Al tiempo que la defensa calificó el testimonio como “acumulativo” e “impertinente”, el testigo Luis Rodríguez relató las alegadas irregularidades en el proceso de otorgar una plaza de profesor a una de las personas que se benefició de las Becas Presidenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en el juicio criminal contra el expresidente de la institución Uroyoán Walker y Carlos Severino, exrector del recinto riopedrense.
Ambos enfrentan un juicio por supuestas irregularidades al conceder ayudas económicas bajo el programa de las Becas Presidenciales de la UPR.
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Rodríguez, quien compareció como testigo de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), narró las instancias en que supuestamente la administración universitaria intentó imponer a Carlos Pagán Cuebas, recipiente de la Beca Presidencial, con una plaza de bibliotecario en la Escuela de Derecho. El también profesor también mencionó que durante una reunión de docentes planteó las alegaciones de que Antonio García Padilla, expresidente de la UPR y hermano del entonces gobernador Alejandro García Padilla, habría “presionado” para que se le otorgara la plaza a Pagán Cuebas.
En varias ocasiones, los abogados de Walker y Severino, José Andreu Fuentes y Frank Torres Viada, respectivamente, objetaron las preguntas de la fiscal especial Zulma Fúster, al tildar el testimonio como uno “impertinente” debido a que, plantearon, que no guardaba relación con la controversia. A su vez, plantearon en repetidas instancias que Rodríguez estaría testificando sobre hechos que no le constaban. Inclusive, ambos letrados descartaron contrainterrogar a Rodríguez al catalogar su testimonio como “acumulativo”. Fúster, en cambio, argumentó en más de una ocasión que el testimonio de Rodríguez era pertinente debido a que mostraba la “intervención ilegal” de Severino en el otorgamiento de la plaza a Pagán Cuebas.
Rodríguez, en su testimonio, narró que la administración de la Facultad de Derecho supo del nombramiento de Pagán Cuebas luego de que Palmira Ríos, entonces decana de asuntos estudiantiles, lo notificara en una reunión. Sin embargo, en ese momento, Rodríguez relató que Ríos les aseguró que el nombramiento de Pagán Cuebas, exasistente de cátedra de Antonio García Padilla, y Arturo Ríos, exestudiante de Derecho y entonces asesor en La Fortaleza, no estarían siendo asignados a la Escuela de Derecho. Incluso, Rodríguez mencionó que Ríos le reiteró que la Facultad de Derecho no estaría entre las facultades a las cuales Walker habría autorizado la apertura de 25 plazas de docente en áreas de difícil reclutamiento.
“Le dije que de la Escuela de Derecho iba a haber un rechazo a un nombramiento impuesto y que era violatorio al reglamento general y que no fuimos consultados”, dijo Rodríguez durante su testimonio ante el juez Aldo González Quesada en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.
No obstante, en febrero de 2016, Rodríguez contó que la decana de la Facultad de Derecho Viviana Neptune recibió una carta de Ríos en donde señala que se estaría otorgando a la Facultad de Derecho una plaza de bibliotecario la cual estaba condicionada a la beca presidencial.
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Rodríguez testificó que dicho proceso contravenía la reglamentación de contratación en la Universidad y que debía pasar por un proceso de consulta en la facultad. Poco tiempo después, según el también profesor, Ríos le habría enviado una segunda carta a Neptune donde insistió en la plaza de bibliotecario pero, en esta ocasión, estaría atada a un “compromiso institucional” y se eliminaba el requisito de realizar una convocatoria.
Rodríguez manifestó que en varias reuniones los docentes de la Escuela de Derecho objetaron dicho nombramiento debido a que el reglamento dispone que se realice un proceso de consulta entre la facultad.
Días después, Rodríguez alegó que Ríos le habría comunicado que el nombramiento de Pagán Cuebas respondía a “presiones” de García Padilla. Según el testimonio de Rodríguez, “Tony” García Padilla habría rechazado las alegaciones durante una reunión de la facultad de Derecho en febrero de 2016. Incluso, contó que García Padilla acudió a su oficina tras dicho cónclave para cuestionar las expresiones de Rodríguez. Pagán Cuebas recibió una Beca Presidencial valorada en $40,000 para estudios posgraduados en Derecho.
El juicio continúa mañana miércoles en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.
Ambos enfrentan cargos por violar el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental sobre omisión en el cumplimiento del deber. Walker enfrenta tres violaciones al artículo 262 y al 264 (b) del Código Penal por omisión en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos. Mientras que a Severino se le imputan tres cargos por violaciones al artículo 254 del Código Penal, que prohíbe la intervención indebida en operaciones gubernamentales y un cargo adicional por violación al artículo 262 del Código Penal en torno a la omisión en el cumplimiento del deber.
Califica el caso como un “chisme de pasillo”
Al concluir la vista judicial, Torres Viada, minimizó el testimonio de Rodríguez y argumentó los fiscales especiales independientes no han presentado prueba pertinente en torno a las alegadas irregularidades en torno al otorgamiento de las Becas Presidenciales en la UPR. “Los fiscales, en la medida en que no existe prueba para configurar el delito, lo que han hecho es crear una especie de bola de humo y han convertido el caso, no en un que tenga que ver con la concesión de las Becas Presidenciales, sino en uno que tiene que ver con controversias legales en la concesión de una plaza y unas objeciones de los profesores y profesoras de la Facultad de Derecho”, señaló el letrado al salir de la sala 602 del tribunal.
Además, planteó que la prueba que ha presentado la fiscalía “sugeriría que se trata de un bochinche o chisme de pasillo de la Escuela de Derecho y cuando las propias reglas de evidencia dicen que cuando una parte presenta una prueba no pertinente o de menor calidad a la prueba que de ordinario debería presentarse se debe mirar con sospecha por el juzgador”.
