La presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado, Ada García Montes, inició hoy una investigación sobre el cumplimiento del Departamento de Educación (DE) con la “Ley de Carrera Magisterial”, en términos de la clasificación y aumentos salariales correspondientes a los maestros y maestras del sistema público de enseñanza.
Durante la audiencia, en la que se atendió la Resolución del Senado 166, el DE recomendó enmiendas a varias leyes de índole fiscal para poder cumplir con el pago de $4 millones adeudados a los maestros y para asegurar un fondo recurrente de $8 millones.
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“En la actualidad existen maestros del sistema de educación pública que esperan pagos correspondientes a la carrera magisterial. Este rezago salarial de nuestros maestros que están bien preparados y certificados se suma a la falta de materiales y otros asuntos, que es lo que produce que tengamos tanta fuga de talento desde nuestro país buscando mejores oportunidades. Para nuestra Comisión es imperativo que el Departamento de Educación cumpla de forma ágil con el procedimiento correspondiente para la revisión y adjudicación de estos ajustes salariales”, destacó la legisladora.
La Resolución del Senado 166 propone una investigación sobre la revisión del nivel de clasificación y aumentos salariales correspondientes a los maestros y maestras del sistema público de enseñanza por parte del Departamento de Educación, en relación al nivel de estudios alcanzados conforme a la Ley 158 del 30 de junio de 1999, según enmendada, conocida como “Ley de Carrera Magisterial”, a fin de garantizar el pago correspondiente. García explicó que dicha Ley disponía que los maestros y maestras que así lo decidieran realizarían estudios graduados y según obtuvieran mayor preparación académica el DE les iba a modificar su salario como docente. Posteriormente se cancelaron los pagos correspondientes a esto a consecuencia de la situación fiscal.
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Durante su ponencia, Jimmy Cabán, ayudante especial del secretario interino del DE, Eliezer Ramos Parés, indicó que el programa (de Carrera Magisterial) no ha podido continuar debido a la aprobación de la Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014, “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, según enmendada.
“La Ley núm. 2014-66 declara un estado de emergencia fiscal y prohíbe los aumentos en beneficios económicos y compensaciones monetarias extraordinarias a los empleados de las agencias de la Rama Ejecutiva, por lo que el Programa de Carrera Magisterial quedó suspendido”, explicó el funcionario, quien además hizo la salvedad de que la Ley núm. 26-2017, mejor conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, según enmendada, prohíbe el pago de bonificaciones, a excepción del Bono de Navidad
Asimismo, Cabán detalló que los empleados que sometieron revisión de salario en el año fiscal 2014 ascendían a 3,855 maestros y en el año fiscal 2015 la cantidad de maestros ascendía a 3,800 maestros.
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En términos de fondos, el funcionario expuso que el DE necesitaría aproximadamente $8 millones anuales de manera recurrente para reactivar el programa. Por otro lado, la cantidad de la deuda correspondiente de los años que preceden a la paralización ronda los $4 millones.
Por su parte, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, sostuvo que “lo que se les debe a los maestros de la Carrera Magisterial sería $4 millones para cubrir la deuda y $8 millones anuales para mantenerlo funcionando. Es una cantidad baja para lo que es el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. Es realmente indignante que siendo una cantidad así, no se pueda encontrar en otros lugares y que no se haya honrado”.
Por su parte, Jean Peña de la Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal (AAFAF), mencionó que lo existente al momento es un impedimento legislativo. Indicó que de enmendarse la Ley 66 para saldar la deuda que ronda los $4 millones, el DE tiene que hacer la petición de fondos para hacer la evaluación correspondiente sobre el impacto fiscal. “Hay partes de la Ley 66 que se mantienen vivas que impiden continuar la Ley de Carrera Magisterial. Nuestra evaluación, dependiendo de cómo quede el lenguaje, con las enmiendas aprobadas, hay que hacer la evaluación de impacto fiscal”, explicó.
También participaron como deponentes la profesora Victoria García, maestra de Educación Especial y el presidente de la Asociación de Maestros (AMPR), Victor Bonilla. Ambos favorecen que se les haga justicia salarial a los maestros y maestras del DE. “La AMPR y su Local Sindical sostienen que la investigación aquí peticionada es de suma importancia. La misma no sólo debe recopile datos, sino que debe fomentar y provocar una actualización de la referida legislación y sobre todo el cumplimiento, por parte de la Agencia, de los términos y el pago de los aumentos de forma retroactiva y prospectiva” afirmó Bonilla.
