo, Rodríguez se mostró confiado en que la partida asignada será suficiente, al plantear, incluso, que el número real de casas con techos azules es significativamente menor. No obstante, admitió que el Departamento de la Vivienda carece de un estimado certero.
“Sabemos que numéricamente no todos estos techos azules van a ser viviendas, algunos van a ser espacios comerciales, sabemos que algunos pueden ser espacios agrícolas o espacios que no son residencias pero que están al lado de residencias, como garajes que se hacen con estos toldos. Nosotros tratamos de limpiar (el listado) lo más posible con los peritos que trabajaron esto. Y sabemos que hay gente que tiene el techo pintado de azul (y no es un toldo). Va a disminuir la cantidad. Cuánto, no sabemos. Hay gente que tiene estimados de 5,000, o que podría bajar a 10,000”, especuló el funcionario.
En anticipación de la aprobación federal del PRTA, Rodríguez explicó que Vivienda ha reclutado organizaciones sin fines de lucro para visitar hogares con techos azules, con miras a tener un “perfil socioeconómico” de las familias y poder atenderlas directamente una vez los fondos estén disponibles.
“Nos dimos cuenta que al programa R3, que era ‘inbound’ (requería solicitud de los damnificados), solicitaron 2,000 familias (con techos azules). Eso no fue suficiente. Ahora estamos buscando ir nosotros a ellos. Esta entrevista inicial es la que va a estar incluyendo a las familias en este programa de ‘Blue Roof’. Obviamente, una vez tengamos toda la ‘data’ y el programa aprobado, nos vamos a estar comunicando con ellos y ahí estarían, si ellos aceptan, dentro del programa”, dijo Rodríguez al resaltar la diferencia primordial entre el R3 y lo que sería el PRTA.
Rodríguez espera que el Departamento de Vivienda federal apruebe la enmienda al plan de acción en algún momento de noviembre, tras lo cual el dinero asignado se tramitaría a municipios y organizaciones sin fines de lucro, que servirían como los subrecipientes a cargo de administrar el PRTA.