Roxana Soto Aguilú exige que la Junta reduzca gastos mientras define su salida
La medida solicita al Congreso una ruta de salida con fecha definida para la Junta y exige que reduzca de forma proporcional sus gastos operacionales, contratos y consultorías
Por Metro Puerto Rico
La senadora por acumulación Roxanna I. Soto Aguilú radicó una medida en la que le reclama al Congreso de los Estados Unidos que la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico reduzca de forma proporcional sus gastos operacionales, contratos y consultorías, mientras se completa una ruta de salida objetiva y con fecha definida.
Se trata de la Resolución Concurrente del Senado 20, en la que detalla como el presupuesto del ente creado por la ley PROMESA es mayor a otras agencias fiscalizadoras en la Isla.
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“Este es, por definición, un asunto federal. Puerto Rico no puede desmantelar unilateralmente una estructura creada por el Congreso, pero sí puede exigirle al Congreso una ruta concreta para su terminación y, mientras se completa esa transición, exigir que la propia Junta reduzca sus gastos operacionales, contratos y consultorías de manera proporcional”, expresó Soto Aguilú.
El costo de la Junta frente a otras agencias
La senadora sostuvo que su reclamo parte de una comparación fiscal concreta. Según el informe de Fondo General por agencias para el año fiscal 2027 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Junta figura con un presupuesto de $59.323 millones — una cifra mayor que la de la Oficina del Contralor ($56.170 millones) y muy por encima de las seis oficinas de protección ciudadana que atienden a mujeres, veteranos, personas de edad avanzada, personas con impedimentos y pacientes, las cuales suman en conjunto $20.955 millones.
Según destacó Soto Aguilú, el presupuesto de la Junta equivale a aproximadamente 2.8 veces esa cantidad combinada.
“Mientras las agencias y los servidores públicos tienen que justificar servicios, plazas y mejoras salariales bajo criterios fiscales estrictos, los gastos recurrentes de la propia estructura fiscalizadora también deben someterse al mismo escrutinio. No puede exigirse disciplina hacia afuera sin demostrar disciplina hacia adentro”, añadió la senadora.
Una fase de reducción progresiva
La medida exige una fase formal de reducción progresiva de operaciones —o wind-down— mediante la cual se transfieran funciones, datos y capacidades fiscales al Gobierno de Puerto Rico, mientras disminuyen, de forma proporcional, el personal, los contratos, los servicios profesionales y de consultoría y los costos de la Junta.
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La resolución también plantea que, si el Congreso determina que la Junta debe permanecer más allá de una transición razonable y con fecha definida, cualquier extensión adicional sea sufragada con fondos federales y no con recursos del Fondo General de Puerto Rico.
“No estamos proponiendo regresar a déficits, abandonar controles o desconocer obligaciones válidas. Puerto Rico puede mantener presupuestos balanceados, transparencia y responsabilidad fiscal sin financiar indefinidamente una estructura extraordinaria. Lo que pedimos es una ruta de salida con fecha, métricas y reducción real de costos”, puntualizó la senadora.
La resolución también solicita al Congreso una evaluación independiente de la GAO sobre costos y progreso hacia la terminación de la Junta, así como la transferencia ordenada de información, sistemas y herramientas desarrolladas con fondos públicos.
