Una jueza estatal emitió una orden que protege, por ahora, a algunas de las clínicas de Texas que efectúan abortos de las demandas de un grupo que se opone a la interrupción del embarazo derivadas de una nueva ley estatal.
La orden temporal de restricción fue girada el viernes por la jueza estatal de distrito Maya Guerra Gamble en Austin en respuesta a la solicitud de la organización Planned Parenthood. Si bien la ley sigue en vigor, la orden de la jueza sí protege a las clínicas de Planned Parenthood, específicamente, de demandas por parte del grupo sin fines de lucro Right to Life, su director legislativo e individuos no identificados que trabajan en conjunto con el grupo.
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El 13 de septiembre se llevará a cabo una audiencia en torno a una solicitud para un interdicto preliminar.
La orden de restricción temporal sólo protege a las clínicas de Planned Parenthood de las demandas de Texas Right to Life y no impide que Texas Right to Life demande a las clínicas de abortos no operadas por Planned Parenthood en el estado. Tampoco evita que personas que no están afiliadas a Texas Right to Life demanden a Planned Parenthood.
La ley, que entró en vigor el miércoles, permite a cualquier persona en el estado demandar a cualquiera vinculado con un aborto en que se hubiera detectado actividad cardíaca en el embrión, lo que sucede generalmente a las seis semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres aún no se han percatado de que están embarazadas.
En caso de que Planned Parenthood termine teniendo éxito en el caso, podría convertirse en un modelo para que otros proveedores de abortos presenten “casos tipo requerimiento” similares contra quienes podrían demandarles por presuntas violaciones a la ley, dijo David Coale, un abogado de apelación de Dallas que no está involucrado en el litigio pero que ha estado siguiendo su desarrollo.
En un comunicado, Planned Parenthood indicó el viernes que la ley “de antemano diezmaba el acceso al aborto en el estado, una vez que los proveedores son obligados a abandonar a la gente” cuando los profesionales médicos pueden detectar actividad cardiaca. Señaló que históricamente, entre el 85% y el 90% de las mujeres que solicitan un aborto en Texas tienen al menos seis semanas de embarazo.
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En su petición presentada la noche del jueves, Planned Parenthood indicó que aunque se imponga a cada caso presentado contra el grupo que alega violaciones a la ley, las demandas aún lograrían la meta de la ley de “hostigar a los proveedores de aborto y otros críticos para una red de apoyo a los pacientes”.
La orden “ofrece protección a los valientes trabajadores de salud y al personal de centros de salud de Planned Parenthood en todo Texas, que han seguido ofreciendo atención médica lo mejor que pueden dentro de la ley mientras enfrentan vigilancia, hostigamiento y amenazas de voluntarios armados ansiosos por detenerlos”, dijo Helene Krasnoff, portavoz de Planned Parenthood, en un comunicado.
Sin embargo, la orden no desalentará a Texas Right to Life, dijo Elizabeth Graham, vicepresidente del grupo. En un comunicado, la organización señaló: “Esperamos que un tribunal imparcial rechace la demanda de Planned Parenthood. Hasta entonces, continuaremos nuestras gestiones diligentes para asegurar que la industria de los abortos cumpla completamente” con la nueva ley.
