El juez Raúl Arias Marxuach señaló para el próximo 10 de enero de 2022 el comienzo del juicio contra el exrepresentante novoprogresista Nestor Alonso, a quien se le acusa por supuestamente haber participado en un esquema de robo, soborno y comisiones ilegales —también conocidas como ‘kickbacks’—.
Así se desprende de una minuta en el expediente del caso luego de la celebración de una vista esta mañana en donde la Fiscalía federal informó que se proveyó todo el descubrimiento de prueba con la representación legal de Alonso. Mientras que Michael Corona, abogado del exlegislador, indicó al juez que, debido a que Alonso es una persona de diversidad funcional, toda la prueba deberá ser traducida al sistema de lectura braille.
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La minuta, asimismo, detalla que el juicio comenzará el próximo 10 de enero de 2022 a las 9:00 a.m. en la sala 7 del Tribunal Federal en Hato Rey. Mientras que una vista previa al juicio será celebrada el próximo 21 de diciembre de 2021.
La fiscalía federal también presentó seis cargos por supuesto fraude electrónico de servicios honestos contra el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).
De acuerdo con la acusación, el esquema habría comenzado en abril de 2018, entre el representante novoprogresista y un empleado de su oficina, identificado únicamente como ‘Persona A’. Según Muldrow, el esquema consistía en que el legislador le inflaba el salario a este empleado y luego le requería que le enviara una porción de ese aumento. Muldrow dijo que la cifra total de fondos federales que habrían estado sujetos al esquema de fraude totalizan los $80,000, de los cuales al menos la mitad habrían alcanzado el bolsillo del legislador.
“De cada cheque del salario inflado, se acordó que la ’Persona A’ tenía que devolver la mitad del monto total del aumento”, indicó Muldrow durante una conferencia de prensa.
El supuesto esquema habría consistido en que el legislador le habría aumentado el salario al funcionario de $760.02 bisemanal a $1,446.52. Luego en mayo 2018, el salario del empleado aumentó dramáticamente a $2,043.08. Acto seguido, en junio de 2018, el legislador le disminuyó el salario de ‘Persona A’ a $1,417.
