La crisis en el manejo de desperdicios sólidos, una problemática que el gobierno ha fracasado en atajar por al menos las pasadas tres décadas, no parece tener una solución concreta en el horizonte.
Más bien, la crisis parecería estar agudizándose según se acumulan las órdenes de cierre de vertederos y se agota la vida útil de aquellos que todavía operan bajo los parámetros de las regulaciones estatales y federales que los cobijan.
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En entrevista con Metro, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, expresó que el manejo de la basura en Puerto Rico se encuentra al presente “en una transición”, si bien fueron pocos los detalles provistos en términos de la política a futuro para revertir la realidad que ha impedido, por ejemplo, que se cumpla con los objetivos de reciclaje que se han fijado por ley desde la década de 1990.
“Estamos en una transición porque hay vertederos que no cumplen con el subtítulo D y poco a poco, con la disponibilidad de fondos, estamos transicionando a un sistema con un poco menos vertederos pero que cumplan con el subtítulo D”, planteó Machargo.
El subtítulo D al que aludió el titular del DRNA se refiere a las disposiciones relacionadas con el manejo de desperdicios sólidos “no peligrosos” contenidas en la Ley para la Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), el estatuto federal por el que se rigen las operaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), así como las regulaciones sobre los vertederos.
De acuerdo con el portal de la EPA, las regulaciones del subtítulo D incluyen las prohibiciones al depósito de basura en espacios abiertos y establecen los requisitos federales mínimos para la operación de vertederos municipales e industriales, “incluyendo criterios de diseño, restricciones de ubicación, garantías financieras, acciones correctivas y requerimientos de cierre”.
Machargo precisó que, al momento, en Puerto Rico existen unos 29 vertederos en operación, de los cuales 12 deben cerrarse “en este cuatrienio”, 10 aún tienen capacidad para recibir basura por 20 años o más y siete tienen “potencial para expansión lateral”, lo que extendería su vida útil.
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Al cierre de esta edición, el DRNA no había provisto el listado de los vertederos activos con el detalle de la información ofrecida verbalmente por Machargo, que difiere de las conclusiones a las que, recientemente, ha llegado la EPA.
En el 2018, luego del paso del huracán María, la EPA realizó estudios sobre la capacidad restante en unos 29 vertederos del país. De ellos, solo el vertedero de Yauco contaba en aquel momento con una vida útil estimada de sobre 20 años. Otros cinco –Carolina (13-14 años), Juana Díaz (10-11), Ponce (14-15), Salinas (17-19) y Vieques (11-12) sobrepasaban la década de vida proyectada.
En algunos casos, como ocurría con los vertederos de Arroyo, Añasco, Humacao, Toa Alta y Toa Baja, la vida útil en 2018 era de menos de un año, mientras que otros, como en el vertedero Ecosystems, en Peñuelas, contaban con planes de expansión que extenderían la vida útil del lugar por décadas.
Paralelamente, en el portal de la EPA se hace constar los planes de cierre de unos 12 vertederos, incluyendo nueve que, al menos hasta 2018, continuaban en operación. Si bien es cierto que las órdenes de cierre establecen una fecha para la conclusión de las operaciones de relleno sanitario, los municipios y la agencia federal pueden posteriormente acordar enmiendas que ajusten las condiciones para el cese del depósito de basura.
“Las ordenes de cierre se dan luego que algunos vertederos no cumplieran con cierres voluntarios que se dieron a fines de los 90 bajo la administración de Pedro Rosselló”, indicó por escrito una portavoz de la EPA.
La región 2 de la EPA, a la cual está adscrita la isla, envió unas declaraciones referentes a la situación con el vertedero de Moca, cuyas operaciones fueron paralizadas hace unas semanas por una orden del alcalde, Ángel Pérez Rodríguez, quien entendió que estaba operando de manera peligrosa para los vecinos del pueblo.
“La EPA emitió una Orden Administrativa de Consentimiento para el relleno sanitario el 26 de septiembre de 2014, requiriendo, entre otras cosas, el cierre del Vertedero Moca, que se considera un vertedero abierto, definido en el 40 CFR Parte 258. La EPA está revisando un borrador del plan de cierre requerido por la Orden y monitoreando el cumplimiento del Vertedero de Moca con la Orden de Consentimiento. La EPA evaluará todas las opciones de aplicación según corresponda, incluida la evaluación de las sanciones estipuladas”, señaló la dependencia ambiental.
Machargo reconoció el problema con el relleno sanitario en Moca, aunque dejó en manos de los tribunales una resolución, así como la situación en el vertedero de Toa Alta, donde por años vecinos se han quejado de pestilencia y la percolación de lixiviados hacia sus hogares.
“Hay un incumplimiento craso de las alturas, los aludes, el manejo de lixiviados que afecta a los vecinos. Es un nivel de incumplimiento que no es tolerable continuar operando. Se le han dado oportunidades y no cumplen y es un peligro para la salud”, dijo Machargo sobre el vertedero de Toa Alta, del que añadió que “estamos trabajando en una orden para cancelarle el permiso”.
El secretario no mostró alarma ante la posibilidad de que se reduzca en el corto plazo las alternativas para el depósito de basura, al asegurar que los municipios que recurrían a dichos vertederos ya han encontrado alternativas en otros pueblos.
Los municipios, de acuerdo con la “Ley para la reducción y reciclaje de desperdicios sólidos” (Ley 70-1992) deberían jugar un rol fundamental en el manejo y reducción de la basura que se genera en la isla. Sin embargo, la cantidad de ayuntamientos que cuenta con un plan de reciclaje aprobado por el DRNA, como lo mandata la Ley 70, ronda los 20, indicó Machargo.
El estatuto es el mismo que establecía que, para el 2006, se debía reducir en un 35% la cantidad de desperdicios sólidos utilizados como relleno sanitario. En 2019, la Ley 70 fue enmendada nuevamente para disponer que, para el 2030, los desperdicios depositados en vertederos se redujeran en 60%.
Metro solicitó al DRNA las comparativas anuales de desperdicios sólidos y reciclaje, pero la agencia tampoco las proveyó.
“Es difícil promover el reciclaje cuando la estructura de costos no lo favorece, le sale más barato a los municipios llevar la basura al vertedero que llevarla a un centro de reciclaje, que le cuesta más hacer ese trabajo. Hay que reestudiar la estructura de costos para que favorezca la alternativa del reciclaje”, expresó Machargo al cuestionársele por el histórico incumplimiento con los objetivos de reducción de desperdicios sólidos.
“No controlamos los mercados, que lo controlan los países externos, como los países asiáticos, que de buenas a primeras cierran un mercado que hasta hace poco tenían (como los) de cartón, de neumáticos, de plástico. Hasta hace poco recibían las cajas de pizza y de un momento a otro decidieron no recibirlas. Cada vez los mercados extranjeros cambian los requisitos para el registro de materiales y eso también afecta los costos. Hasta que no se desarrolle una industria nativa de reciclaje, no se va a poder crear un mercado en el que se pueda depender y hacer planes a largo plazo”, lamentó el secretario.
Cronología:
- 1957-1978 – Abren 21 vertederos en Puerto Rico que continúan activos o fueron cerrados en la década de 2010
- 1976 – El Congreso aprueba la Ley para la Conservación y Recuperación de Recursos, que hasta el presente regula la disposición de desperdicios sólidos
- 1992 – La Ley 70 establece en Puerto Rico una política pública de reducción de desperdicios sólidos y un aumento en la cantidad de material reciclado
- 1993 – Entran en vigor las regulaciones federales para el manejo de desperdicios sólidos. Como consecuencia, en Puerto Rico se incrementa la cantidad de vertederos en incumplimiento
- 2007-2016 – La EPA orden el cierre ordenado de 12 vertederos en Puerto Rico, donde por años se han incumplido los objetivos de reducción de desperdicios
3 preguntas a… Carl Soderberg
Carl Soderberg – Exdirector de la EPA para Puerto Rico y el Caribe
¿Desde cuándo se puede decir que estamos atravesando una crisis de vertederos y manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico?
Yo diría que estamos viviendo eso desde el 1994, cuando entró en vigor el reglamento federal sobre vertederos y debido a que la mayoría de los vertederos no cumplían, el gobierno de Puerto Rico cerró 32 de 64 vertederos que estaban operando en ese momento. La idea era que, aunque eran menores los vertederos que quedaron operando, implantar un plan que desarrolló la Autoridad de Desperdicios Sólidos, pero eso nunca se materializó. Ahí era cuando se quería reciclar el 35% de la basura. Desde ese momento tenemos ese problema porque Puerto Rico siguió generando la misma basura que generaba antes del cierre de los vertederos, pero se depositaba en la mitad de los vertederos que existían.
¿Qué ha impedido cumplir con las metas legisladas sobre el volumen de reciclaje?
Creo que la razón por la cual un programa de reciclaje no ha llegado al punto que requiere la ley es que no se han establecido las fábricas que utilicen parte de esos residuos sólidos como materia prima. Prácticamente todo el reciclaje se hace en el exterior. A medida que las fábricas (que se encargaban de reciclar materia prima) cerraban, se recogía el material pero había que mandarlo tan lejos como China o Vietnam. Cuando esos mercados, en los últimos dos años, cierran sus puertas a todo tipo de plástico, ahora resulta que la mayoría del plástico no se está reciclando. Estamos a la merced del mercado mundial.
Intentos de establecer incineradoras para convertir la basura en energía han fracasado, en parte debido a la amplia oposición ciudadana. ¿Cómo se posiciona usted respecto a este tipo de alternativa?
No se debe descartar, ante la realidad que hemos tenido a través de 30 años, que hemos fallado malamente con el reciclaje. A eso le añades que la mayoría de los vertederos existentes ya sobrepasó su vida útil y los que quedan pronto lo van a hacer, por expresiones de la propia EPA. Cuando estuve en EPA se hizo un estudio para determinar dónde se pueden ubicar nuevos vertederos que cumplieran con todos los requisitos, y realmente son muy pocos los sitios. Entonces hay que buscar alternativas, porque seguimos generando basura.
