Pese a que hace unos meses el liderato de la Junta de Control Fiscal (JCF) confiaba en que no necesitaría de la Legislatura para confirmar su plan de ajuste de la deuda, la estrategia del ente fiscal parece haber cambiado de dirección y ahora esperan alcanzar un acuerdo con el liderato legislativo y el gobernador Pedro Pierluisi en las próximas semanas que allane el camino para “salir” de la quiebra.
En entrevista con Metro, los integrantes de la Junta, Antonio Medina y Andrew Biggs, defendieron las bondades del acuerdo que recortaría unos $35,000 millones de la deuda pública del país y que, al momento, ejecutaría un recorte de un 8.5% a aquellas pensiones que sobrepasen el umbral de $1,500 mensuales. Aunque, actualmente, la Junta evalúa una propuesta de la Legislatura que elevaría dicho tope a $2,000 aquellas pensiones que enfrentarían el recorte de 8.5%.
Durante el verano, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, aseguraba que el ente fiscal podría confirmar el plan de ajuste de la deuda sin el aval de la Legislatura. Sin embargo, el liderato legislativo planteaba que la Junta necesitaría el cedazo legislativo para ejecutar el recorte a las pensiones, emitir nuevos bonos y crear la estructura del instrumento de valor contingente (CVI), que sería sufragado únicamente si los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso exceden las proyecciones del Plan Fiscal certificado.
No obstante, ayer, el gobernador firmó un proyecto de ley que, en esencia, devuelve poderes presupuestarios a la Asamblea Legislativa, incluyendo el poder para emitir nuevos bonos. Cuestionado sobre si esto podría significar un escollo para que la Junta impulse el plan de ajuste de la deuda, Biggs y Medina sostuvieron que esperan que las negociaciones entre ambas partes resulten en un acuerdo que permita a la isla culminar el proceso de reestructuración de la deuda. “No hemos llegado a una conclusión sobre el efecto de esa ley [Proyecto de la Cámara 959]. Me parece que se trata algo de balance de poderes y política pública y mucho de eso no tiene mucho que ver con la Junta y el resto se refiere a la emisión de nueva deuda. Pero estamos enfocados en alcanzar un acuerdo y sacar a Puerto Rico de la quiebra”, señaló Biggs. Y aunque esta medida podría obstaculizar los intentos de la Junta en emitir nuevos bonos, Biggs y Medina no anticiparon si el ente fiscal evalúa impugnar dicha pieza legislativa en los tribunales tal y como lo han hecho en otras ocasiones.
Sin embargo, los integrantes de la Junta indicaron que el ente fiscal aún evalúa una propuesta del presidente cameral que, esencialmente, dispone aumentar el umbral de pensiones a ser recortadas de $1,500 a $2,000. “El presidente cameral [Rafael ’Tatito’ Hernández] propuse formalmente aumentar el umbral a $2,000. Estamos evaluando su solicitud y hemos tenido discusiones con el gobernador quien ha dejado claro que su objetivo es que no hayan recortes. Todo está bajo consideración”, dijo Medina.
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Ante la posibilidad de que la Legislatura no apruebe el plan de ajuste de la deuda debido a su oposición a recortes en las pensiones, Biggs indicó que la Junta aún no ha delineado un ’plan B’, en caso de que la Legislatura descarte dicha reestructuración. “Pienso que la mejor manera de evitar un ’plan B’es enfocarnos en alcanzar un acuerdo”, comentó Biggs. “Pero estamos enfocados en el ’plan A'”, añadió.
“Me siento bien confiado en que alcanzaremos un acuerdo en las próximas semanas o quizás meses”, dijo, por su parte, Medina.
“¿Es posible un plan de ajuste de la deuda sin un recorte a las pensiones?”, preguntó este medio. “Es un cuestionamiento legal que solo depende en lo que decida la jueza Swain”, respondió Biggs. “Pienso que mejoramos nuestras posibilidades ante la jueza Swain si logramos que más grupos respalden el plan de ajuste de la deuda. Y por eso estamos tratando de llegar a un acuerdo con la Cámara de Representantes, el Senado y el gobernador. Nos da mejores posibilidades de que este plan de ajuste se confirme en el tribunal”, continuó.
Minimizan críticas al plan de ajuste de la deuda
Si bien muchos sectores de la ciudadanía, uniones y sindicatos han rechazado el plan de ajuste de la deuda, Biggs y Medina indicaron que dicha reestructuración es la única vía para que Puerto Rico salga de la quiebra y que culmine el mandato de la Ley Promesa. “Es fácil exagerar algunos de los desacuerdos que aún restan por resolver y no mirar los enormes beneficios que tendrá Puerto Rico y acoger un plan de ajuste de la deuda”, acotó Biggs.
“¿Piensa que los reclamos de las uniones y sectores de la ciudadanía son exagerados?”, le cuestionó este medio.
“Tienen sus razones particulares y sus asuntos particulares que son importantes para ellos y son válidos para estos. El plan de ajuste de la deuda es una gran victoria al reducir el principal de la deuda y la hace mucho más asequible. Esto permite que todo sea más fácil para todo el mundo”, respondió Biggs.
A juicio de Medina, el efecto de que no se apruebe el plan de ajuste, podría significar que Puerto Rico regrese a los niveles que encaró en 2015 en donde no tenía dinero para pagar la deuda pública y tampoco podía financiar el sistema de pensiones. “Si desechamos el plan de ajuste de la deuda, volvemos al 2015. Hay diferentes grupos con diferentes intereses y eso es natural. Pero lo más importante es que después que el plan de ajuste se apruebe por el tribunal, Puerto Rico estará fuera de la quiebra y estará en una posición para que su economía crezca”, dijo.