Manifestantes contra la Junta de Control Fiscal trazan estrategias para llevar reclamo a Washington

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves Torres, se manifestó satisfecho con el respaldo que recibió de los sectores sindical, ambientalista, político y cooperativista la manifestación que sobre 40 organizaciones convocaron para esta mañana para protestar contra la presencia y políticas impulsadas por la Junta de Control Fiscal (JCF).

De acuerdo con Nieves Torres, también vicepresidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, a la marcha, que transcurrió por la avenida Chardón hasta llegar a la sede de la JCF en Hato Rey, acudieron figuras del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Partido Nuevo Progresista y una delegación de la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Popular Democrático.

“Esta convocatoria la hicimos entre 40 organizaciones básicamente y hoy se sumaron diversas organizaciones adicionales y superamos las 50. Es una marcha que es muy representativa de los diversos sectores que hemos estado denunciando lo que impone la JCF en Puerto Rico”, planteó Nieves Torres sobre la marcha, a la que se denominó “Todo Puerto Rico contra la Junta”.

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El líder sindical señaló que le llamó la atención la presencia del sector cooperativista, que estuvo representado por miembros de cooperativas de ahorro y crédito de Rincón, Yauco y San Juan, así como de la Liga de Cooperativas.

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“Lo importante es que a una sola voz hemos hecho una declaración conjunta al Congreso de Estados Unidos y vamos a buscar los medios para hacer llegar esa declaración por escrito y, posiblemente, con alguna presencia en Washington. Esto es un reclamo que tiene que elevarse a nivel del Congreso, que es el que impuso la JCF aquí”, planteó el educador.

Nieves Torres añadió que varias de las organizaciones que convocaron la manifestación de esta mañana sostuvieron hace un mes una reunión virtual con un grupo de una decena de congresistas demócratas en la que el laureado economista Joseph Stiglitz abundó sobre los riesgos que representa los propuestos recortes a las pensiones del sector público que la JCF impulsa mediante el plan de ajuste de deuda del gobierno central.

“La sesión en el Congreso comienza el 20 de septiembre. Estamos evaluando la posibilidad de acudir un grupo de personas de los que marchamos hoy, y otras organizaciones, a Washington a hacer alguna conferencia de prensa dirigida a elevar ese reclamo. Y de ese modo también que se organicen las organizaciones de puertorriqueños en la diáspora, algunos de los que ya han hecho sus protestas solicitando la auditoría de la deuda, por ejemplo. Son organizaciones, algunas comunitarias y otras vinculadas a sindicatos, que van a estar haciendo ese reclamo desde Washington también. Los boricuas que están allá están pendientes a este tema y ejercen su presión electoral”, sostuvo Nieves Torres.

Llamado a defender Ley de Retiro Digno

A juicio de Nieves Torres, los funcionarios del gobierno electo de Puerto Rico han sentido la presión para oponerse a un plan de ajuste de deuda que incluya el recorte de hasta 8.5% en algunas pensiones desde el momento en que se propuso la Ley de Retiro Digno en 2020, antes de las pasadas elecciones generales. El proyecto fue presentado nuevamente en este cuatrienio y se convirtió en la Ley 7-2021, si bien el gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que su implementación no es realista y que su firma a la medida representó una especie de expresión en contra de recortes a las pensiones.

Para el presidente de la CPT, la reunión que celebraron a finales de agosto directivos de la JCF, los presidentes legislativos y Pierluisi fue un reconocimiento de parte del organismo federal de que el gobierno electo tiene la facultad de bloquear la confirmación de un plan de ajuste.

“Al igual que en el día de hoy, hicimos un llamado al gobernador y los legisladores a que no cedan ante el chantaje o lo que quiere la JCF, que es que ellos renuncien a lo que aprobaron en la Ley para un Retiro Digno, que le anticipó a la Junta las condiciones para aprobar un plan de ajuste. Nosotros hacemos un llamado a la Legislatura para que repudie, no ceda a las presiones de la Junta. Si se mantienen firme, eso representaría un tranque en la confirmación del plan de ajuste de deuda. Significaría que la Junta tiene que volver a negociar con los bonistas y obviamente ellos no quieren hacer eso”, argumentó el líder gremial.

En sus escritos a la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de quiebra del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, la JCF ha planteado que, de ocurrir un tranque, el tribunal tiene la prerrogativa de imponer un plan de ajuste sin legislación.

Más temprano en el día, la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales populares, envió un comunicado mostrando su apoyo a la manifestación contra la JCF.

“La Ley Promesa fue creada para establecer un mecanismo de reestructuración de la deuda y crear desarrollo económico, y los miembros de la Junta han venido a todo menos a eso. Quieren quitarle los derechos adquiridos de un retiro digno a nuestros empleados, quieren destruir la institución educativa más importante del país, con su plan de cerrar recintos de la UPR (Universidad de Puerto Rico) y para colmo de males quieren llevar a la insolvencia económica a quienes hemos dado la cara ante todas las emergencias de este país: los municipios”, indicó el presidente del gremio y alcalde Villalba, Luis Javier Hernández, en declaraciones escritas.

La delegación legislativa del MVC, en tanto, anunció que había cursado una carta a Casa Blanca en la que insta al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris a cumplir con el compromiso de campaña relacionado con “la necesidad de un cambio significativo en la manera de abordar la reestructuración de las deudas de Puerto Rico y de liderar un crecimiento económico en las islas”.