El gobernador Pedro Pierluisi planteó que ya existen suficientes protecciones a inquilinos y habló de la necesidad de preservar la disponibilidad de ofertas hipotecarias para justificar su veto al proyecto que, de firmarlo, se habría convertido en la Ley de Protección a la Vivienda durante Emergencias.
El proyecto, una medida que impulsó la organización Ayuda Legal, hubiera establecido una moratoria de 90 días para que, en momentos de emergencia declarada, se protegiera, a personas que hubieran perdido su fuente de ingreso, de ejecuciones hipotecarias o de desalojos ante el incumplimiento con el pago de arrendamiento.
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La medida, en síntesis, pospone los términos en los que el deudor debe cumplir con los pagos hipotecarios o de alquiler, pero no tiene como fin la cancelación de la acreencia.
“En cuando a desalojos o desahucio por falta de pago de alquiler ya existe un programa que, utilizando fondos CDBG-DR (fondos de desarrollo comunitario tras desastres), provee hasta tres meses del pago del alquiler y del pago de utilidades de ese alquiler para personas que cualifiquen. Básicamente, cualifican a este programa personas que el ingreso cae por debajo del 80% del ingreso medio del área donde reside”, sostuvo Pierluisi esta mañana.
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“En cuanto a esa parte de la ley, que tiene que ver con pago de alquiler, tienen que recordar que cuando yo decido si firmo o no una medida, yo recibo asesoramiento de diferentes agencias y partes interesadas. Me consta que la Asociación de Arrendadores en Puerto Rico se opuso, me consta que la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada se opuso, entre otras entidades, porque no hay razón de afectar a los arrendadores. Quien tiene el deber de proveerle vivienda al pueblo de Puerto Rico es el Gobierno de Puerto Rico. No se le puede poner esa carga a arrendadores”, agregó el mandatario en conferencia de prensa.
Con relación a la posposición en el pago de hipotecas –que es el otro elemento que cubriría el proyecto de ley– Pierluisi expresó que al presente existe una moratoria decretada por el gobierno federal que se extiende hasta el 30 de septiembre con motivo de la pandemia del Covid-19.
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“Vamos a estar vigilando eso. Por otro lado, sabemos que esta medida impactaría negativamente a las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico y la propia banca. Recibimos la objeción de Cossec (Corporación Pública para Supervisión y Seguros de de Cooperativas), entre otras entidades que representan a las cooperativas, así como la misma Asociación de Bancos. Tanto las cooperativas como los bancos, y particularmente los bancos están trabajando con las autoridades federales. Lo que sí no queremos es que se afecte la disponibilidad de hipotecas en Puerto Rico por una medida que en este momento no es necesaria”, argumentó el mandatario en referencia a la medida sustitutiva de los Proyectos de la Cámara 429 y 488.
En la Cámara de Representantes, la medida enfrentó la oposición de la delegación penepé y de la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos. En el Senado, varios legisladores del Partido Nuevo Progresista, como Carmelo Ríos, Marissa Jiménez y Keren Riquelme, y la senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, favorecieron el proyecto.
Con los 20 votos a favor que recibió el proyecto en el Senado, sería posible ir por encima del veto ejecutivo, pero en la Cámara serían necesarios más de los 27 votos que obtuvo. En la Cámara baja hacen falta 34 votos para derrotar un veto.
“Yo no tengo reparo, en el futuro, de surgir una emergencia o necesidad particular, establecer un programa de emergencia, como se ha hecho en el pasado. Pero en este momento no procedía”, consignó el gobernador.
