Pese a la objeción del gobernador Pedro Pierluisi, la Junta de Control Fiscal (JCF) impulsó hoy la séptima versión de un plan de ajuste que incluye un recorte a las pensiones de los empleados públicos.
Durante una reunión pública del ente fiscal, el primer ejecutivo señaló que, si bien favorece los acuerdos que reestructuran cerca de $35,000 millones de la deuda pública, mantendrá su oposición a un plan de ajuste que reduzca las pensiones de empleados públicos. En esencia, el plan de ajuste contempla un recorte de 8.5% a todas aquellas pensiones que sobrepasen los $1,500 mensuales.
Al culminar la reunión, Pierluisi, aseguró que, de aprobarse el plan de ajuste de la deuda en el Tribunal Federal, no acatará el recorte a las pensiones y que el gobierno aún así realizará estos pagos. Incluso, el gobernador planteó que la insistencia de la Junta en recortar las pensiones podría tratarse de un “asunto ideológico”.
“A pesar de los beneficios increíbles de este plan tengo que levantar mi voz nuevamente para cuestionar los recortes a pensiones que incluye el mismo. Son innecesarios”, dijo el primer mandatario durante el cónclave. Según Pierluisi, continuar las pensiones tal y como están le costarían unos $63.8 millones anuales, por lo que sostuvo que es una cifra que podría asumir estos pagos.
“Mi administración está clara de que este plan de ajuste es excelente para Puerto Rico y voy a estar exhortando a la Asamblea Legislativa a que apruebe legislación para que se pueda emitir la emisión que hay que emitir para lograr la reestructuración, pero me voy a oponer a cualquier proyecto que quiera cortar pensiones”, dijo Pierluisi.
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“Hasta ahí llegamos. Y vamos a mantener la objeción a esa parte del plan ante la juez Swain porque espero que la juez, en su sentido de justicia y sensibilidad a esta población vulnerable, no le de paso a esos recortes de pensiones”, continuó. Agregó que tan reciente como en 2013, los pensionados sufrieron recortes en sus pensiones y que, desde 2007, no han recibido aumentos por el incremento en los costos de vida y planteó que esto ha resultado en una disminución del 39% en el valor de estos beneficios.
Tras las expresiones de Pierluisi, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, descartó que el recorte a las pensiones se trate de un asunto ideológico. “No se trata de un asunto ideológico. Responde a que el tribunal requiere que haya un trato igual a los acreedores. Si fuera por nosotros, no recortaríamos las pensiones”, dijo.
Pese a la objeción del gobernador, los integrantes de la Junta defendieron las “bondades” del plan de ajuste de la deuda y reiteraron que el recorte a las pensiones es uno necesario ante la situación financiera que enfrenta el país.
“Esto fue un problema político en que no se pagaron las pensiones en su momento. Por eso tenemos este problema. Y hemos tratado una y otra vez de recortar lo menos posible y proteger a los más vulnerables”, comentó el presidente de la Junta, David Skeel.
Antonio Medina, integrante de la Junta, salió en defensa del plan de ajuste y aseguró que, de no aprobarse el plan de ajuste, no habrá dinero para pagar las pensiones. “En 2015, no había dinero para pagar las pensiones…Por eso es la importancia de Promesa ya que le asegura a los pensionados sus pagos. Si volvemos para atrás no había dinero para pagar las pensiones”, insistió.
Por su parte, estará en manos de la jueza Laura Taylor Swain si el recorte a las pensiones se mantendrá en el plan de ajuste de la deuda a partir del próximo 8 de noviembre cuando comenzarán las vistas de confirmación del plan de ajuste en el Tribunal Federal.
En medio de la reunión, los integrantes de la Junta realizaron una presentación en donde defendieron el plan de ajuste de la deuda debido a que, según argumentaron, allana el camino para que el país salga de la quiebra. Plantearon que la deuda pública del gobierno central de unos $35,000 millones podría ser reducida a aproximadamente $7,000 millones. El plan de ajuste de la deuda, además, contiene un mecanismo —denominado el instrumento de valor contingente (CVI)— en donde, de ocurrir un superávit en los recaudos de impuestos del gobierno, se pagará un exceso a los acreedores y subsiguientemente a los pensionados.
En torno al recorte de las pensiones, los integrantes de la Junta no solo indicaron que se trataba del menor recorte posible a estos beneficios, sino que el plan dispone de un fideicomiso que se creará y que estará nutrido con una primera inyección de $175 millones. Señalaron también que, de aprobarse el plan, el Sistema 2000 se nutrirá de unos $1,200 millones que el gobierno no pagó en el pasado, por lo que aseguraron que los beneficiarios de este sistema verán este dinero restablecido en sus respectivas cuentas.