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Demandan al Gobierno por acuerdo de tarifas con los camioneros

El acuerdo logró poner fin a un paro de camioneros que estaba afectando el flujo de mover artículos y gasolina

Camiones CyberNews

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La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) y el Centro Unido de Detallistas (CUD) se unieron para radicar hoy un recurso legal en el Tribunal de Primera Instancia de PR en contra del Reglamento 9293 que establece las tarifas de transporte terrestre.

Ante lo que entienden es una clara violación de la Ley Núm. 109 de 1962 y de la práctica histórica de negociaciones privadas en libre competencia para beneficio de la economía y los consumidores, tres de las principales organizaciones empresariales en la Isla le solicitaron al Tribunal que con urgencia:

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  1. Declare que las disposiciones del Reglamento 9293 alterando, modificando y limitando la categoría de Porteador por Contrato son nulas e ineficaces por haber sido aprobadas sin autoridad o poder delegado por la Ley Núm. 109 y por ende ultra vires.
  2. Declare que las tarifas para el transporte de carga general y refrigerada adoptadas en el Reglamento 9293 son nulas e ineficaces por haber sido aprobadas en violación a la Ley Orgánica del NTSP, al no ser razonables y justas, y no tener una base racional en el récord administrativo, resultando ser arbitrarias y caprichosas, violando así las disposiciones al respecto de su Ley Orgánica, Ley Núm. 109.

Además, estos grupos pidieron que se emita un Interdicto Permanente a la parte Demandada prohibiéndole poner en vigor el Reglamento 9293 en todo lo relacionado a la alteración, modificación y limitación de la categoría de Porteador por Contrato en lo que sea en contravención o inconsistente con la Ley Núm.109, y aplicar las tarifas sobre carga general y refrigerada a los contratos entre los miembros de MIDA y ACDET y sus porteadores.

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Las entidades reiteraron que no necesariamente objetan se revisen las tarifas de aquellos sectores que históricamente han operado bajo tarifas públicas siempre que se haga cumpliendo con las disposiciones de ley.

Las entidades no descartaron que otras organizaciones se unan al proceso porque entienden existe amplio consenso en el sector privado sobre este tema e hicieron un nuevo llamado al gobierno a desistir en su intromisión e intento de control de las negociaciones privadas que operan eficientemente bajo el mercado y la libre competencia.

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