El gobernador Pedro Pierluisi, convirtió hoy en ley una enmienda a la Carta de Derechos a Víctimas y Testigos de Delito, con el fin de que los funcionarios de orden público no puedan indagar sobre la nacionalidad o el estatus migratorio de una víctima de algún delito o alguien que acude como testigo a realizar una denuncia a las autoridades.
El Proyecto del Senado 11, establece que toda persona que sea víctima o testigo de delito tendrá derecho a no ser cuestionado sobre su nacionalidad o estatus migratorio al momento de informar la comisión de un delito, así como durante o posterior a cualquier etapa del proceso criminal.
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La medida establece que todo funcionario de orden público tiene que garantizar que se provea el servicio o derecho que le corresponda a la víctima o testigo. Cada una de las agencias sujetas al cumplimiento de esta ley deberá realizar talleres de capacitación a todo su personal y tener material educativo en medios electrónicos y en las instalaciones físicas de cada agencia.
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“Son incuestionables las aportaciones de los miembros de comunidades sin estatus migratorio definido que viven en nuestra Isla. Es responsabilidad de este gobierno proteger sus derechos y procurar que no se sientan intimidados o cohibidos a la hora denunciar que han sido víctimas de algún delito o que puedan ser testigos de una violación a la ley, ayudando así a las autoridades a esclarecer un acto delictivo. Con esta medida que firmé hoy, garantizamos que no se cuestione por estatus migratorio o nacionalidad a una posible víctima o testigo. Voy a continuar dando paso a medidas que representan nuestra política pública y que fortalezcan la cultura de respeto y el derecho de todos”, sostuvo el gobernador.
Por otro lado, el gobernador también firmó los Proyectos del Senado 301 y 475. El Proyecto del Senado 301 es para que los municipios tengan prioridad sobre cualquier persona o entidad privada al momento de que se considere contratar un agente administrador en algún proyecto de vivienda pública. Mientras que el Proyecto del Senado 475 otorga una extensión hasta el 30 de junio de 2022 para que los municipios afectados por los terremotos puedan realizar donaciones o cesión en usufructo o titularidad a sus constituyentes de las propiedades inmuebles recibidas por parte de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.
Finalmente, Pierluisi también vetó siete medidas recibidas en su despacho.
