Del CPI.
El Departamento de Salud de Puerto Rico (DS) “puso en riesgo” la vida de los puertorriqueños al no implantar de forma efectiva un protocolo de preparación y respuesta durante el huracán María, indica una auditoría del gobierno federal.
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La investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS-OIG en inglés), publicada en julio de 2021, sostiene que el DS incumplió con un acuerdo colaborativo para atender emergencias.
Una sucesión de errores y omisiones del DS causó que esta fuera la única de las agencias de algún estado o territorio en ser auditada por el gobierno federal. El DS no llevó a cabo iniciativas de preparación y respuesta específicas para las personas más vulnerables, como niños, ancianos, enfermos, con impedimentos, los aislados geográficamente y quienes tienen una barrera cultural o de lenguaje, según se lo exigía el acuerdo colaborativo.
El DS tampoco consultó con el público su Plan Operacional de Emergencia, lo que era un requisito del acuerdo. La agencia puertorriqueña hizo todo lo contrario: alegó que era confidencial. Precisamente porque ocultaba ese documento público, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo que ir a los tribunales a exigirlo.
“La falta de participación de las partes con interés pudo haber limitado la preparación, respuesta y esfuerzos de recuperación del DS”, según el informe federal.
A la falta de transparencia se unió la incapacidad de la agencia para mantener un sistema de comunicaciones que permitiera activar a su cuerpo de voluntarios en caso de una emergencia. Antes del huracán María, el DS dependía exclusivamente de teléfonos para contactarlos, sin contar con un método alterno. Cuando más necesitaba activarlos, durante la peor catástrofe natural que ha enfrentado la Isla en cien años y que había echado al suelo la infraestructura de telecomunicaciones, Salud solo pudo encontrar a 15 personas de la lista, que en ese momento ya habían salido de Puerto Rico por la emergencia. Eso es sólo el 2 % de los 700 que estaban en la base de datos de voluntarios.
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Los tropiezos se sucedieron en cadena. La HHS-OIG señala que el DS no estuvo preparado para atender una mortandad a gran escala y manejar los cadáveres (lo que en efecto se convirtió en una crisis en las morgues de los hospitales y en el Instituto de Ciencias Forenses). El DS también enfrentó problemas al momento de comprar equipo porque no usó los procesos expeditos de emergencia para adquirir materiales, en colaboración con la Administración de Servicios Generales. Salud siguió los mecanismos ordinarios de compra, con el resultado de no tener a tiempo las herramientas que necesitaba para enfrentar la emergencia.
“Pensamos que si el DS mejora en estas áreas, ayudaría a no poner a los residentes en riesgo”, dijo al CPI Stephanie Pizzillo, representante regional de la HHS-OIG.
Esa agencia federal no sólo revisó el cumplimiento del acuerdo colaborativo sino el Plan Operacional de Manejo de Emergencias del DS y los intentos de acciones correctivas después de los incidentes para determinar cuán efectiva había sido la preparación y la respuesta ante el huracán María.
“Puerto Rico sometía el mismo plan cada año. No parecía que estuviera actualizado”, dijo Pizzillo.
El acuerdo colaborativo fue firmado en 2012, bajo la primera administración del ex secretario Lorenzo González, nombrado por una administración del Partido Nuevo Progresista (PNP). Este debía durar un lustro, lo que incluía el 2017, año de los huracanes Irma y María, que fue parte del periodo auditado.
La auditoría abarca el periodo de los años fiscales de 2017 a 2018, cuando a la agencia la dirigía Rafael Rodríguez Mercado, nombrado por el exgobernador Ricardo Rosselló. Durante esos dos años, el DS recibió $19.1 millones para este programa. El ex secretario no respondió a preguntas del CPI sobre por qué la agencia incumplió los puntos que señala la auditoría y cuál era el estatus del acuerdo colaborativo al momento de llegar a la agencia.
El 3 de marzo de 2021, el actual secretario del DS, Carlos Mellado, envió una carta a la agencia federal cuando esta preparaba el informe, y alegó que las conclusiones que manejaba la HHS-OIG no reflejaban la “realidad” de lo ocurrido en Salud. Mellado, quien fue anunciado como Secretario de la agencia en diciembre de 2020, rechazó el señalamiento de que esta no había implantado los planes de forma efectiva bajo la administración de Rodríguez Mercado.
Alegó que el impacto de los huracanes había sido sin precedentes, al comienzo de una nueva administración gubernamental. “Esto implica que todos los jefes y directores de las agencias estatales [sic.] habían sido recientemente nombrados a sus roles y no habían tenido la oportunidad de recibir entrenamiento de preparación y respuesta antes de esta emergencia…”, según la carta de Mellado.
Cuando el huracán llegó a la Isla hace cuatro años, la máxima autoridad decisional en todas las iniciativas de la respuesta a las emergencias había sido delegada por el exgobernador Rosselló al Departamento de Seguridad Pública (DSP), una nueva agencia de la que dependían siete entidades, entonces comandada por Héctor Pesquera. “Esta acción dislocó los procesos decisionales y de comunicación, ya que había una falta de conocimiento y entendimiento de los requisitos para la implementación de las actividades de respuesta”, según Mellado.
Esa observación de Mellado coincide con las constantes quejas de expertos en manejo de emergencias y de la oposición al PNP, que alertaron sobre la alegada excesiva burocracia del DSP tras su consolidación en 2017. Ahora en la Legislatura está en pie la propuesta de eliminar el DSP en su totalidad para devolver la autonomía a las entidades que cobija: Policía, Bomberos, Emergencias Médicas, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Sistema de Emergencias 911 y el Negociado de Investigaciones Especiales. El Instituto de Ciencias Forenses estuvo supeditado al DSP durante el huracán María, pero en 2020 recobró su independencia.
La HHS-OIG estuvo de acuerdo en que el impacto de los huracanes de 2017 fue sin precedentes. “Sin embargo, nos sostenemos en que el comienzo de una nueva administración gubernamental no debe afectar la preparación para emergencias”, indicó esa agencia federal en el informe.
Tras evaluar los comentarios de Mellado, el Inspector General mantuvo los hallazgos y le recordó que tiene que implantar todas las acciones del acuerdo cooperativo. Al DS le toca acatarlas en coordinación con la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta (ASPR), la división de HHS que otorga los fondos y que determina qué acciones correctivas tomar.
El DS no respondió a preguntas que le envió el CPI, entre las cuales se encuentran explicar cuáles son los pasos que tomó la actual administración para corregir las deficiencias.
“Hay un precio a pagar por la politización de nuestras agencias”, dijo Ralph Rivera, catedrático en el Recinto de Ciencias Médicas en la Universidad de Puerto Rico, al analizar el informe. Como investigador principal del Centro de Preparación para Emergencias, estuvo a cargo en 2009 de un estudio para documentar la necesidad de las poblaciones vulnerables y preparó en 2012 el plan de emergencias del Departamento de Salud, el último que se hizo con participación de la academia, indicó Rivera.
“Aquí es la primera vez que veo que el Gobierno de Puerto Rico reconoce que a nueve meses de una administración nueva no era capaz de atender los compromisos. Si para algo debíamos estar preparados era para un huracán. Había asignación de fondos para poder prepararse. La politización del Departamento de Salud, donde no hay una transición adecuada, donde personas que tienen el peritaje son removidas o delegadas a roles distintos, nos deja desprovistos del nivel de preparación que se requiere”, añadió Rivera.
Sin un plan especializado la población en riesgo
El acuerdo colaborativo establecía que se hiciera un simulacro en 2017 que incluyera protocolos específicos para la población en riesgo, con una evaluación sobre sus fortalezas, debilidades y acciones correctivas. El DS necesitaba identificar albergues que pudieran atender las necesidades especiales de estas personas y coordinar con centros de cuidado de salud para que les dieran servicios especializados. La agencia tenía que asegurarse de que hubiera recursos de emergencia, como tanques de oxígeno.
Según la HHS-OIG, nada de eso ocurrió como lo requería el acuerdo. El DS sí había coordinado que se atendiera a las comunidades desventajadas en los refugios, pero de forma limitada, y no como parte de un protocolo especial.
“Como resultado, el Departamento de Salud no estaba preparado de forma efectiva para localizar y llegar hasta las poblaciones en riesgo a lo largo del territorio, poniendo la salud y seguridad de estas poblaciones en riesgo”, dice el informe.
Mellado excusó al Departamento de Salud indicando que, en Puerto Rico, son los departamentos de Vivienda, Educación y los municipios los encargados de la puesta en marcha de los refugios.
La HHS-OIG recordó que, como parte del acuerdo, es el DS el que dirige los procesos de identificar esos espacios y los recursos para las personas con necesidades especiales.
Obsoleto el plan de Ciencias Forenses
Antes del huracán María, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) tenía capacidad para almacenar simultáneamente hasta 140 cadáveres, aunque podía acomodar 75 más en caso de emergencia, según el informe. Para recibir más cuerpos, el ICF planificaba almacenarlos en contenedores refrigerados y en espacios industriales, para lo que necesitaría ayuda federal.
La HHS-OIG indica que el plan de emergencias del ICF se encontraba obsoleto y no estaba preparado para atender un evento de mortandad en masa.
El huracán María causó un exceso de 2,975 muertes, según un informe de George Washington University, comisionado por el Gobierno de Puerto Rico, lo que en efecto redundó en problemas de espacio y manejos de los cadáveres.
La HHS-OIG confirmó que el DS tampoco tenía un protocolo con el que los médicos pudieran certificar que las víctimas habían fallecido debido al huracán, lo que pudo haber provocado que las causas de muerte relacionadas al fenómeno atmosférico fueran subestimadas, como revelaron investigaciones periodísticas. La falta de un proceso de identificar víctimas fue uno de los problemas más importantes que surgieron luego del paso del huracán, según fue reseñado por el CPI. Las autoridades de salud federal recomendaban, en otro protocolo fuera del acuerdo colaborativo, tener en marcha un proceso para certificar las causas de muertes, apuntó el informe.
Mellado le indicó a la HHS-OIG que Forenses es la entidad que maneja los cadáveres y se encarga de certificar las muertes. Pero la agencia federal le recordó que, como parte del acuerdo colaborativo, el DS tiene la responsabilidad de desarrollar planes y coordinar la respuesta desde el punto de vista de la salud pública.
El CPI preguntó a Pizzillo, Asistente Regional de la HHS-OIG, por qué Salud es responsable si el manejo de cadáveres en Puerto Rico recae bajo el ICF.
“Entendemos que esta no es la responsabilidad primaria del Departamento de Salud, pero debía haber algún tipo de coordinación. Y cuando esta agencia firmó el acuerdo, se comprometió a cumplir los términos… También está asumiendo responsabilidad para asegurarse de que las cosas estén en su sitio”, dijo Pizzillo.
Sin comunicación entre el sector de la salud
El DS no definió con claridad los roles y las responsabilidades de los funcionarios que debían coordinar los trabajos de las Coaliciones de Servicios de Salud (HCC, por sus siglas en inglés). Estas son entidades públicas, privadas y sin fines de lucro como hospitales, farmacias, laboratorios, cuerpos de manejo de emergencias, organizaciones de voluntarios, entidades de fe y funerarias, entre otras, que deben trabajar en conjunto durante los desastres.
El informe habla de cuatro empleados (no menciona sus nombres) que fueron nombrados coordinadores de zona del DS y no cumplieron con su responsabilidad de coordinar los HCC.
El DS tampoco estableció procedimientos para que miembros de los HCC compartieran información en tiempo real sobre los recursos necesarios para atender la emergencia, ni recibir detalles sobre otras organizaciones. La mayoría de los hospitales, por ejemplo, tenía acceso a una base de datos del DS pero sólo para ingresar información, mientras que los laboratorios y los centros de diálisis no tenían ningún acceso.
Funcionarios del DS dijeron que esta es una herramienta para que hospitales entren datos, que no permitía intercambiar información porque algunos miembros de las coaliciones de salud no querían compartirla con sus competidores.
“Debido a que todos los miembros de los HCC no podían acceder a la base de datos, y a que no había métodos alternos para compartir información sobre recursos y necesidades para atender la emergencia, los miembros de los HCC no podían obtener información específica, oportuna y relevante sobre los recursos y necesidades de recursos luego del huracán María, lo que puso en riesgo la salud y la seguridad de los residentes de Puerto Rico”, según el informe.
Salud concurrió con los hallazgos de la HHS-OIG sobre sus deficiencias respecto al manejo de las coaliciones de salud.
El porqué de la investigación
La HHS-OIG, por mandato de ley federal, ha hecho cuatro auditorías a partir de 2018, de las cuales tres fueron a entidades federales cobijadas bajo la sombrilla de HHS: la Administración de Familias y Niños, la Administración de Recursos de Salud y Servicios, así como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La auditoría encontró que las tres tenían controles y estrategias para mitigar el riesgo de la preparación y la respuesta.
De las cuatro entidades auditadas, sólo el DS fue encontrado en incumplimiento.
El CPI preguntó porqué Salud fue la única agencia de un estado o territorio en ser investigada, tomando en cuenta que otras localidades como Texas y la Florida recibieron impactos de huracanes en 2017. “Tenemos recursos limitados para hacer las auditorías. Hacemos evaluaciones de riesgo para determinar las áreas de enfoque”, según la HHS-OIG.
