El presidente estadounidense Joe Biden firmó el viernes un decreto que ordena levantar el secreto de varios documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, en un gesto de apoyo a los familiares de víctimas que han demandado acceso a esos documentos con esperanzas de mostrar una implicación del gobierno saudí.
El decreto, emitido poco más de una semana antes del 20mo aniversario de los ataques, marca un momento significativo en el forcejeo de años entre el gobierno y las familias sobre cuál información clasificada sobre los días previos a los ataques podía ser publicada. El conflicto fue evidente el mes pasado, cuando unos 1.800 familiares, sobrevivientes y socorristas se opusieron a la participación de Biden en los eventos conmemorativos si los documentos seguían secretos.
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“Los eventos significativos ocurrieron hace dos décadas o más y se relacionan con un acontecimiento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de muchos estadounidenses”, dice la orden ejecutiva. “Es por tanto crítico asegurarnos de que el gobierno de Estados Unidos maximiza la transparencia, recurriendo a la confidencialidad solamente cuando donde sea necesario y esté estrechamente definida”.
La orden le instruye al Departamento de Justicia y a otras agencias del poder ejecutivo que comiencen una revisión de desclasificación y requiere que los documentos desclasificados sean publicados en los próximos seis meses.
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Aun así, el impacto de la orden ejecutiva y de cualquier nuevo documento que pudiera arrojar no estaba claro por el momento. Investigaciones previas han delineado vínculos entre ciudadanos saudíes y algunos de los secuestradores de los aviones, pero no han establecido que el gobierno saudí haya estado directamente involucrado.
Una demanda presentada hace tiempo en un tribunal federal en Nueva York dice que funcionarios saudíes proveyeron un respaldo significativo a algunos de los secuestradores antes de los ataques y busca responsabilizar al reino. El gobierno saudí ha negado cualquier vínculo con los atentados.
Las familias alegan que funcionarios saudíes tuvieron un papel más directo que el que el gobierno estadounidense ha dicho públicamente, citando en parte el hecho de que los dos primeros atacantes en llegar a Estados Unidos fueron recibidos y asistidos por un diplomático saudí. Acusan además al gobierno de obstruir sus demandas de más documentos y el jueves llamaron al inspector general del Departamento de Justicia a que investigue la aparente incapacidad del FBI para localizar una fotografía, un video y otros documentos que solicitan.
